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El Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba lograron el apoyo de la mayoría de los jefes realistas e insurgentes y obtuvieron el respaldo de las distintas provincias, por lo que fue posible consumar la Independencia el 27 de septiembre de 1821.
Sin embargo, la guerra de Independencia había transformado la realidad económica, política y social de lo que hasta entonces era la Nueva España. La economía estaba en bancarrota. Las provincias habían adquirido una gran autonomía política y militar durante la guerra; las autoridades militares y políticas, así como las élites locales no estaban dispuestas a perder los poderes que habían alcanzado y cederlos al nuevo Estado nacional. La corona española no reconoció la independencia; las presiones y amenazas de reconquista fueron un riesgo constante.
En esas condiciones, la monarquía constitucional negociada para consumar la Independencia pronto mostró su fragilidad por el conflicto entre el Congreso e Iturbide, quien, apoyado por el ejército y el alto clero, presionó al Congreso para que lo nombrara emperador. El Imperio de Iturbide representaba una desviación del proyecto político de Hidalgo, Morelos y Guerrero expresado en los Sentimientos de la Nación y en la Constitución de Apatzingán, que establecían un gobierno republicano. Las provincias también expresaron su desacuerdo. Centroamérica, la antigua capitanía general de Guatemala, se separó de México.
Surgió un conflicto entre los partidarios de la monarquía, las élites españolas y criollas y los antiguos insurgentes, quienes optaban por una República. Dentro del Congreso, Servando Teresa de Mier, Miguel Ramos Arispe, Mariano Michelena y Miguel de Santa María, impulsaban instaurar una República. Iturbide disolvió el Congreso, lo que en lugar de resolver el conflicto lo agudizó. Varias provincias quisieron separarse de la nación y ser independientes.
En diciembre de 1822 Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria se levantaron en armas para establecer una República. El 1º de febrero de 1823 un nuevo levantamiento militar conocido como el Plan de Casa Mata, expresó los deseos de autonomía regional y la exigencia de un nuevo Congreso Constituyente. Iturbide tuvo que abdicar. Se convocó a un nuevo Constituyente.
Ante la amenaza de que se desintegrara la joven nación, se eligió un nuevo Congreso en agosto de 1823 en el que formaron dos bloques, uno federalista, encabezado por Miguel Ramos Arizpe y Valentín Gómez Farías, y otro centralista, representado por Carlos María Bustamante y con una postura intermedia sostenida por Servando Teresa de Mier. Este congreso redactó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que estableció un régimen de República federal, con estados soberanos en su régimen interior.
La Constitución, promulgada el 4 de octubre de 1824 tiene una gran importancia histórica, pues fue el triunfo del ideal insurgente de constituir una República federal.
Fue la derrota de los monarquistas, defensores de los privilegios y fueros del ejército y de la Iglesia. Reafirmó la independencia de España y el principio de soberanía popular, definió el territorio de México, la forma de gobierno como una República representativa, popular y federal. Estableció la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El Legislativo se compondría de dos cámaras, la de senadores y la de diputados. Especificó cómo se elegirían los representantes populares y las facultades que tendrían, entre ellas, la de sostener la independencia nacional; conservar la unión federal de los estados; promover la ilustración; garantizar la libertad de imprenta; fijar los impuestos y aprobar los tratados de paz y amistad, entre otras. Definió también las facultades del presidente, entre ellas, la de ejecutar las leyes y decretos para conservar la integridad de la Federación; nombrar a los jueces entre una terna propuesta por la Suprema Corte de Justicia; disponer de las fuerzas armadas terrestres y marítimas; declarar la guerra; cuidar que la Suprema Corte, los tribunales y juzgados administraran correctamente la justicia.
La Constitución también estableció que la Suprema Corte estaría formada por 11 ministros, que serían elegidos en votaciones abiertas en cada uno de los estados el mismo día en que se eligieran las legislaturas. En cada estado se elegirían 11 ministros cuya lista se remitiría al Congreso federal. Los diputados federales harían el cómputo, resultando electos quienes obtuvieran el mayor número de votos del número total de las legislaturas.
Asimismo, la Constitución fijó las obligaciones de los estados de la Federación, entre ellas, la de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes generales de la Federación.
La Constitución de 1824 estableció principios republicanos y democráticos que siguen vigentes. Garantizó la unión de nación mexicana, la independencia, la libertad, la República federal, la división de poderes, la libertad de imprenta, principios enarbolados por la generación de hombres y mujeres que hicieron la independencia.
*Director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
Fuente: La Jornada.
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