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pero “nomás tantito” –o sea, respetar una parte de la reforma judicial recién aprobada, pero desechar la votación de jueces, ministros y magistrados– y de esa forma se canceló la posibilidad de que fuera aprobada por la mayoría absoluta de los 11 ministros, es decir, ocho. La ministra presidenta, Norma Piña, intentó a última hora un juego aún más sucio: contravenir la propia ley y aprobar la cosa de Alcántara por mayoría simple, es decir, por sólo seis ministros. Esa salida de albañal resultó impracticable para otros dos togados tradicionalmente leales a la mafia judicial y resultó desechada por seis votos contra cinco. Fue digna de encomio la conducta de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loreta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, además de la del propio Pérez Dayán, a quien hasta el martes pasado no se le había visto del lado de la transformación en la que está inmerso el país.
Más allá del marco constitucional recién estrenado, un mínimo sentido del decoro haría que, después de tales desfiguros, Alcántara Carrancá, Piña, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Ana Margarita Ríos-Farjat se retiraran de inmediato de la escena pública, pero hace tiempo que dejaron atrás el decoro y no lo harán. Previsiblemente, gastarán una ingente cantidad de recursos públicos en buscar alguna rendija por la cual clavar al Ejecutivo y al Legislativo no un puñal ni una banderilla, sino al menos un palillo de dientes, antes de irse al basurero de la historia a disfrutar sus cuantiosos haberes. Con el espectáculo de siete ministros de la Suprema Corte intentando hacerle trampa a la Carta Magna, la penúltima trinchera de la reacción oligárquica se desmoronó en forma atronadora. Su máxima movilización, conformada por una burocracia judicial ignorante de la materia por la que protestaba, o bien empecinada en mantener privilegios, corruptelas y nepotismo, no llegó a 2 mil personas, y eso que fue engrosada por figuras de la oposición política como Claudio X. González, Kenia López, Margarita Zavala y Marko Cortés.
Triunfó la Constitución y con ella, el espíritu democratizador de la 4T. Si la intención de la presidenta Sheinbaum hubiese sido someter al Poder Judicial, no le habría sido difícil echar para atrás la reforma y dejar pasar los meses para proponer ternas de personas afines a su gobierno. Decidió, en cambio, defender lo aprobado y poner en manos de la soberanía popular la integración del Poder Judicial. Por ello, la batalla que viene no se librará principalmente en el ámbito judicial –principalmente, con los del cártel de la toga solazándose con los restos de amparos y suspensiones–, sino en el electoral. Puede darse por seguro que la derecha hará cuanto pueda por llevar al máximo tribunal del país a individuos como Roberto Gil Zuarth, quien como secretario particular de Felipe Calderón tal vez estuvo al tanto de los enjuagues entre su ex jefe y Genaro García Luna. Atrás quedarán los alegatos en contra de la elección de personas juzgadoras porque éstas deben ser apartidistas y apolíticas. Pues no, no lo fueron cuando sirvieron a los intereses políticos, empresariales y delictivos en los tiempos de Fox, Calderón y Peña Nieto y ahora los aspirantes de la oposición tendrán que quitarse la máscara. Una cosa es actuar conforme a derecho y respetar escrupulosamente la letra y el espíritu de la ley, y otra, muy distinta, pretender que la función de juez es incompatible con una visión determinada del mundo, del país y de la sociedad, es decir, una ideología.
La última trinchera opositora en la institucionalidad federal es el conjunto de organismos autónomos que pasarán a mejor vida en unos días y es poco probable que este Poder Judicial desmadejado, exhibido y derrotado logre prolongar por mucho tiempo la existencia de esos reductos del privilegio, la tecnocracia aristocratizante y la corrupción. Con su extinción, la refundación institucional del país habrá dado un paso enorme hacia la plena democracia, la transparencia y el Estado de derecho.
Ciertamente, la corrupción permanece como fenómeno difuso en diversas oficinas públicas –y es obligatorio enfrentarlo y erradicarlo de manera permanente e implacable–, pero ya no despacha en Los Pinos ni dicta las políticas públicas, como sucedía hasta 2018. Y será mucho más fácil combatirlo una vez que el cártel de la toga y sus remanentes terminen de evacuar las oficinas tribunalicias. Enhorabuena.
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Fuente: La Jornada.
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