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ha ubicado a México como el primer país del mundo en abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. De cada mil víctimas, sólo 100 denuncian, 10 casos se judicializan y sólo uno por ciento recibe una sentencia condenatoria.
El organismo ha revelado que cada año en el país 5.4 millones de personas menores de 17 años son víctimas de abuso sexual, en tanto que seis de cada 10 ocurren en casa, siendo familiares de las víctimas el 60% de los agresores.
Sin embargo, en el caso particular de los hijos de Victoria Riva Palacio Nieto, el agresor fue condenado pero esto no ha significado, hasta ahora, un resarcimiento del daño sufrido.
A pesar de que Héctor Gabriel Muzzio Arévalo se encuentre en el penal de Atlacholaya, Morelos, purgando una condena de 42 años, la pesadilla no ha terminado para Victoria y sus hijos, A. y L., víctimas de abuso y violación sexual cuando tenían tres y cinco años, ni siquiera tras haber salido del país.
“Nunca pensé tener que huir del país para defender a mis hijos, menos aún cuando estando en la cárcel lo declararon culpable. Pensé que mis hijos y yo íbamos a retomar nuestra vida sin miedo, de manera normal y fue al revés: desde que él está en la cárcel nos ha estado molestando”, sostiene Riva Palacio Nieto en entrevista, durante una visita que hizo a la Ciudad de México, tras cuatro años de desplazamiento forzado.
Muzzio, de nacionalidad argentina, fue detenido el 25 de octubre de 2016 y el proceso penal oral dio inicio en mayo de 2017 en primera instancia. Se sentenció al acusado a 38 años, y entre agosto y octubre, en segunda instancia se le añadieron cuatro años más, quedando firme a sentencia condenatoria por los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado en contra de sus menores hijos A. y L
El 7 de octubre de 2019, en forma coordinada, medios de comunicación de Morelos y en la Ciudad de México la periodista Carmen Aristegui, dieron a conocer el caso de Muzzio como una fabricación de la Fiscalía General del Estado de Morelos, como “un favor” del exgobernador Graco Ramírez al exgobernador priista Antonio Riva Palacio López, fallecido en 2014, dos años antes de la detención del argentino.
Ese mismo día estaba programa una audiencia en tribunales de lo familiar en la Ciudad de México para continuar el litigio, quitarle a Muzzio la patria potestad de sus hijos y el retiro a éstos de su apellido.
De camino a los tribunales, Victoria recibió la llamada de su trabajadora doméstica, quien la alertó de que un hombre corpulento se había introducido con engaños a su domicilio, la agredió provocándole un desmayo y sustrajo copias del expediente.
“Cuando Carmen (Aristegui) sacó la nota en la que se decía que Gabriel se asumía como preso político, defensores que me habían acompañado en el proceso penal, como Laura Martínez (directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas) y Carlos Cruz (director de Cauce Ciudadano), hablaron con ella y le pidieron un espacio de réplica y denunciar lo que había pasado.
“Nos salimos de mi casa, tenía miedo de regresar. Levantamos la denuncia por el allanamiento y la agresión a la muchacha, pero la policía nunca investigó bien qué pasó”, recuerda Victoria, de profesión bailarina, quien ha podido sacar adelante a su familia gracias a becas artísticas para las que ha concursado en España y México.
En 2020 que ella y sus hijos salieron de país gracias a una residencia artística, y los hostigamientos continuaron. Llegaban mensajes anónimos a los correos privados de artistas con los que participaba en coreografías, difamando a Victoria profesionalmente y como madre. Después, llegaron cartas a los domicilios personales de quienes le habían abierto las puertas a la bailarina, en las que hacían referencia al poder político que supuestamente tenía en México, recomendando no respaldarla más.
“Después de la presentación de un espectáculo di una conferencia de prensa y me llegó un correo diciéndome que me fuera de España, porque mis hijos iban a sufrir las consecuencias, y que se iba a saber lo que había pasado con mis hijos. No le he escondido a nadie lo que pasó con mis hijos, es algo con lo que tenemos que vivir”, sostiene.
En verano de 2023, cuando Victoria tuvo que moverse a El Salvador y a México para montar coreografías, su padre recibió un correo electrónico y una carta en el buzón de su domicilio, con mensajes relacionados con la labor que hace su hija en España y acusándola de ser mala madre.
“Yo estuve en el Mecanismo (para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas) porque, en la búsqueda de justicia para mis hijos, he orientado a otras madres en el tema legal y dándoles apoyo moral. Me sacaron del Mecanismo porque dijeron que no había tenido agresiones en la pandemia y no tenían jurisdicción en España, pero lo que yo quería no era que me enviaran protección, sino que vieran que, aun él en la cárcel, mis hijos y yo seguíamos siendo hostigados.
