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El primero ha sido recubierto hasta el momento con un manto de impunidad por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y hasta el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Mientras que a Rafael Márquez las autoridades mexicanas le congelaron bienes y cuentas bancarias. La justicia mexicana no actuó así ni siquiera en los casos de los ex mandatarios Humberto Moreira o Tomás Yarrington, o de Javier Lozano, en el tristemente celebre caso de Zhenli Ye Gon y los más de 250 millones de dólares localizados en su domicilio.
El caso de la entrega de sobornos a Emilio Lozoya Austin, ex integrante del equipo de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y ex director de Pemex, destaca por el blindaje de impunidad con el cual ha sido recubierto. Ni la PGR, pasando por la SFP o el SNA, habían movido un solo dedo para llamarlo a cuentas ante la serie de detalles revelados en la investigación sobre el caso en Brasil, y habían reiterado: “no hay nada contra él”, hasta este martes cuando fue citado para el jueves próximo por la PGR para declarar en calidad de imputado por presuntamente cobrar sobornos de la empresa Odebrecht.
Es más, Lozoya ha amenazado con demandar a quien resulte responsable de los señalamientos de que recibió sobornos por parte de Odebrecht. En su momento, el propio Javier Lozano, en julio de 2007, amenazó con demandar al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon –a quien decomisaron 250 millones de dólares presuntamente relacionados con el narcotráfico- y a sus abogados, ante la Corte de los Estados Unidos, por pretender involucrarlo en actividades ilícitas. De esa demanda y de los recursos decomisados ya no se supo más. Lo mismo hizo en su momento Tomás Yarrington.
Y toda la verborrea e inclusive la cita próxima tienen, desde ahora, un final muy feliz. Ni el lavado de dinero ni el cohecho privarían a Lozoya de la libertad con todo y que la PGR decidiera llevar el caso ante el juez de control, pues estos delitos no son de prisión preventiva en el nuevo sistema penal. Y por lo que respecta a las autoridades electorales, de quienes damos a conocer las declaraciones en los siguientes párrafos, cualquier señalamiento en donde se dé la razón a quienes afirman la entrega de los recursos a la campaña del mexiquense, es lo suficientemente tardía como para tener algún efecto, ni siquiera la imputación de delincuente electoral y, menos aún, habrá castigo. La exhibición sobre estas prácticas pudiera cambiar, si no estuviera debidamente alineando el TRIFE los resultados de los comicios celebrados en el Estado de México y en Coahuila, pero se ve difícil.
Tal vez en un intento por disminuir el impacto del caso Lozoya-Odebrecht, el periodista Ignacio Rodríguez Reyna fue entrevistado sobre la veracidad de las acusaciones vertidas en los reportajes en El Quinto Elemento Lab. Una a una fueron fulminantes sus aseveraciones al hablar de fechas, citar lugares en los cuales se incluye la casa del propio ex funcionario petrolero. Datos, lugares, días fueron reseñados por el informador y suministrados originalmente por quienes han sido parte de toda la operación, por los propios funcionarios de la empresa. Advierte que tuvo en sus manos el expediente con cientos de hojas y declaraciones a la autoridad sobre lo revelado. El papel de la autoridad es el de investigar y confirmar las declaraciones vertidas por los delatores denunciados, el del periodista dar cauce a la información. Aunque, agrega, que no duda de ser verdad todo lo expuesto, la confirmación de haber utilizado el dinero de los sobornos a la campaña de EPN es motivo de otro tipo de investigación.
Justicia sin piso parejo
Tintes mediáticos –los cuales se han convertido en cortina de humo- tomó la investigación en Estados Unidos en torno al narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”, así como a otros 20 mexicanos y 43 empresas, entre los que se cuentan Rafael Márquez y Julión Álvarez, a quienes se acusa de ser testaferros del capo. Uno de los abogados del futbolista, José Luis Nassar Peter, confirmó que todos sus bienes y cuentas en el país habían sido congelados. No obstante, se mostró confiado en que se logrará probar que las empresas de Márquez no usaron recursos de procedencia ilícita. “El caso de Rafael Márquez es un tema de procedimiento esencialmente administrativo, y la manera en que lo vamos a defender será en acreditar con toda la documentación, tanto contable como financiera, que en todas las empresas en las que Rafael es accionista los recursos provienen de fuente lícitas”, dijo el litigante.
