Noticia publicada a las 12:49 am 05/12/24

Por: Rodolfo Ruiz.

Es sorprendente la pasividad con que han actuado el Gobierno del estado —vía la Secretaría de Planeación y Finanzas— y la Fiscalía General del Estado (FGE) para recuperar los 606 millones de pesos que se invirtieron en una institución financiera que quebró, Accendo Banco, y para sancionar a los funcionarios barbosistas responsables de este quebranto financiero.

La gestión del gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina ciertamente ya presentó tres denuncias penales —como lo informó ayer en su comparecencia la secretaria de Finanzas, Josefina Morales Guerrero—, pero las investigaciones van tan lentas y con tal mal tino que los implicados en este daño patrimonial no serán la exsecretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, ni el exsubsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, ni la excontralora y extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, que encubrió este hoyo de 606 millones de pesos a las finanzas estatales, sino exfuncionarios menores.
Pero lo más grave del caso son las omisiones en que incurren las autoridades locales para llegar al fondo de este crimen. Estas saben —y tienen evidencias de ello— que la malograda inversión en Accendo fue ordenada por el extinto gobernador Barbosa y operada por Teresa Castro, a recomendación del exsenador y exsecretario de Hacienda Ernesto Cordero Arroyo.
También fue irregular, por no decir ilegal, al no existir en ese momento una normatividad que regulara tales transacciones con recursos públicos del estado.
El gobernador Sergio Salomón, el contralor Juan Carlos Moreno Valle, la secretaria de Finanzas Josefina Morales y el titular de la Fiscalía del estado, Gilberto Higuera Bernal, saben que Puebla no podrá recuperar ni un centavo de los 606 millones de pesos invertidos, debido a que la lista de acreedores de Accendo Banco es amplia, más de 400, y que el gobierno del estado no se encuentra entre los primeros.
En las investigaciones que se siguen ha quedado claro que la normatividad a la que apela Teresa Castro para justificar esa transacción, pomposamente enunciada como “Lineamientos para la gestión financiera y manejo de disponibilidades financieras en operaciones de inversión”, se hizo después de la quiebra de Accendo y de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le cancelara su permiso como institución de banca múltiple.
Saben también que para ocultar ese hoyo financiero Amanda Gómez Nava validó esos lineamientos como secretaria de la Función Pública y que como titular de la ASE fue omisa y jamás observó tal daño al patrimonio de la hacienda estatal.
No menos extraña es la pasividad mostrada por la FGE para agilizar las investigaciones en torno a las tres denuncias penales presentadas para deslindar responsabilidades sobre los involucrados en este millonario quebranto.
Por el lento paso que siguen estas pesquisas y los servidores públicos que han sido requeridos por el Ministerio Público, da la impresión de que el gobierno de Céspedes y la Fiscalía de Higuera quisieran dejar esta papa caliente a la próxima administración y a la futura fiscal, y librar a los principales implicados de este millonario daño patrimonial de cualquier responsabilidad penal o administrativa.
Por esta impunidad es que los funcionarios corruptos en México gozan de cabal salud, brincan de un orden de gobierno a otro e incluso regresan al lugar donde cometieron sus fechorías como si nada debieran y a nadie hubieran afectado.
¡Viva la impunidad!
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Nuevos magistrados del Poder Judicial
Este jueves el Congreso del estado designará a tres nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que sigue siendo un apéndice del Poder Ejecutivo.
Llegará como magistrados Fredy Erazo Juárez, a quien el extinto gobernador Miguel Barbosa acusó de tener vínculos con criminales; el todavía secretario de Seguridad Pública del estado, Daniel Iván Cruz Luna; y el exmagistrado electoral morenovallista Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo.
Como el lector observará, las magistraturas del Poder Judicial siguen siendo cuota de gobernadores al que llegan no los mejores abogados sino los que cuentan con poderosos padrinos políticos.
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Impunidad y complicidad marcan las investigaciones del caso Accendo Banco

Fuente: E-consulta.

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