Noticia publicada a las 04:36 am 08/12/16

Por: Raymundo Riva Palacio.

Alberto Silva Ramos fue un funcionario multiusos en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Alcalde en Tuxpan, dos veces director de Comunicación Social, secretario de Desarrollo Social y a quien quería el exgobernador que fuera su sucesor. Era el ideal. Fuero tendría él, y su delfín. Duarte no pudo imponerlo, pero lo hizo diputado federal, cuyo blindaje buscará la Procuraduría General de la República le sea quitado,

una vez que concluya una investigación en su contra. El presunto delito: la utilización de 18 empresas fantasma en 12 dependencias, mediante las cuales se desviaron 502 millones de pesos en 2014 bajo la fachada de gastos de “promoción y publicidad”.

La fraudulenta operación fue revelada el 21 de noviembre por el portal ejecentral, que dibujó la mecánica: se emitieron 348 facturas a través de empresas fantasma –ninguna de ellas con algún contrato con el Gobierno del Estado–, sin registro y sin comprobar los supuestos servicios prestados. El expediente que difundió en su edición impresa, mostró cómo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deshilvanó las operaciones y confirmó que las 18 empresas funcionaban como fachada y causaron un daño al erario en ese año, particularmente durante la gestión de Silva Ramos al frente de la Coordinación de Comunicación Social.

Silva Ramos, a quien apodan “El Cisne” y tiene viejas conexiones con el priismo nacional, negó que él hubiera realizado esos pagos. En un comunicado que entregó a los medios veracruzanos el mismo día de la publicación en ejecentral, dijo que no contrató servicios ni solicitó los pagos a las empresas señaladas, sino que fueron realizados por la Secretaría de Finanzas, que debía de ser la responsable de aclarar el tema –que nunca hizo. La PGR, en cambio, sí está investigando contratos que firmó en 2014 por poco más de 502 millones, por los conceptos de promoción y publicidad. De ellos, 75 millones quedaron pendientes de cobro ese año, que Silva Ramos intentó recaudar sin éxito a su regreso a la Coordinación de Comunicación en abril de 2016, porque ya habían comenzado a ser públicas las operaciones ilícitas de Duarte.

El tema de los desvíos multimillonarios en el área de comunicación social cobró nueva vida en los últimos días, una vez que comenzó a trascender la investigación de la PGR y la posibilidad de solicitar un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados para proceder en contra de Silva Ramos. Cuando refutó el diputado lo publicado por ejecentral, dio a conocer un pequeño paquete de documentos relacionados con la Dirección de Comunicación Social, pero guardó silencio sobre el resto de las revelaciones.

El expediente en el cual se involucra a Silva Ramos, donde la PGR está determinando si está ligado a cada una de las operaciones, establece que las 18 empresas –todas sociedades anónimas, menos una que es sociedad civil– más beneficiadas por el Gobierno de Duarte fueron Saervizios Oktagonales, con 75 millones 479 mil 200 pesos; Publicidad Akkira, con 69 millones 828 mil 268 pesos; Merca Carrey, con 65 millones 176 mil 920 pesos; Marvercarr, con 39 millones 949 mil 80 pesos; Desarrolladores Mercalim, con 39 millones 525 mil 300; Centro de Recursos de Negocios Cerene, con 33 millones 449 mil 147 pesos; Anzara, con 33 millones 406 mil 985 pesos, y Carrirey, con 19 millones 140 mil pesos. El resto de las empresas fantasma son Comercial Patrol, Comercializadora Jisar de México, Compañía Sangora de Servicios, Gman Smart Business, Morgarver, Principal Enajena, Promoción Comunicación, Ravsan Servicios Múltiples, Servicios Generales M, y Servicios Integrales de Mercadotecnia y Producción de Eventos.

De las dependencias, la Secretaría de Desarrollo Social pagó 32 facturas a 15 de esas empresas fantasma por 50 millones 78 mil 969 pesos, de acuerdo con la investigación de ejecentral. La segunda dependencia con más operaciones presuntamente ilegales es la Secretaria de Gobierno, con 35 facturas pagadas a 13 empresas por 41 millones 78 mil 690 pesos. En seguida aparece la Secretaría de Turismo y Cultura con 34 facturas a favor de 14 diferentes empresas por un monto total de 51 millones 238 mil 966 pesos; y con el mismo número de cuentas la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, con pagos a 16 empresas por un total de 48 millones 474 mil 661 pesos.

Según el expediente, la Procuraduría General de Justicia pagó 26 facturas a 11 empresas por 36 millones 401 mil 200; la Secretaría de Protección Civil hizo 31 pagos a 13 empresas por 46 millones 265 mil 400 pesos; la de Medio Ambiente pagó 25 a 12 empresas por 39 millones 612 mil 422 pesos, y la Secretaría de Educación desembolsó para el pago de 34 facturas a 14 empresas, 47 millones 739 mil 322 pesos. Hubo pagos similares en las secretarías de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesca, Salud y Comunicaciones. En todos los casos, los pagos fueron bajo el concepto de “publicidad”. Y toda, concluyó el SAT, fueron constituidas como fachada para desviar recursos públicos con operaciones aparentemente legales.

No es la única investigación de la PGR en contra de Silva Ramos. Las autoridades buscan determinar si mediante un esquema similar al utilizado en Comunicación Social, hizo lo mismo en la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz un año antes, donde publicó 45 licitaciones que fueron adjudicadas a la red de 18 empresas por un monto aún no determinado de dinero que nunca llegó a los programas sociales para lo que estaban presupuestados.

Fuente: Zócalo de Saltillo.

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