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Lo inexplicable son las enormes irresponsabilidades de aquellos gobernadores que recientemente crearon nuevos municipios sin más fundamento que una equivocada sabiduría política.
En 1974, a la fundación de Quintana Roo se crearon siete municipios – hoy son 11–; uno es Bacalar, con 2 mil habitantes. ¿Qué le espera? Son localidades destinadas a tornarse imposibles como opción de salvaguarda y promoción de los valores de sus habitantes. Es absurdo, por tanto, exigirles lo que no pueden dar. Un mal adicional es que con este modelo se fortalece el centralismo de los gobernadores.
La dimensión de estos municipios como patrimonio humano y estructura administrativa calificados, aun con sus recursos naturales, jurídicos, financieros y fiscales, es y será sencillamente insuficiente. Tienen escasísimas posibilidades de superarse. Los crearon incompetentes ante sus deberes.
Hoy es un poblado heterogéneo de 45 mil habitantes, muchos llegados recientemente de otros estados y del extranjero, interesados básicamente en explotar el turismo, su única motivación.
Tulum fue creado en 2008 y siempre ha sido víctima de intereses ajenos, los vinculados con la prestación de servicios de muy mediana calidad. Como es imaginable, el peso de esa industria rebasa la capacidad política y administrativa de sus autoridades.
Las facultades y responsabilidades que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 y sus correspondientes locales, son inaccesibles para pueblo y gobierno. Ese es el fondo del drama en el caso del asesinato de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar en manos de policías locales y otras atrocidades posteriores.
Todos los males derivados de esas insuficiencias –los causados por autoridades actuales y del pasado– son predecibles. Así que pronto tendremos lamentaciones desde muchos municipios por tragedias semejantes. Sería fascinante saber cuáles de esos lugares serían las excepciones.
Ayuntamientos como el de Tulum no tienen capacidad para hacer cumplir la ley, sea cual fuere su especie, y a los ciudadanos no les interesa cumplirla, salvo cuando un hecho los afecta.
Los munícipes en esta condición no son capaces de ofrecer servicios; en adición a la seguridad, deben atender salud, educación, agua potable, drenaje, basura, mercados, panteones, rastro y parques. Es apabullante la carga de deberes a su cargo, sin contraste con sus recursos. Su capacidad recaudatoria es inexistente por defectos de diseño y operación y por las eternas componendas. Entonces, ¿qué es razonable esperar en tales circunstancias?
Para reducir la reflexión a la esfera de la seguridad habría que reiterar, una vez más, la incapacidad oficial arrastrada por décadas. Las corporaciones policiales son como el municipio: improvisadas, insuficientes, sin idea de las leyes que las crean y que norman su misión y conducta, sin formación, sin tecnología, sin equipamiento y con sueldos y prestaciones de vergüenza.
Hemos leído mal ciertos ejemplos de países relativamente comparables en la materia; efectivamente ellos cuentan con fuerzas de seguridad solventes a escala nacional: guardia, gendarmería, carabineros… Lo que no vemos es que simultáneamente, piramidalmente, disponen de fuerzas intermedias y básicas eficientes en jurisdicciones comparables a nuestros estados y municipios. Es la fórmula tan cantada como por décadas ignorada.
Ante la gravedad del problema suscitado en Tulum hemos visto la reacción ignorante del presidente municipal: Corrió al jefe de la policía… ¡y ya! ¡Que de la persecución del delito se encarguen el fiscal y el juez! Por ello es que insistimos en que pronto veremos fenómenos de igual perfil en municipios con las características de Tulum.
Han pasado decenios de reconocer que la seguridad pública como valor nacional se sustenta en la seguridad del municipio, de las características que éste sea. Sin embargo, vamos a contracorriente al arraigarse el vicio de crear municipios sin destino, como cuatro nuevos: Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan y Tetelcingo, en Morelos, estado que, aun siendo tan pequeño, contaba ya con 32.
Organizaciones sociales definen el fenómeno como la expresión de “intereses politiqueros del gobernador y sus aliados para golpear los procesos de autonomía comunitaria que se construyen en dichas comunidades” ( Proceso, 10/11/17).
En efecto, ante la integración de autoridades políticas las indígenas verían mermada su autoridad ancestral. Se detonarían entonces rivalidades internas y ocurrirían peligrosas fracturas, pues los promotores de una u otras opciones son los mismos pobladores. Aquello sería tanto como lanzar la manzana de la discordia; algo más estúpido que malévolo. Todo delito de orden federal, estatal o municipal es esperable en la situación comentada.
Es lamentable, pues, emerger y reconocer tan tarde nuestros vetustos desatinos. Peor es sostenerlos. Cada día urge más procurar soluciones. Nunca es tarde para mostrar inconformidades. Sobran propuestas, que han sido ignoradas desde la administración de Vicente Fox, que a mi juicio fue la época en la que el mal se aceleró. Señoras secretarias de Gobernación y de Seguridad: ustedes hablan…
Fuente: La Jornada.
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