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Hoy, la UPN se encuentra entre las primeras 10 universidades públicas por su cobertura (71 mil 281 estudiantes en el ciclo 2022-23 –80 por ciento mujeres–, distribuidos en 296 unidades académicas en todo el país).
Simultáneamente, en la UPN se configuró una estructura de dominación burocrática-totalitaria (dictatocracia) (Therborn, 2015), caracterizada por la concentración del poder económico-político-académico en la rectoría y en los directores de unidad –lo que les ha llevado a cometer un sinnúmero de arbitrariedades inverosímiles, las cuales han generado múltiples protestas–, en el marco del Estado social autoritario patrimonialista (De la Garza, 1988) impuesto en México por el régimen posrevolucionario, en un contexto de crecimiento económico nacional (PIB de 7 por ciento en 1978 y 8 en 1979); régimen dictatocrático que prevalece hoy.
En paralelo, se instauró una estructura de control sindical corporativa mediante la adhesión forzada de los trabajadores de la UPN al SNTE (afiliado al PRI en esos momentos), el cual se encargó de dividir al personal académico y administrativo en sectores, delegaciones y secciones (61 hoy) para debilitar su fuerza colectiva; aceptar pasivamente la caída estrepitosa de los salarios reales de los trabajadores, impuesta por los gobiernos neoliberales (el salario real promedio del personal administrativo cayó 75 por ciento y el del personal académico 73 por ciento entre 1982 y 2018, estancándose en el periodo 2018-24), sin que el SNTE haya hecho nada para evitarlo, a cambio de prebendas y puestos en el gobierno; instaurar un control clientelar de los líderes sindicales al convertir los derechos laborales en “favores”, y administrar opacamente las cuotas sindicales –la cúpula del SNTE maneja 2 mil 200 millones de pesos anuales de cuotas sindicales, según Educación Futura-.
Frente a dicha estructura de dominación burocrática y sindical, las comunidades de la UPN se revelaron muy pronto: durante los 80 irrumpió en el escenario universitario el movimiento estudiantil-magisterial con sus demandas de mejoría de condiciones institucionales de estudio, en seguida el movimiento de trabajadores académicos por el mejora miento de sus condiciones laborales y la democratización universitaria, y luego el movimiento de trabajadores administrativos por mejores salarios y condiciones de trabajo (entre sus múltiples jornadas de lucha destacan: el paro indefinido de junio de 1983 con que se logró la homologación salarial con la UNAM, el paro indefinido del estudiantado en 1987 que impidió la imposición del modelo neoliberal privatizador, y el paro indefinido del personal administrativo de 1989 por la retabulación salarial –en el marco de la primavera magisterial de la CNTE–. En los 90, destaca el paro indefinido de académicos de 1997 contra las arbitrariedades de la rectoría –lo que se tradujo en la renuncia de la misma–.
Con el fin de reforzar la vulnerada estructura de dominación totalitaria universitaria, en 1992 el gobierno salinista impuso la descentralización neoliberal de la UPN –en complicidad con el SNTE–, al entregar por decreto 92 por ciento de sus unidades académicas a los 31 gobiernos estatales, lo que implicó: la desintegración del quehacer universitario, la privatización de la docencia, la cuasi extinción de la investigación educativa, la precarización económica-material-tecnológica de la UPN, el deterioro de las condiciones laborales y de estudio (acrecentado por la violación recurrente a los derechos laborales y de los estudiantes), la promoción de la competencia individualista por recursos (instauración del mercado académico de la “libre competencia”), la conformación de verdaderos cacicazgos en los puestos directivos de muchas unidades, el incremento de casos de corrupción y desviación de recursos, etcétera. En síntesis, la degradación de la universidad, producto del fracaso del modelo neoliberal-autoritario impuesto hace 32 años, intacto hasta ahora.
Con el fin de remontar dicha crisis institucional, entre 2019 y 2021, la comunidad universitaria organizó su primer Congreso Nacional Universitario (CNU), basado en la democracia participativa (con la intervención de los sectores académico, estudiantil y administrativo), el cual llegó a múltiples acuerdos, como rescatar el carácter nacional de la UPN, fortalecer su proyecto educativo, democratización de la institución, autonomía por ley, homologación de condiciones laborales, transparencia en el uso de recursos. Acuerdos que hasta ahora no se han hecho realidad, por la obstrucción de la burocracia universitaria y del actual Consejo Académico, quienes se han negado a organizar la segunda fase del CNU, a pesar de que fue acordada por la comunidad en una consulta nacional.
*Trabajador académico de la UPN
Fuente: La Jornada.
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