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y denunciaron la intromisión del Estado en la vida privada del ciudadano, pues decían amenazaba directamente sus derechos humanos.
Hoy, siendo ellos el régimen en el poder, aprobaron una ley que institucionaliza –inhalen y exhalen– que nos pueden espiar a todos, sin controles judiciales, sin transparencia y sin defensa legal alguna.
Sí, la llamada ‘Ley de Inteligencia’ marca el mayor retroceso en libertades civiles desde la transición democrática mexicana.
De Pegasus al Big Brother del Bienestar
El caso Pegasus, en 2014, sacudió a México al revelarse el quesque uso ilegal del software sin prueba alguna, y menos aun contundente, el cual fue adquirido por la PGR. El contrato fue firmado por Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal; Vidal Díaz Leal Ochoa, del Cenapi, y otros funcionarios. La compra fue financiada con recursos de la partida 55102 para “equipos de seguridad pública y nacional”.
Inhale y exhale
La reciente aprobación de la ‘Ley de Inteligencia’ permite al Estado acceder a información biométrica, financiera, médica, académica y de telecomunicaciones de cualquier ciudadano, sin orden judicial ni notificación.
O sea, lo que antes era ‘corrupción institucional’, hoy se ha transformado en política pública. ¡Quihúboles, con su doble moral!
Los dichos de ayer, los hechos de hoy
En 2017 y 2018, legisladores de Morena acusaban al gobierno de EPN de violar la Constitución por espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Denunciaban que Pegasus era un arma contra la disidencia y exigían la creación de una comisión investigadora.
“El Estado no puede vigilar sin control judicial. Nadie debe ser espiado sin causa ni orden de un juez”, decían entonces.
Hoy, esos mismos actores han promovido una ley que elimina todo control previo, legaliza el acceso a datos personales y castiga a quien se niegue a entregar esa información. En castellano, institucionalizaron el espionaje por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin filtros, sin aviso, sin límites; ¡ah, pero cómo decían que Harfuch era diferente! En el régimen todos se igualan.
Violaciones a derechos y desmantelamiento del Estado de derecho
Esta ley viola los principios del derecho internacional y nacional: el derecho a la privacidad, el debido proceso, la protección de datos personales y la presunción de inocencia.
Fuerte doble
Institucionaliza la sospecha como política de Estado. La ciudadanía, sí, léase cualquier ciudadano de a pie, está sujeta a vigilancia permanente sin defensa jurídica alguna.El marco normativo que protegía la intimidad, en los tiempos de los neoliberales, sí del PRIAN, ha sido sustituido por un sistema de control, donde el Ejecutivo, Sheinbaum, acumula facultades sin contrapesos. Se consuma el desmantelamiento del Estado de derecho bajo el amparo del discurso de ‘seguridad’.
Un precedente autoritario
Esta ley no es una acción aislada. Se inscribe en un patrón: primero fue la desaparición del Inai, luego la captura institucional del Poder Judicial mediante amenazas y carpetas contra jueces, como se evidenció en el caso Pegasus, y ahora, la imposición de una norma que permite al gobierno acceder a todos los datos personales sin rendición de cuentas.
Fuerte a pico de botella
Lo hicieron en nombre de la seguridad. Lo que se llevaron fue la libertad.
En 2014, la PGR adquirió Pegasus por más de 32 mdd y a pesar de que nunca se probaron judicialmente abusos sistemáticos, Pegasus se convirtió gracias a los hoy morenos en el símbolo de la intromisión ilegítima del Estado en la vida privada.
Agárrense
Pues más de una década después, hace sólo unos días, en junio de 2025, la jueza federal Alejandra Domínguez Santos resolvió que la adquisición de Pegasus no había sido ilegal, al estar respaldada por la Ley de Seguridad Nacional.
La decisión fue respondida por la FGR con represalias: le abrió una carpeta de investigación a la jueza, acusándola de entorpecer la justicia. ¡Ver para creer!
Este episodio evidenció la creciente politización del sistema judicial: cuando una resolución no favorece al gobierno, la reacción es el descrédito o la amenaza institucional.
Redoble de tambores
La ‘Ley de Inteligencia’ deja claro que la vigilancia, antes condenada, es ahora política de Estado.
Aprovechando, un trago a pico de botella
Por qué la FGR se la pasa persiguiendo a propios y extraños menos a Emilio Lozoya Austin, hoy cliente frecuente del restaurante Masa House Sushi, en las Lomas, a pesar de haber sido acusado el 9 de marzo de 2023, a la 1:27 pm, por el fiscal Manuel Granados, en la audiencia 13 en la sala 1 del Reclusorio Norte, por cohecho y, junto con su mami Gilda, de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)? Ojo, secretario Marco Rubio y subsecretario Landau, Embajada EU.
¿Será que hay un nuevo acuerdo de impunidad entre la FGR y Lozoya? ¿Será que se sienten inseguros, porque la carpeta de investigación está perfectamente mal hecha, de ganarle a este criminal confeso?
¿Se dan cuenta del mensaje que le permiten mandar al volverse a pasear como si nada por Las Lomas con la novia del momento?
Increíble que la única sentencia firme (porque lo está) sea la de mi denuncia por daño moral vs Lozoya.
Increíble que la SCJN no le haya puesto punto final tras el frívolo recurso que interpuso para no ser sentenciado.
¿Creen que no nos damos cuenta de que el asunto contra Lozoya lo metieron a la congeladora? Convirtiéndolo del ícono de la corrupción con EPN ¡al ícono de la impunidad! México, un país de total impunidad.
Si se fue a la cárcel fue por la foto del Hunan donde evidencié el pacto entre este criminal la fiscalía y la 4T.
Hasta hoy soy la ÚNICA persona que he persistido casi cinco años por lograr una sentencia contra él.
La FGR ni de lejos lo ha logrado ni lo logrará porque, a diferencia mía, ellos pactaron con un criminal para armar un invento y Lozoya les sabe toda esa trama, y pienso esa es su garantía.
Presidenta Sheinbaum: Que pague Lozoya y que paguen aquellos que pactaron con él el caso de Odebrecht. Usted sabe quiénes son.
A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas.
Ahí están los casos de Murillo Karam y Tomás Zerón perseguidos porque así le conviene al régimen de la 4T.
Fuente: EL FINANCIERO.
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