Noticia publicada a las 03:40 am 17/02/20

Por: Xavier Diéz de Urdanivia.

En el curso del ejercicio presidencial matutino del 11 de febrero pasado, el presidente “reveló” que “se trabajará de manera conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el Poder Judicial de la Federación” para esclarecer lo ocurrido en el caso “Ayotzinapa”, para lo cual, dijo, dirigió una comunicación a “cada uno de sus titulares” (lo que es inexacto, porque los titulares del poder judicial son los jueces,

tribunales y la SCJN, no el presidente de este órgano), donde solicitaba, “…de manera atenta, y con absoluto respeto a la autonomía del poder que usted representa, su invaluable participación para atender juntos y de manera coordinada dicha demanda de justicia.”

Se trata de efectuar una reunión mensual con los padres de los 43 estudiantes que fuero víctimas de desaparición forzada, cuyo objeto será recibir informes y tomar las decisiones que sean necesarias.

Al día siguiente, el presidente inició la conferencia de prensa cotidiana, a la que asistió como invitado el presidente de la SCJN, diciendo: “Son tiempos de renovación y de cambio verdadero. Estamos trabajando de manera coordinada, respetando la independencia, la autonomía de los poderes, ya se terminó el tiempo, la práctica, ya no es el tiempo, ya no se practica aquello de que el poder de los poderes era el Ejecutivo, y que el Poder Judicial y el Poder Legislativo estaban subordinados; ahora se cumple lo que está establecido en la Constitución, hay división, hay equilibrio entre los poderes”.

Se conoce bien el “estilo personal de gobernar” (Cossío Villegas dixit) del presidente, caracterizado por su tendencia a concentrar el poder, por eso no es de extrañar que haya planteado la incorporación de “ambos titulares” a las reuniones mensuales con madres y padres de los jóvenes desaparecidos, para recibir los informes de la comisión respectiva y tomar las decisiones necesarias, cuyo primer encuentro tendrá lugar el próximo 5 de marzo en el Palacio Nacional.

Tan seguro estaba el presidente de que su invitación sería aceptada sin chistar, que dijo: “Ya me respondió por escrito el fiscal, que acepta; y lo mismo el presidente de la Suprema Corte, él no por escrito, pero siempre ha estado apoyando; seguramente en el transcurso de estos días va a expresar su apoyo y vamos a trabajar juntos”. Lo hizo, el mismo día, por la vía de Tuiter.

Hay noticia vasta de la proclividad del ministro presidente de la SCJN a mantener una presencia intensa en los medios, incluidas las redes sociales, por lo que tampoco extraña su inmediata reacción al tuitear su respuesta a la invitación aludida.

No extraña, pero preocupa, porque puede su participación poner en riesgo la función medular de la corte, como órgano jurisdiccional extremo, y poner en entredicho su misión como contrapeso de las otras ramas del poder público en el sistema de equilibrios que es indispensable en los regímenes democráticos, en el tan invocado “estado de derecho”.

Asentó él mismo en su cuenta de Tuiter: (“He aceptado la invitación del Presidente (sic) López Obrador para acompañarlo en las reuniones mensuales con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. En el marco de mis facultades constitucionales, cooperaré en lo que me corresponda para buscar una solución a este doloroso suceso”, como asentó él mismo en su cuenta de Tuiter el 11 de febrero mismo).

No encuentro atribuciones para ello y, en cambio, muchos inconvenientes. Es bien sabido que los jueces hablan por sus sentencias, y que la prudencia que debe caracterizarlos aconseja no aventurar opiniones que puedan comprometer sus criterios prejudiciales; menos aún es pertinente participar en una mesa donde se revisarán actuaciones -y muy seguramente omisiones- que puedan ir a dar, como ha de pasar con seguridad, a manos del juez, del órgano que preside él, particularmente.

La imparcialidad se verá comprometida. Ojalá se revise la decisión, aun a sabiendas de la dificultad que implica declinar una invitación tal. Es, como dijera un distinguido constitucionalista mexicano, por el bien de la república.

Fuente: Zócalo de Saltillo.

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