El otro gran motivo de rendición de cuentas en México –además de la presentación del informe presidencial, los días 1 de septiembre de cada año- ha sido la autorización del gasto público anual cuyo proceso legislativo ya comenzará el 6 de septiembre para finalizar el 15 de noviembre.
El gasto público no es otro que el Presupuesto de Egresos de la Federación, cuyo proyecto lo propone el Ejecutivo federal y lo termina autorizando la Cámara de Diputados.
Este solo es un tercio del paquete fiscal que envía el día de 6 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los otros dos tercios son el proyecto de Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica, conocidos estos también como los Supuestos Macroeconómicos.
Todas las leyes relativas a los ingresos suelen sumar casi una veintena. Algunas, las más representativas, son la Ley del IVA, Ley de ISR, Ley del Ieps, Ley de Derechos… Pero, además, están los códigos penales y demás normas que tienen que ver con el papel coercitivo de la autoridad hacendaria y fiscal para obligar a los contribuyentes cautivos del país a entrarle con su respectivo cuerno. Quieran o no quieran.
Las leyes de los ingresos, junto con los Supuestos Macroeconómicos, son procesadas legislativamente lo mismo por la Cámara de Diputados que por la Cámara de Senadores. Y el Presupuesto de Egresos solamente la Cámara de Diputados.
¿Por qué? Esta exclusividad en la autorización del gasto público la ostenta la Cámara de Diputados desde los tiempos en que el Congreso mexicano fue unicamaral; es decir, cuando el Senado no existía.
No existió el Senado solo un periodo corto de la historia de México (de 1861 a 1874). El Congreso Constituyente de 1857 –entre sus reformas históricas- dispuso que la Cámara de Senadores desapareciese y solo quedara la de Diputados.
El motivo de la supresión del Senado era la fuerza abrumadora que tenía el Congreso sobre un Poder Ejecutivo terriblemente debilitado por facciones políticas que no solo tenían a sus propios cuerpos de ejército, sino también a sus diputados y senadores.
Bastaba un senador o un diputado para frenar cualesquier proceso legislativo. Y muchas veces estos legisladores, obedeciendo intereses militares, paraban sin más al Congreso. Por eso, a través de aquella reforma del 57, el grupo de liberales que terminó liderando Benito Juárez a partir de la presidencia itinerante ante la invasión francesa, dispuso desaparecer el Senado, para quitarle poder al Congreso y pudiera el Ejecutivo mayores márgenes para el ejercicio de su función pública.
Juárez murió en 1872. Dos años después, en 1874, la primera contra reforma alcanzó a la del 57 y su primer mandato fue echar en reversa la supresión senatorial. Fue reinstalado el Senado y así, desde entonces, es junto con la Cámara de Diputados –como lo fue a partir del nacimiento de la República en 1824 hasta la reforma de 1857- la representación del Poder Legislativo federal mexicano.
Pero hubo facultades que no regresaron a los territorios del Senado. Se quedaron como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. La más importante de todas, la de autorización del presupuesto de egresos, se quedó desde entonces como asunto legislativo exclusivo de los diputados federales.
No fue el caso de los ingresos, porque a estos sí los tiene que autorizar tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Y precisamente a esta suerte se les incorporó muchos años después –en el último tercio del siglo XX, cuando el neoliberalismo económico prohijado en 1974 por Margaret Thatcher a México- la aprobación de los Supuestos Macroeconómicos, que son las proyecciones del año en materia de crecimiento, inflación, precio del barril de petróleo mexicano para fines de cálculo presupuestario, déficit y tipo de cambio.
A partir del 6 de septiembre, luego de que el secretario de Hacienda en persona entrega el mamotreto de proyecto fiscal al Congreso, teniendo como Cámara de origen a la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión entonces se mete en una vertiginosidad distinta, respecto del resto del año.
Todo el país se pone en alerta para ver qué hacen y qué no hacen los diputados y senadores, y son los días en que las dos Cámaras –particularmente la de Diputados- son transfiguradas en una suerte de pasarelas, a través de las cuales se ven ir y venir representantes de organizaciones sociales, económicas y de gobiernos estatales y municipales.
Del 7 de septiembre al 20 de octubre, el manojo de las leyes de los ingresos y ese tabique de cemento que son los Supuestos Macroeconómicos son revisados, aireados, discutidos y autorizados por la Cámara de Diputados. El Senado es protagonista en este capítulo fiscal solo del 21 al 30 de octubre. Y sanseacabó.
Entonces, a partir del 1 de noviembre y hasta el día 15 de ese mes, los diputados trabajan con frenesí el presupuesto de egresos.
Suelen pasar muchas cosas en las dos Cámaras, sobre todo traiciones, puñaladas traperas que suelen clavar los diputados en las espaldas de la población. Y mucho cacaraqueo cuando los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo para dos cosas: Una para no aumentar impuestos.
No al menos a la vista, aunque sí traslapados, como sucedió el año pasado con la permisividad cómplice de los diputados y senadores para que el gobierno de Peña Nieto pudiera hacer la vileza de julio: Subir el precio de gasolinas y las tarifas de luz eléctrica.
Y otra, cuando los diputados festinan el reparto del gasto social. Precisamente este tema de la distribución del gasto merece un capítulo aparte. Veremos.
