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En ese sentido, uno de los instrumentos de mayor estabilidad y confiabilidad en el tiempo es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la cual se levanta de manera trimestral por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y la cual cuenta con un conjunto amplio de tabulados que, además de medir la percepción sobre cuáles son los niveles de percepción de la inseguridad en la mayoría de las ciudades de más de 100 mil habitantes del país, pregunta a la ciudadanía sobre otras temáticas vinculadas con esa agenda, entre las cuales se encuentra la de la corrupción percibida, pero también experimentada por las personas que tuvieron contacto con funcionarias o funcionarios públicos, y particularmente, con autoridades de seguridad pública.
La ENSU más reciente, con datos al cierre del mes de junio de este 2024, indican que el 38.6% de las personas mayores de 18 años que habitan en las áreas urbanas en que se levanta la encuesta, tuvieron algún contacto con personas servidoras públicas; entre ellas, el 22.2% experimentó algún acto de corrupción, es decir, casi una de cada cuatro personas que tuvieron contacto con algún funcionario de gobierno experimentó algún acto de corrupción.
Este resultado confirma que a lo largo del sexenio no hubo ningún cambio relevante en términos de reducción de los actos de corrupción que las personas enfrentan de manera cotidiana, lo cual confirma de alguna manera que, en nuestro país, casi todo el andamiaje legal, pero sobre todo reglamentario e institucional a nivel local, está diseñado para que las personas tengan que entrar en los circuitos de la corrupción o, de otra manera, no tener la posibilidad de abrir sus negocios, mantenerlos operando, o realizar trámites que les permiten tener seguridad sobre su patrimonio o el acceso a servicios o programas públicos.
En efecto, la revisión de los datos, de diciembre de 2019 a junio de 2024, el promedio trimestral de personas que tuvieron contacto con personas servidoras públicas fue de 21.5%; con la cifra más alta en diciembre de 2020, con 24.6%, y la más baja en junio de 2022, cuando llegó a 18.6%. En diciembre de 2023 fue de 22.7% y en junio de este año, el ya mencionado 22.2%.
Por otro lado, entre las personas que tuvieron algún contacto con autoridades policiacas, la percepción y haber experimentado actos de corrupción fue aún mayor, pues al cierre de junio de 2024, un 47.5% declara haber experimentado algún evento de corrupción; pero al igual que con la percepción general, no ha habido variaciones importantes que indiquen que se haya avanzado en la reducción de este tipo de prácticas en todo el país. En efecto, el promedio entre 2019 y 2024 es de 46.2% de manera trimestral, lo cual confirma que estamos ante otro sexenio perdido en materia de abatimiento de la corrupción en general y menos aún de la corrupción policial en lo particular.
Lo anterior se relaciona además, sin duda, con el hecho de que la estrategia de seguridad pública, centrada en la consolidación de instituciones federales es no sólo insuficiente, sino equívoca; pues en realidad, combatir la inseguridad y la corrupción debe comenzar por el fortalecimiento de la ciudadanía y sus capacidades de defensa de sus derechos humanos; y de manera simultánea, con el fortalecimiento de las instituciones locales, lo que exige una nueva visión federalista que apueste por el fortalecimiento de los gobiernos estatales y municipales.
En estos datos también hay un factor importante de género, pues entre los hombres que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, un 50.8% declara haber experimentado actos de corrupción; mientras que entre las mujeres el porcentaje es de 42.2%; en ninguno de los dos casos, el promedio sexenal tiene variaciones importantes. En efecto, entre los hombres, del 2029 al 2024 el promedio es de 49.3%, mientras que entre las mujeres es de 40.6%.
El mensaje que esto le da a la nueva administración de la presidenta Sheinbaum, y particularmente a Omar García Harfuch, quien ha sido anunciado como el próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, es que no habrá una política de seguridad, y específicamente de prevención del delito, que funcione, si no se trabaja de manera coordinada con entidades y municipios; a los que tendrán que inyectarles cantidades importantes de recursos para contratación de más personal; pero sobre todo, para que esté mejor capacitado, entrenado y equipado; así como avanzar hacia un esquema de participación ciudadana que permita quitar base social a los criminales y reducir la criminalidad del orden común, especialmente en delitos contra la familia, contra la seguridad y la libertad sexual, y contra el patrimonio de las personas.
Es difícil saber “cuánta criminalidad más” pueden soportar nuestra frágil democracia. Pero lo que es un hecho es que México no podrá ser considerado como un Estado social de derecho pleno, si se mantienen los niveles de sangre, inseguridad y terror que se padecen en cada vez más amplias regiones. Y eso implica erradicar la corrupción, tarea en la que todos los gobiernos, hasta ahora, han fracasado.
Investigador del PUED-UNAM
Fuente: Crónica.
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