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La lectura que se le dio fue eminentemente política: un misil al índice de flotación del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque el blanco se llama Andrés Manuel López Obrador, por su cercanía con Alfonso Romo.
El nombre de Romo está muy presente en la agencia encargada de investigar operaciones de lavado de dinero, el FinCEN que capitanea Andrea Gacki, una abogada que llegó ahí desde 2023. Los golpes que está cosechando Donald Trump no los inició ni él ni los actuales secretarios del Tesoro, Scott Bessent, ni de Estado, Marco Rubio ni tampoco su alfil para México, el subsecretario Christopher Landau.
En realidad, Washington trae perfectamente mapeado a López Obrador y a su entorno político más próximo, incluidos sus hijos, desde que ganó las elecciones en julio de 2018.
Fue el Tesoro no de Bessent, sino el de Janet Yellen con Joe Biden, el que, por ejemplo, marcó el inicio de la quiebra de Vector cuando la obligó, a finales de 2024, a cortar con sus bancos corresponsales en Estados Unidos.
Lo hizo porque el negocio del que fuera quien convenció a parte de los principales empresarios de darle el beneficio de la duda a López Obrador, sabía que Vector era una lavadora de dinero sucio.
La acción del FinCEN de finales del año pasado llevó a la intermediaria, que dirige Edgardo Cantú, a perder 60% de sus ingresos y a ver una desbandada de ejecutivos a otras casas de bolsa y bancos.
¿Sabía Romo en qué andaba metido? Imposible creer que no supiera que, entre 2013 y 2019, Vector blanqueó pagos que el Cártel de Sinaloa le hizo al entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna.
Y lo que viene. Los 40 millones de dólares que Vector le lavó al cercanísimo colaborador de Felipe Calderón podrían palidecer frente al blanqueo que la casa de bolsa pudo hacer por huachicoleo.
En los registros del FinCEN, amén de pagos del Cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, a García Luna y a empresas chinas productoras de precursores de fentanilo, hay mucho más.
Una veta que va a significar otra raya para Vector y para Romo, pero que de la que difícilmente se podrán zafar algunos otros bancos y casas de bolsa, es el que también pegará en el corazón de Morena.
Nos referimos a todo el lavado de dinero que se le hizo al llamado Rey del Huachicol, Sergio Carmona, y que está documentado en Estados Unidos. Ahí el nombre de la casa de bolsa Vector vuelve a aparecer.
Pero no va a ser lo único. El escándalo toca la puerta de Mario Delgado y de algunos líderes actuales del partido, como Andy López Beltrán, además de banqueros y financieros.
TRAS LA BOMBA que detonó Washington, el miércoles, contra el sector financiero mexicano, las alarmas se encendieron en bancos y casas de bolsa. Sobre todo, porque en el informe que el FinCEN dio a conocer se habla de 10 instituciones que han sido identificadas por apoyar operaciones de lavado de dinero. Es decir, al menos en este primer escarceo del Tesoro que capitanea Scott Bessent hay siete intermediarios más. Como le informé, White & Case fue contratado por la Asociación de Banco de México para asesorar y defender casos de lavado de dinero. CI Banco e Intercam ya están siendo acompañados por Narciso Campos, el socio fichado por la Comisión de Normatividad del gremio que preside Emilio Romano. Otro bufete que no debe perder de vista, porque gusta de estos expedientes de alto perfil político, es Quinn Emanuel, donde, por cierto, fue socio el exembajador de Estados Unidos en México y hoy brazo derecho de Marco Rubio en el caso de nuestro país, Christopher Landau.
MÁS DE LO mismo: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya nombró a los tres primeros interventores. Sergio Meneses, de la firma Álvarez & Marsal, estará en CI Banco, de Jorge Rangel de Anda. Fernando Martínez de Velasco, del bufete Martínez de Velasco, Ramírez-Gómez y Asociados, lo es ya de Intercam, de Eduardo García Lecuona. Y en el caso de Vector está por designarse a Itzel Moreno, de Syledit Consultores. Éste último es interesante, porque se trata de la exvicepresidenta de Supervisión Bursátil de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Trabajó en el regulador financiero de mayo de 2009 a junio de 2022, siempre dando seguimiento a las casas de bolsa. Tocará a ella investigar las acusaciones de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro estadounidense, a cargo de Andrea Gacki, y confirmar o desechar los señalamientos, labor en que será acompañada por la Secretaría de Hacienda y la misma CNBV.
A PROPÓSITO DE BANCOS, el gobierno de Baja California, que encabeza Marina del Pilar Ávila, demandó a Banca Afirme, porque se niega a devolver más de 123 millones de pesos de un proyecto que la pasada administración dio a la empresa Next Energy. Un tribunal ordenó, desde marzo de 2022, a la institución de Julio Villarreal regresar los recursos, pero el banco se ha negado sistemáticamente. Incluso, promovió juicios de amparo y mercantiles en Baja California, Monterrey y la CDMX para que le pague tres mil millones de pesos, que Next Energy le cedió en derechos de cobro instituidos en un fideicomiso. La empresa nunca construyó la planta fotovoltaica que le asignó el gobierno de Jaime Bonilla, pero éste sí le adelantó millonarios recursos. Tanto la Fiscalía General de la República, como la Fiscalía General del Estado giraron órdenes de aprehensión contra dos delegados del fideicomiso, los cuales se encuentran prófugos, uno en Estados Unidos y otro en República Dominicana.
PUES CON LA novedad de que la Unidad de Inteligencia Financiera, que comanda Pablo Gómez, acaba de incluir a exdirectivos de la sociedad financiera popular CAME en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero. No se sabe si a petición de un ministerio público o de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, que apenas el 13 de junio la intervino por insolvencia. Se trata del fundador de Te Creemos, Jorge Kleinberg, la sociedad que le vendió a los fondos Creation Investment y PC Capital, que ya traía en la panza a CAME, además de Alfredo Hubbard, Daniel Bañuelos, Oscar Pfeiffer y María Guadalupe Medina. En paralelo el grupo de ahorradores que tenían cuentas por más de 200 mil pesos, y que no serán alcanzados a cubrir por el Fondo de Protección, acaba de contratar para que los defienda al abogado Juan Cauich.
NO PIERDA DE vista al Fovissste. El fondo de vivienda dirigido por Jabnely Maldonado viene arrastrando pérdidas por tres mil 700 millones de pesos, situación que, de seguir así, en dos años se comerá su patrimonio. Además, la institución está operando con sistemas informáticos obsoletos, lo que la ha llevado a registrar contingencias, como las que tuvo desde noviembre del año pasado y que siguen presentes. Una bomba de tiempo financiera.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
@DARIOCELISE
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
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