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el control sobre las tierras, así como el despojo de la mencionada población, ha sido una constante, que se ha exacerbado a partir de los ochentas con el modelo neoliberal. Desde entonces la oposición de los pueblos y comunidades contra los megaproyectos de “modernización rural” conllevó al Estado a la creación de instancias relacionadas con la problemática agraria y agropecuaria, las cuales no han logrado en el país la solución de las desigualdades estructurales.
El saqueo histórico de las oligarquías caciquiles, ahora se ubica con el aval gubernamental en las empresas transnacionales. Los fines de los megaproyectos extractivos, justifican los medios cada vez más violentos de despojo y la transgresión a los “derechos humanos y constitucionales”; además son violados los derechos colectivos que otorgan un carácter vinculante a las consultas populares, y cuyos resultados en su mayoría no han garantizado el avance de los proyectos.
En este contexto el campesinado frente a amenazas en su territorio adquiere un nuevo matiz en las relaciones de producción y acumulación recientes que necesitan de la actual desregulación, y que advierte una nueva compleja ubicación terrateniente oligárquica como eje dominante: los intereses del capital trasnacional favorecen la apertura de políticas y prácticas extractivas. Mismas que han incorporado elementos discursivos y prácticos de reivindicación social y productiva del movimiento campesino e indígena en el proceso de lucha, tanto por la tierra y por el territorio.
Lo anterior explica la disputa por la inminente operación del megaproyecto denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” por la administración de la Cuarta Transformación (4T) y del presidente Andrés Manuel López Obrador y su contrapeso que es una oposición significativa de un grupo de pueblos y comunidades de la región Istmeña de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, organizaciones no gubernamentales, activistas y prominentes ambientalistas.
Abundando, la 4T a través de las Asambleas Regionales Consultivas (figura ajena a los usos y costumbres de los pueblos) realizo dos consultas “amañadas y simuladas”, la primera el 30 y 31 de marzo del 2019 coordinada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; y una segunda, entre el 19 al 30 de agosto del mismo año por la Procuraduría Agraria y el órgano desconcentrado del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Entre dichas consultas se emitió el 14 de junio de dicho año el decreto del Corredor para establecer “una plataforma logística” en una de las regiones geoestratégicas del país para dar servicios portuarios en las ciudades de Coatzacoalcos y Salina Cruz y la vía férrea que vinculará el Pacifico y el Golfo de Mexico, siendo sus principales objetivos:
Promover “el desarrollo económico sustentable de la región”, fortaleciendo su productividad multisectorial, auto empleando sus recursos y ofertando transporte de productos de “forma competitiva, ágil y de bajo precio”.
Rescatar la capacidad de una dinámica económica de inversión pública, orientando “bienestar a la población” al establecer circunstancias de captación de dicha inversión pública.
Y crear condiciones para que la población regional vulnerable “participe y se beneficie de manera directa en el desarrollo”.
Sin embargo, dichos objetivos son una falacia, pues son “una imposición de la administración de Andrés Manuel López Obrador” del decreto de marras, dado que su origen corresponde a “un reciclamiento actualizado y potencializado” del megaproyecto del Istmo de Ernesto Zedillo.
Su estructura corresponde a “un gran canal seco multimodal alternativo al Canal de Panamá” para el aprovechamiento global que conecta la distribución extensiva de distintos artículos y productos, entre el océano atlántico (golfo de Mèxico) y el océano pacífico; que tiene como núcleo, “un tren bala de carga” para ampliar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y el establecimiento paralelo de una autopista a la nueva vía del ferrocarril.
Esto se complementa de un corredor industrial y agroindustrial “formado entre 6 a 10 parques industriales”, ubicados en el Istmo: Coatzacoalcos; Minatitlán; Acayucan; San Andrés Tuxtla; Matías Romero; Juchitán; Salina Cruz; Ixtepec y Arriaga, además considerando la operación de maquiladoras, armadoras automotrices y maquinaria, y la nociva expansión de proyectos extractivos.
En suma, el Corredor Interoceánico es un “modelo desarrollista” de más concesiones mineras, mayor extracción petrolera y de gas natural, de forma convencional y vía fracking; nuevos gasoductos y oleoductos; modernización y privatización de refinerías de Coatzacoalcos-Minatitlán, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca; operación de la nueva refinería de Dos Bocas Tabasco; más parques eólicos; represas hidroeléctricas; plantaciones comerciales (forestales y agroindustriales) y turismo de élite.
Por lo que se estima (de no corregir los esquemas de explotación-precarización laboral y las reglas de operación correspondientes) que los grandes beneficios serian para los capitalistas inversores, en tanto “las migajas” serian para población istmeña que producen bienes o servicios varios, esto referido a los “peones, albañiles, cargadores, recamareras, cocineras, meseras, acompañantes y edecanes, veladores, barrenderos, etc.”.
Corolario, buscar una revisión para su adecuación pertinente del proyecto ejecutivo del Corredor Interoceánico entre las partes en conflicto, afín de alcanzar acuerdos de equidad, compromisos y derechos para todos sus participantes (instancias gubernamentales, inversores y representación Istmeña) y así instrumentar el Corredor estableciendo entre otros beneficios el Pago por Servicios Ambientales a los pueblos y comunidades afectadas; en esto será crucial crear una dirección colegiada para disponer de un equilibrio paritario entre los participantes del proyecto.
Fuente: Índice Político.
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