Noticia publicada a las 12:30 am 01/10/24

Por: Gabriel Mendoza Elvira.

Mañana termina el mandato de López Obrador e inicia el periodo de nuestra primera presidenta, que se ha pronunciado por dar continuidad al proyecto político de lo que han denominado la cuarta transformación. El segundo piso, según su propia propaganda.
Su cierre estará marcado en los libros de historia por haber instaurado en México los cimientos para un largo gobierno dictatorial.

En mi columna pasada me referí a la reforma judicial, con la que se destruye al contrapeso más importante del ejercicio del poder. Hoy me refiero a las modificaciones constitucionales en materia de la Guardia Nacional, que son igual de graves.
Más allá de si orgánicamente se adscribe a este cuerpo de seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional o de la militarización de la seguridad nacional, que formaliza lo que en los hechos ya venía sucediendo, debe alarmarnos que se le encomiendan labores de investigación de delitos y, sobre todo, la reforma que se hace al artículo 129 constitucional.
El actual texto señala: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Con ello, para asignar funciones al ejército o a la marina, forzosamente tiene que establecerse una conexión con lo que se entiende por disciplina militar; esto es, deben restringirse las actividades que las fuerzas armadas tienen encomendadas a cuestiones estrictamente vinculadas con la función de seguridad nacional.
En esa lógica, muy al estilo del presidente, dando una interpretación muy amplia a ese concepto jurídico, en su sexenio se le otorgaron abusivamente muchas tareas a las fuerzas armadas no estrictamente vinculadas con su función esencial, como es la administración de aeropuertos y aduanas, construcción de carreteras, así como el apoyo en la operación de programas sociales o en el transporte de combustibles de Pemex, entre otras muchas otras. Sin embargo, existía el paraguas constitucional para que cualquier juez que considerara abusiva esa interpretación tuviera la posibilidad de frenar ese actuar y establecer límites.
Pues bien, con su reforma, ahora se sujeta la actividad de las autoridades militares, incluida la Guardia Nacional, no a la disciplina “militar”, sino a lo que la propia Constitución y el legislador le encomienden. En otras palabras, hay carta abierta para la mayoría legislativa pueda encomendarles cualquier actividad civil que se les ocurra.
Lo más grave, con el cobijo del fuero militar, es que no serán juzgados en su actividad por los tribunales y bajo leyes civiles, sino que tienen una jurisdicción especial para darles la protección que solo los tiempos de guerra o suspensión de garantías merecen.
En resumen, la nueva presidenta tiene tendida la mesa para poder ejercer su mandato sin un Poder Judicial que le implique un verdadero contrapeso y para poder echar mano de las fuerzas armadas para cualquier actividad estatal. Los elementos perfectos e indispensables para una tiranía en la que los atropellos estén institucionalizados y protegidos por la justicia de los tribunales militares, con el único límite que el sentido de responsabilidad debiera acompañar a cualquier jefe de Estado. Negro panorama que se vislumbra por la transformación que prometió el presidente saliente, que no se advierte sea positiva.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

[Regresar a la página principal]