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que tanto escoció a los empresarios más influyentes del país, agrupados en la Confederación Patronal Mexicana y en el Consejo Coordinador Empresarial.
En lo que fue un proceso legislativo a matacaballo, como los que acostumbra hacer el PRI para que ni la gente ni la oposición pueda respingar a tiempo y hacer algo en contrario, en tan solo unas horas y de madrugada aprobaron la ley, dándole un zarpazo a la Iniciativa Privada: Tendrían que presentar tres declaraciones (la patrimonial, fiscal y de intereses) si querrían participar en obra pública o venderle algo al gobierno.
No sonaba del todo mal, si se mira a contraluz de la transparencia y rendición de cuentas. Empresas como OHL e Higa, consentidas del gobierno de Enrique Peña Nieto y de muchos otros gobiernos a nivel estatal, ya no podrían estar ganando licitaciones amañadas, simuladas, con ayuda de sus cómplices en el gobierno.
Y entonces, era de esperarse, muchas otras empresas podrían estar participando con suelo más parejo y, con todo el derecho, estar incluso ganando licitaciones, que ahora es impensable que las ganen por el nivel altísimo de ese mar de corrupción en que navega la administración pública, en sus tres niveles de Gobierno pero particularmente en el Federal en este sexenio.
Cuando como a las dos y pico de madrugada los senadores discutían el dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, algunos opositores se percataron que mientras en el Artículo 32 el PRI y sus rémoras planteaban aplicar la Ley 3de3 a los empresarios, en el Artículo 29 de la misma, los priistas decidieron no aplicar la misma regla a quienes son servidores públicos.
Es decir: en el 29 plantearon que los servidores públicos deberán hacer sus declaraciones patrimonial y de intereses, pero solo tendrían que hacerlas públicas si ellos quieren.
El jueves 16 de este junio, cuando el dictamen ya se discutía en la Cámara de Diputados luego de que el Senado la había aprobado, varios diputados criticaron el Artículo 32 con severidad.
Ángel Alanís, del PRD, fue uno de ellos. “Debe modificarse la inclusión de último momento de las disposiciones contempladas en dichos incisos sin ningún diagnóstico previo y sin ninguna racionalidad, donde se obliga a la declaración patrimonial, de intereses y fiscal a todas las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o contraten bajo cualquier modalidad con entes públicos, además de aquellas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales que tengan tratos con el gobierno”.
Reforzó Alanís: “Una disposición legal de esta naturaleza implica que, por ejemplo, aquellos estudiantes que reciban becas del Conacyt o los beneficiarios de programas que benefician a los adultos mayores tendrían que presentar obligadamente esas tres declaraciones”.
Y remachaba, diciendo al ensordecido PRI, solo dedicado a levantar dedos: “Estas disposiciones son un contrasentido. El gobierno ya cuenta con sistemas de información suficiente sobre los ciudadanos y por el mandato de sus funcionarios y representantes. Y, por lo tanto, es el gobierno el que debe rendir cuentas al pueblo y no a la inversa: El pueblo al gobierno”.
Premonitorio, el perredista dijo también: “Por lo tanto, considero que estas disposiciones carecen de viabilidad técnica, obstaculizan el bueno funcionamiento del sistema nacional anticorrupción y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción”.
Pero como sucede en casi todos los procesos legislativo a la hora de la votación, los priistas se pusieron en automático, se taparon los oídos y se pusieron a levantar los dedos exactamente con el mismo gesto irracional con que se han puesto a aprobar leyes fundamentales para la vida del país, como la reforma educativa, la reforma energética y otra docena más en lo que va del sexenio.
Al estilo Carlos Salinas de Gortari, senadores y diputados del PRI no oyeron, no escucharon y no vieron a la oposición. Y se fueron recio, aupados sobre un proceso legislativo que, ni quince días después, les regresa y los vuelve a citar para que lo corrijan.
Cuando el pasado viernes la Presidencia de la República regresaba con observaciones la ley de marras, utilizó exactamente los mismos argumentos que el PAN y PRD les estuvieron restregando en la cara a los priistas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, cuando se alistaban a votar la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Este lunes, Roberto Gil Zuarth, presidente del Senado de la República, informaba que en su sesión de este miércoles, la Comisión Permanente convocará al Congreso a la realización de un nuevo periodo extraordinario de sesiones, cuya única materia será la revisión del Artículo 32 de la ley multicitada aquí.
Y a propósito del artículo 29, que tanto pugna el PAN y PRD por su revisión, Roberto Gil aseguró: “El Congreso no está en condiciones de revisar algún otro artículo como el 29 de la Ley, ya que en primera instancia no fue observado, no ha sido promulgado por el Presidente de la República”.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
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