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Además de los dos expresidentes y exgobernadores estatales como Humberto Moreira (Coahuila), Ulises Ruiz (Oaxaca) o César Duarte (Chihuahua), las denuncias ["comunicaciones”] entregadas a la Fiscalía de la CPI sobre el mandato de Calderón también implican la responsabilidad del exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, detenido el pasado 9 de noviembre en Estados Unidos por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios.
Desde la primera “comunicación” pública entregada el 25 de noviembre de 2011 por el abogado Netzaí Sandoval —hermano de la actual secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval—, aparece García Luna como presunto autor de crímenes contra la humanidad, junto con los entonces secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Guillermo Galván y Francisco Saynez, respectivamente, así como el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, hoy preso en Estados Unidos.
En ese expediente se documentaron “crímenes de lesa humanidad y de guerra” “imputables al gobierno federal de Felipe Calderón]ales como “violaciones sexuales por parte del ejército, esclavitud de migrantes, homicidios en contra de civiles en retenes militares, desapariciones forzadas por parte del ejército, homicidios en contra de civiles y su intento de encubrimiento y tortura como mecanismo para lograr inculpaciones”.
En total, Sandoval presentó 470 casos de crímenes cometidos en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y susceptibles de ser juzgados por la CPI.
Públicamente se conoce que han sido transmitidas unas 10 “denuncias” generadas por organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales y por representantes políticos, aunque fuentes informadas aseguran que son aproximadamente 100.
El presidente Ernesto Zedillo firmó al final de su mandato el Estatuto de Roma que creó a la CPI, y éste fue ratificado hasta un año antes del término del mandato de Vicente Fox, entrando en vigor el 1 de enero de 2006 sin capacidad retroactiva para poder castigar crímenes preexistentes.
“Lo que está haciendo la embajada en Holanda el gobierno mexicano en general, es intentar que no se abra un examen preliminar en México, porque sería demostrar que las instituciones mexicanas han fallado y entonces necesita intervenir la CPI como órgano subsidiario”, señaló a este columnista Olga Guzmán, directora de incidencia internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos [C[CMDPDH]en una conversación sostenida antes de que fuera detenido García Luna.
Esa organización ha presentado en alianza con la Federación Internacional de Derechos Humanos [FIDH]con sede en París, y otras ONG, “comunicaciones” de presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Baja California, Coahuila y Chihuahua cuando gobernaba Calderón bajo la estrategia de seguridad al mando de García Luna.
Las ONG tenían la expectativa de que AMLO remitiera a la CPI los crímenes ocurridos en las dos administraciones anteriores, pero el 12 de septiembre último, tras una visita a esa corte en La Haya, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos Martha Delgado declaró a la prensa española que en México “hay instituciones suficientes hoy por hoy para que los casos se procesen de manera adecuada”, aunque dejó las puertas abiertas a una eventual cooperación.
Guzmán asistió en representación de la CMDPDH a la Asamblea anual de los Estados Parte en el Estatuto de Roma de la CPI, que tuvo lugar en La Haya del 2 al 6 de diciembre pasado.
En el marco de dicha asamblea, la CMDPDH y la FIDH solicitaron a la Oficina de la Fiscalía que ordene la apertura de un “examen preliminar” en México. Lo hicieron en combinación con Reporteros Sin Fronteras —que en marzo denunció como crímenes de lesa humanidad los asesinatos de periodistas bajo los gobiernos de Calderón y Peña Nieto—, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Coalición por la CPI, una red global de ONG de 150 países del mundo.
Guzmán explica que ese paso ayudaría al país a crear la necesaria estructura institucional para iniciar un proceso de “justicia transicional” hacia la paz, con comisiones de la verdad y tribunales ad hoc que juzguen a los culpables de haber cometido crímenes internacionales, como sucedió en el caso de Colombia como consecuencia de que la CPI decidió en 2004 emprender un examen preliminar que continúa.
La petición de las ONG en La Haya no fue esta vez sólo para juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad, sino también crímenes de guerra en concordancia con las recientes conclusiones del informe de la Clínica de Derecho Internacional de Leiden, Holanda, en el sentido de que en México se libra un encarnizado conflicto armado no internacional que enfrenta a las fuerzas del Estado con los cárteles del narcotráfico y entre éstos.
Pero la fiscal Fatou Bensuda no mencionó el caso de México en el informe de actividades de 2019 que presentó el 6 de diciembre a la asamblea, aunque por primera vez ella, y no su personal, informó a las ONG que éste se encuentra todavía en la llamada “fase uno” del proceso, en la que se analizan las “comunicaciones” recibidas y se define si hay o no una “base razonable” para abrir dicho examen preliminar.
Tras darse a conocer el informe, las ONG emitieron un pronunciamiento donde expresaron su “preocupación” por esa “ausencia de referencias sobre la evaluación inicial del examen preliminar sobre la situación de México pese a las múltiples comunicaciones enviadas [a[a la Fiscalía de la CPI]or la sociedad civil”.
Y recordaron a la fiscal que “el propósito de la justicia internacional es contribuir a la superación de los escenarios de impunidad de los crímenes internacionales”, por lo que solicitaron “avanzar de manera decidida en las investigaciones de los máximos responsables” de los crímenes “sobre los cuales no existen procesamientos genuinos ni avances judiciales”.
Guzmán comenta que en paralelo un grupo de ONG está impulsando la implementación de lo que se conoce como “complementaridad positiva”, que permitiría a la CPI cooperar con el gobierno de López Obrador para fortalecer las instituciones mexicanas de justicia.
“Son diálogos que sostendría la Fiscalía de la CPI con el Estado mexicano para motivar políticamente que se generen los mecanismos e instituciones necesarias para esclarecer los delitos y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes internacionales tan atroces como los que hemos denunciado”, sostiene Guzmán.
Se trataría de un mecanismo parecido al implementado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que develó casos de corrupción de cuatro expresidentes y que funcionó entre 2006 y septiembre de 2019 cuando el presidente Jimmy Morales, que estaba también siendo investigado por financiamiento electoral ilícito, decidió unilateralmente terminar el acuerdo con la ONU, que condenó la decisión.
Las ONG y asociaciones de víctimas de la violencia llevan a cabo actualmente conversaciones con miembros del gobierno mexicano “para explicarles la importancia de que acepten la cooperación internacional”, comentó Guzmán, ya que “de otra manera —sostiene— vamos a seguir viendo los altos índices de impunidad que tenemos en México”.
Y es que para Guzmán la narrativa de López Obrador de que “así le dejaron el país” es “preocupante” en la medida que “no dice cuáles son las medidas contundentes que serán implementadas para revertir los índices de impunidad”.
“Es el jefe de Estado y no importa si se cometieron los delitos en el pasado”, plantea la activista; “sigue siendo su responsabilidad si no se esclarecen y se lleva a los culpables ante la justicia”.
—El gobierno de López Obrador parece entonces que la está haciendo de “tapadera” de Peña Nieto, Calderón y los otros inculpados, se le comenta a Guzmán.
“Pues si no se esclarecen los crímenes denunciados ante la CPI] no muestra voluntad de realmente emprender investigaciones diligentes de los casos, lo único que vemos es que, efectivamente, hay una perpetuación de la corrupción y la impunidad”.
Fuente: Proceso.
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