Noticia publicada a las 02:51 am 11/10/24

Por: Carlos Ramírez.

Nadie discute que la estrategia de seguridad ponga énfasis en las causas sociales de marginación en zonas territoriales de la delincuencia, pero existe otra causa –política y de poder– que tendría que ser considerada como la raíz originaria de la violencia criminal: los grupos delictivos son producto de la complicidad por omisión,

por comisión o por intereses de los tres niveles de gobierno y han configurado la capacidad organizativa y de acopio de fuerza de las bandas que se han apoderado del 85% del territorio nacional.
La argumentación es clara: sin el apoyo de los niveles institucionales de los poderes público, social y privado, todos los grupos criminales que han desatado la violencia no tendrían razón de ser, salvo aquellos pequeños que solo operan en el territorio de la seguridad pública y no de la seguridad interior que tiene que ver con la protección del Estado para sí y del Estado hacia la sociedad.
Los pasados seis años tuvieron una estrategia de seguridad pública basada en la persecución judicial del delito a los bienes privados de las personas. Pero en ese sexenio la estructura de consolidación del crimen organizado como un poder de disputa con el Estado fortaleció a la delincuencia a niveles insospechados: armas, impunidad, ausencia de persecución de delincuentes, abandono territorial de la presencia disuasiva de las fuerzas federales de seguridad, abandono de las policías estatales y municipales que pasaron a formar parte de la estructura criminal, participación directa en elecciones de autoridades locales y, de manera sobresaliente, la aplicación del modelo de gobernanza criminal o pax narca: acuerdos no escritos con las bandas para permitirles operar en zonas territoriales a condición de no capturar a las estructuras gubernamentales municipales y estatales y federales y de no imponer la ley de la violencia para beneficiar a los negocios criminales, pero con saldos negativos: las bandas usaron ese repliegue del Estado para fortalecerse.
La persecución contra el Cártel de Sinaloa no fue una decisión del Gobierno mexicano, sino una ofensiva estratégica del Gobierno de Estados Unidos con amenazas de intervención directa de fuerzas americanas de seguridad y solo así se lograron trasladar a prisiones estadounidenses a capos del cártel del Chapo y a funcionarios que los apadrinaban, entre ellos, el secretario calderonista de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum –todavía no plasmada en un Programa formal que se publique en el Diario Oficial– ha aprovechado la estructura de seguridad construida por el gobierno del presidente López Obrador y ha comenzado a dar pasos cortos en contra de los grupos delictivos, pero sin saber si existe una estrategia para encarar en grado de desmantelamiento total a los quince cárteles del crimen organizado que están asentados en el territorio de la soberanía del Estado y en las estructuras institucionales también del Estado.
La bandera de disminución de homicidios dolosos en la Ciudad de México es significativa, pero eso no quiere decir que exista una estrategia para confrontar en grado de desmantelamiento total a las bandas que siguen operando en los niveles de tráfico de drogas, extorsión/derecho de piso, secuestros y control de pequeñas bandas que pagan cuotas a las grandes para que los protejan de las autoridades.
A pesar de la estrategia del sexenio pasado, los grandes cárteles de Sinaloa y Jalisco operan en la Ciudad de México y en los estados conurbados y en otras entidades han surgido grupos delictivos locales que son los responsables del grado de violencia que impacta el rubro más importante de la inseguridad: los homicidios violentos.
Las autoridades federales han eludido una lucha frontal contra los grandes cárteles y los grupos delictivos más importantes porque significaría el estallamiento de una guerra al estilo Felipe Calderón, pero en las altos niveles de las autoridades de seguridad se tiene claro de que habrá de llegarse a un punto en el que se agudice la confrontación violenta entre las fuerzas federales de seguridad y los diversos grupos delictivos que no conocen de reglas de combate, que poseen armas de fuerza superior a la de policías estatales y municipales y en algunas zonas equiparables a las de la Guardia Nacional, lo que plantearía un escenario de guerra violenta que aumentaría los índices de bajas en combate.
La estrategia de seguridad del 2006 al 2024 tiene claridad de que está combatiendo a un poder criminal que quiere controlar zonas territoriales de la soberanía del Estado a nivel federal, estatal y municipal, ante la política oficial de conformarse en los niveles de contención disuasiva que podría bajar un poco las cifras pero que al final permitirá la existencia cada día más fortalecida del crimen organizado y desorganizado.
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Política para dummies: la política como poder no conoce de reglas de combate
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