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La actual publicidad oficial (o de los partidos, o de las empresas privadas), cuyo monto real —entre lo facturado y lo no registrado, es incalculable— es una forma indirecta y arbitraria, convenenciera y parcial, de lo mismo, según dicen quienes no reciben publicidad (por esos caminos, pero si por otros y con abundancia) y se usa para silenciar las genuinas voces críticas, debería ser abolida en su totalidad —si nos atenemos a la sugerencia del glorioso liberal—, no invocada como una limitante de la libre expresión o una simple forma de comprar conciencias, plumas o micrófonos.
Artículo 19 ha promovido algo sensato jurídicamente; pero su base ética es discutible. No actúa en favor de la libertad, opera en favor de una mayor amplitud del gasto “persuasivo”, en el mejor de los casos.
Me recuerdan una vieja historia común entre los reporteros.
Hace años la Asociación de Banqueros de México; llamada tras la nacionalización lopezportillista, Asociación Mexicana de Bancos, estaba presidida por don Aníbal de Iturbide, de quien se decía tenía la mano suelta para compensar a quienes de él escribieran de manera laudatoria. De él o de sus representados. En una de las juntas anuales un reportero de medio pelo lo encaró digno y furioso:
— Usted, señor de Iturbide, corrompe al gremio periodístico; usted reparte dinero a manos llenas para comprar criterios y opiniones, usted…
Y cuando iba a seguir la catilinaria, De Iturbide le respondió con cortesía, pero señor, no entiendo sus quejas y acusaciones…
— ¿Cómo que no entiende, si yo lo que quiero es que me corrompa a mí también don Aníbal, lo que sea su voluntad…
Artículo 19 parte de un principio similar. El gasto publicitario no es malo por sus efectos de ablandamiento crítico (en el mejor de los casos), sino por la selección de los ablandados. Un reglamento dispersaría y generalizaría (es de suponerse), todo cuanto ahora se hace de manera discrecional. Es decir, a mi también me tocaría una rebanada del pastel.
Lo malo no es gastar 15 mil o 150 mil millones de pesos en publicidad o propaganda, sino hacerlo nada más con los amigos.
— ¿Y yo cuándo?, dicen estos honorables defensores de los Derechos Humanos, para quienes la violación de la libre expresión y la compra de las conciencias, se acabarán cuando todos vayamos a la misma orgia.
Decía el gran Zarco (hace 167 años en “El demócrata”):
“… Hemos defendido la más amplia libertad de imprenta y hemos reclamado que se le deje la mayor independencia, porque deseamos que sea útil para el país y sirva para indicar una civilización adelantada en la República.
“Hemos indicado la medida que hemos juzgado más a propósito para remediar en su mayor parte los males que hemos indicado, y ha sido suprimir en los presupuestos la partida que se distingue con el nombre de “fomento de periódicos”, porque de los fondos públicos que se reúnen de las contribuciones, que se exigen al pueblo, pagar escritores que elogien los actos de la administración, que sean sus constantes defensores y den por opinión pública sus venales escritos, nos parece un acto criminal, un despilfarro que no debe prolongarse, porque destruye la dignidad de la prensa, corrompe la inteligencia, ataca la libertad de pensamiento y causa, tal vez, la deshonra del país y la de los gobiernos, que necesitan de cierta clase de defensores”.
En esas condiciones deben quedar claras dos cosas.
Primero: reglamentar el gasto publicitario de la “Comunicación Social” del gobierno (tras una interminable discusión entre publicidad, propaganda, información, divulgación o lavado de cerebro), es algo necesario porque se trata de fondos públicos cuya operación debe ser supervisada y explicada. Eso está bien.
Pero, segundo, considerar un reglamento como camino de acceso a la purificación de los medios y sobre todo, a defender la “libertad de expresión”, es una mamarrachada.
¿La libertad, entonces, sólo se garantiza cuando todos reciben dinero? Parecen decir, “cuando todos seamos corruptos se acabará la corrupción”.
El reparto del dinero público causa un efecto. No importa sobre cuántos o cómo. La actitud de quien es lograron el amparo no es contra la cooptación crítica, sino contra la discrecionalidad en seleccionar a quien se favorece. Ahí es donde fallan y con ellos, la Corte. No actúan en favor de la libertad sino de la participación en el reparto.
— Corrómpame, don Aníbal.
Esta necesaria discusión, si se logra llevar a cabo en el lapso ordenado por la Corte para emitir el reglamento (ya se encargará la marrullería legislativa de frenarlo hasta no terminar más o menos 500 foros y seminarios y congresos previos), se parecerá mucho a la nunca terminada sobre el financiamiento de los partidos políticos.
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com
Fuente: Crónica.
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