“Carlos (Cruz) considera que al menos por ese hostigamiento y otros elementos, algunos que han revelado mis hijos, habría indicios de que detrás habría una red criminal, pero yo no quiero someter nuevamente a mis hijos a otra investigación, a nuevos interrogatorios, que son muy revictimizantes”, abunda.
Revictimización
A esas muestras de observación permanente sobre los pasos que da Victoria, se ha agregado un nuevo factor de temor: el 8 de agosto del año pasado, Muzzio Arévalo tramitó un amparo en busca de que se reponga el proceso penal, pues alega violaciones a sus derechos a la presunción de inocencia, a la asistencia consular, a la efectiva defensa y a no ser sentenciado sin elementos.
Victoria teme que el agresor sea liberado, por lo que interpuso un amparo adhesivo en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo octavo Circuito, con sede en Morelos, que busca demostrar que en este caso se respetó el debido proceso de su exmarido, de quien se había separado en 2013.
“Estudié derecho en la UNAM, nunca litigué pero sabía perfectamente que el proceso tenía que ser impecable si quería justicia para mis hijos; siempre estuve al pendiente de que no se violaran los derechos de Gabriel porque una falla de procedimiento podría echar abajo todo.
“Cuando me enteré que las agresiones a mis hijos ocurrían cuando lo visitaban en su casa como parte de la custodia compartida, me puse a estudiar y a revisar los protocolos de actuación de los agentes Ministerio Público en estos casos y exigir que se cumplieran las condiciones para que mis hijos no fueran revictimizados”, recuerda Victoria.
A pesar del cuidado que prestó Victoria al proceso, no pudo evitar que sus hijos tuvieran que narrar los hechos en tres diferentes ocasiones ante personas distintas, sin preparación ni sensibilidad, que se les intentara confundir en los interrogatorios, que fueran sometidos a exámenes proctológicos y ginecológicos, a pesar de la contundencia en sus descripciones de abusos y de los dictámenes psicológicos realizados por especialistas de ADIVAC y de la Fiscalía de Delitos Sexuales.
“Tenía abogados pero yo estaba pendiente de todo el proceso, acerqué pruebas al MP, revisaba cada actuación con mucho cuidado; tanto, que antes de judicializar el caso me di cuenta de que la MP que llevaba mi caso en ese momento cambió palabras en las declaraciones de mis hijos (...), lo que cambia el delito, ya no es violación; además de que había omitido incluir como prueba lo dictámenes de ADIVAC, afortunadamente estuve a tiempo de solicitar a los jueces hacer las modificaciones pertinentes y después me enteré de que la MP era pareja sentimental del abogado del agresor, por lo que pusieron otra MP”, narra.
Victoria sostiene que en el camino en búsqueda de justicia se encontró a madres desesperadas como ella, a las que orientó en materia legal y les dio apoyo moral, porque “no hay empatía en los Ministerios Públicos y jueces, se archivan casos a pesar de que los niños y niñas son muy claros en sus señalamientos, se da la custodia a los agresores, se obliga a las madres a pagar pensión alimenticia. Ni siquiera en los abogados defensores hay sensibilidad, ven a los niños como perritos”.
Victoria Riva Palacio cuenta el doloroso proceso que sufrieron sus hijos, de la conducta autodestructiva que tuvo sobre todo el mayor de ellos (...). Muestra los dibujos que plasmaron en las terapias psicológicas y que alertan del abuso de que fueron víctimas.
Si bien reconoce que sus hijos están bien, su historia personal sería muy distinta si no hubieran sido abusados por su padre, quien ha sido condenado a pagar las terapias psicológicas para sus hijos, una reparación económica y el pago de pensiones alimenticias, a pesar de que a él se le retiró la patria potestad y a los niños su apellido.
“No va a haber reparación del daño posible, por más que te digan: ‘Te vamos a pagar tanto’. No me pagas su experiencia de vida, por eso no he reclamado ni la reparación ni la pensión, no quiero su dinero, sólo quiero que nos deje vivir en paz.
“Me he hecho cargo de mis hijos sola, no es una cuestión de dinero lo que me ha movido a defender a mis hijos y apoyar a otras madres, que es de lo que muchas veces se nos señala: que es por dinero. Hoy en día, a pesar de ser parte de ese ínfimo uno por ciento de casos de éxito, con el trámite de amparo, tengo miedo de que salga de prisión y diga ‘voy por ti’”, finaliza.
Fuente: Proceso.
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