Noticia publicada a las 03:32 am 07/12/17

Por: Redacción.

Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el PRI y sus aliados están a punto de legalizar una dictadura en México. Y no es ninguna exageración. Basta revisar la obra de algunos de los autores más reconocidos en la historia de la ciencia política para darse cuenta de la magnitud del problema.
Y esto se debe a que la justificación utilizada por los legisladores para aprobar la Ley de Seguridad Interior,

aprobada por la Cámara de Diputados y que esta semana será revisada por el Senado, es prácticamente la misma que dio origen a la dictadura en la antigua Roma. Una figura legal cuyo objetivo era concentrar el poder en un personaje o institución, al mismo tiempo que limitaba los derechos civiles, con el fin de enfrentar una amenaza excepcional. Justo lo mismo que ocurre en estos momentos en el Congreso mexicano.
“En Roma se llamó dictador a un magistrado extraordinario instituido alrededor del año 500 a.c. y que duró hasta finales del siglo III a.c., que era nombrado por uno de los cónsules en circunstancias excepcionales, como podía ser la condición de una guerra o la sofocación de una revuelta, y al que se le atribuían, por lo excepcional de la situación, poderes extraordinarios que consistían principalmente en la desaparición de la distinción del imperium domi, que era el mandato ejercido dentro de los poderes de la ciudad”, explica Norberto Bobbio en su ensayo Democracia y dictadura.
“Lo exorbitante del poder del dictador era contrabalanceado por su temporalidad: el dictador era nominado solamente por la duración de la tarea que se le confiaba, y de cualquier manera, no más de seis meses o la duración en el cargo del cónsul que lo había nominado”, añade Bobbio, uno de los más grandes teóricos del Estado que haya visto el siglo XX.
Un asunto que también captó la atención de Nicolás Maquiavelo, considerado el padre de la ciencia política, quien en sus Discursos advertía que “la dictadura era un cargo temporal y no perpetuo; nombrábase dictador para resolver determinado conflicto y hasta que desapareciera; su poder alcanzaba a determinar por sí mismo los remedios al urgente peligro, a ponerlos en práctica sin necesidad de consultar y a castigar sin apelación”.
De este modo, la legitimidad de dicha figura legal se basaba en la temporalidad de la misma, toda vez que extender su duración de manera indefinida abriría las puertas de la tiranía.
Por ello Juan Jacobo Rousseau consideraba en su obra El Contrato social que “cualquiera que sea la manera en que se confiere esta importante comisión, conviene fijar su duración en un tiempo muy corto e improrrogable... Pasada la necesidad urgente, la dictadura conviértese en tiránica o inútil”.
En un sentido más moderno del término, el filósofo y teórico político alemán Carl Schmitt señalaba en su libro La dictadura que: “si la dictadura es un Estado de excepción necesario, pueden demostrarse las distintas posibilidades de su concepto mediante la enumeración de lo que se considera como normal: desde un punto de vista jurídico-político, puede significar la supresión del Estado de derecho”.
“Si la Constitución del Estado es democrática, puede llamarse dictadura a toda violación de principios democráticos que tenga lugar por vía de excepción”, considera Schmitt, quien remata: “es dictadura todo Estado que no respete estos principios democráticos”.
De este modo, la noción moderna del término dictadura incluye “a todos los regímenes antidemocráticos o no democráticos”, según refiere el Diccionario de política de Bobbio, Matteucci y Pasquino. Dicha obra, considera que tanto la dictadura romana como la moderna coinciden en “instituciones excepcionales previstas o puestas en práctica por muchos estados constitucionales modernos para superar un estado de emergencia interno o externo, que no puede ser enfrentado de modo adecuado con los instrumentos constitucionales normales”. Estas instituciones “implican en general la concentración del poder en un órgano constitucional del Estado (habitualmente un órgano ejecutivo), la extensión más allá de los límites ordinarios y la emancipación del poder respecto de los frenos y de los controles normales”.
Por todo lo anterior, basta revisar la Ley de Seguridad Interior para darse cuenta de cómo el Congreso mexicano pretende legalizar una dictadura, al conferirle poderes extraordinarios al presidente en turno y a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública a expensas de los derechos civiles.
Tal es el caso del artículo 4 del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, el cual define las acciones de Seguridad Interior como “aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior”.
Un artículo que, básicamente, abre la puerta para que los militares y marinos hagan lo que ellos consideren, de manera unilateral y discrecional, en su “lucha” contra el crimen. Dicho de otro modo: un artículo que abre las puertas para que militares y marinos hagan lo que les dé la gana, sin que existan controles democráticos que permitan regular su actuación.

Fuente: Por Esto.

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