Derramar este tipo de información y ligar a personas conocidas en otros ámbitos ha sido, durante mucho tiempo, la mejor manera de cobrar algunas cuentas pendientes, sobre todo relacionadas con competencias sobre féminas o bien por apoyar a candidatos de otros partidos políticos o para la formación de atractivas cortinas de humo, de esas tapaderas tan usadas por el actual gobierno federal, pero también por los estatales y hasta los municipales. Otro ex jugador, Jared Borgetty, fue vinculado al narco por asistir al cumpleaños de Francisco Rafael Arellano Félix. Quien lo llevó fue una conocida de Omar Chávez, también jugador. Por secuestro y delincuencias organizada encerraron al ex jugador de los Rayados del Monterrey, Omar “Gato” Ortiz.
Integrantes de la farándula no necesariamente llegan a Los Pinos, pero también son señalados de manera escandalosa aunque las denuncias presentadas no conocen progreso. Tales son los casos de los Tucanes de Tijuana, a quienes se les vinculó con los Arellano Félix o recientemente a Kate del Castillo y “El Chapo” Guzmán. A Sergio Gómez, vocalista del grupo K-Paz de la Sierra, lo mataron; Valentín Elizalde también fue ultimado; se habla de Jenny Rivera y “La Barbie” ligados y, por ende, acusado el narco de su muerte; ni que decir que, antes de morir, Joan Sebastian conoció del dolor por perder a dos de sus hijos por ejecución. Otros de mucha fama, como Vicente Fernández o el finado Juan Gabriel, también fueron expuestos a la duda sobre su relación con estas mafias.
El congelamiento de cuentas es una acción de la justicia no vista en casos emblemáticos como los de los ex gobernadores Humberto Moreira o Tomás Yarrington, por mencionar sólo dos. El ex gobernador de Coahuila y ex líder nacional del PRI en su momento, mayo de este año, también amenazó con demandar al diario Reforma por las “infamias y calumnias” que publicó sobre presuntas cuentas bancarias de su familia en las Islas Caimán y en Mónaco. También aseguró que en ello está involucrado el ex presidente Felipe Calderón. En su información, el diario capitalino afirma que la esposa y la cuñada de Moreira Valdés manejaron recursos en esos dos paraísos fiscales hasta por 62.1 millones de dólares, entre 2013 y 2016.
Existe una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico contra Humberto Moreira y su hermano Rubén, actual gobernador de Coahuila, en la cual se dan cuenta de una serie de movimientos financieros sospechosos de sus familiares, refiere Reforma. Sin embargo, Humberto Moreira permanece impune.
Por lo que toca a Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, a pesar de haber sido detenido en Florencia, Italia, su fortuna no ha sido tocada. Está bajo investigación, por parte de autoridades estadounidenses y mexicanas, por delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero. Es señalado por mantener nexos con grupos delictivos, recibir recursos económicos ilícitos y lavarlos, además de endeudar las finanzas estatales que administró en el periodo 1999-2004. Las investigaciones del gobierno estadounidense en su contra por presunta comisión de delitos como lavado de dinero, entre otras, fueron reactivadas en noviembre de 2016, así como el trámite de extradición.
En cambio, en el caso de Lozano Austin se le ha echado tierra al asunto. Sin embargo, la oposición presiona para que sea investigado. Este martes, diputados de Morena denunciaron penalmente en la PGR al ex director de Pemex por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht. En la denuncia, se mencionan las declaraciones de testimonios de tres inculpados por la justicia brasileña: Luis Alberto Meneses Weyll, Luiz Mameri e Hilberto da Silva, quienes refieren las “propinas” a Lozoya a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública para Odebrecht.
Rocío Nahle, coordinadora de Morena, demandó que el procurador Raúl Cervantes se excuse en la investigación o se retire de la PGR, porque está en conflicto de interés. Recordó que durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, Cervantes fue coordinador jurídico y Lozoya un miembro activo del equipo del entonces candidato priísta. Desde abril, reclamó la legisladora, Cervantes tenía conocimiento de las investigaciones de la Fiscalía de Brasil y es hasta ahora cuando se sabe del nombre de Lozoya. También las dirigencias del PAN y del PRD exigieron investigar si los sobornos que recibió Emilio Lozoya por parte de Odebrecht, en 2012, fueron destinados a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo estar dispuesto a investigar, siempre y cuando haya denuncia.
Por su parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que ya inició las investigaciones sobre el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto. “Ya tenemos una denuncia y estamos ya iniciando la investigación”, dijo el fiscal Santiago Nieto Castillo. A su vez, la PGR citó a declarar en calidad de imputado al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Silvia García Ocampo, agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, citó a Lozoya a comparecer el próximo jueves a las 12 horas, acompañado de su abogado defensor. El citatorio fue girado en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, a cargo de la Coordinación General de Investigación de la SEIDF, que encabeza Felipe Muñoz.
Anticorrupción, incluida en TLCAN
Por donde quiera que se le rasque a la administración federal actual supura el pus de la corrupción. Ésta es tan amplia que alcanza el sistema aduanal nacional y tan profunda que incluye al primer círculo del presidente Enrique Peña Nieto desde la campaña presidencial del 2012 y, por supuesto, desde el arranque de su gestión. Al iniciar este miércoles la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el tema seguramente será incluido. Los objetivos del gobierno de Donald Trump en esta renegociación, incluyen un capítulo anticorrupción y también el sector patronal del país busca que se incorporen medidas que buscan mayor transparencia e integridad en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México.
Durante la última evaluación de Transparencia Internacional sobre aplicación de la “Convención de la OCDE para Combatir el Soborno Trasnacional”, México salió entre los países peor evaluados por la mínima o nula implementación de un sistema anticorrupción. México no inicia investigaciones sobre delitos de soborno trasnacional, como ya se vio en el caso de Lozano Austin; las indagatorias, por supuesto, no llegan a los tribunales y éstos no enjuician ni condenan a individuos o empresas señaladas por soborno, señala ese reporte. Así se mantienen formando la cadena de vergüenzas para los ciudadanos mexicanos.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explicó: “El tema de corrupción se ha presentado como una preocupación del gobierno norteamericano. Nos parece que si se negocia que se incorporen medidas que garanticen que haya mayor transparencia e integridad tanto en las negociaciones entre particulares como de los particulares con el gobierno, ésta sería de las aportaciones importantes que puede tener la renegociación”.
La Coparmex representa a México ante el brazo empresarial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual tiene un comité anticorrupción. “Lo que se podría proponer es que estas mejores prácticas que ahora están a nivel de recomendación pudieran incorporarse (en las discusiones)”, dijo el líder empresarial. En las “Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales”, ejemplificó De Hoyos, el organismo internacional recomienda que las empresas no deberán ofrecer, prometer, dar, ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública confirmó la conformación de un grupo técnico el cual participará en la renegociación del TLCAN en los temas de transparencia, anticorrupción y contrataciones públicas. Los integrantes del mismo viajarán con la delegación mexicana la cual estará presente en la Primera Ronda de Negociaciones del TLCAN, en la ciudad de Washington, D. C., a partir de este miércoles.
Como suele suceder, el impulso para reaccionar tiene que llegar al estilo go-car, con un empujón trasero y forzado.
De los pasillos
Luego del destape del escándalo de entrega de sobornos a Emilio Lozoya, ahora se reveló con precisión la corrupción en el sistema aduanal del país. Marcoflavio Rigada Soto, administración central de Apoyo Jurídico de Aduanas, fue destituido por el SAT por recibir sobornos para apoyar de manera ilegal a empresas importadoras de autos chocolate, facilitar el tráfico ilegal de mercancías y traficar patentes para agentes aduanales. Desde el 2014, ese funcionario había sido señalado de ser parte de una red de tráfico de influencias en la cual se involucró a jefes de Aduanas del SAT, agentes aduanales, jueces y legisladores priístas...
Rigada Soto recibió hasta 3 millones de dólares de agentes aduanales y empresas importadoras para facilitar la importación de vehículos a México, según las investigaciones del caso. También se le señaló de otorgar patentes aduanales a cambio de pagos millonarios. Entre los implicados en la red se encuentra Roberto Ruiz Armas, titular de la patente aduanal número 1656 con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, quien ha importado cientos de autos a través de las empresas Cox Automotive y Auto Buyline Systems Inc., entre otras…
La lista de políticos involucrados en esa fecha incluye a Héctor Pedroza Jiménez, legislador del PRI por el Estado de México; Enrique Acosta, diputado y ex líder del PRI en Mexicali; Eli Topete Robles, de Movimiento Ciudadano en Mexicali; e Hiram Rojas Hernández, ex director de enlace legislativo de la Comisión Especial de Aduanas de la Cámara de Diputados. Y sigue lo de Migración.
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Fuente: Por Esto.
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