Noticia publicada a las 04:38 am 03/05/15

Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.

El lunes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a impulsar una agenda de reformas amplia a la justicia cotidiana. Ello a propósito del informe que presentó el CIDE sobre los foros de consulta que se llevaron a cabo, en distintas entidades del país, a solicitud del Ejecutivo federal.

No tengo espacio para ahondar en la riqueza y diversidad de las propuestas del informe. La pregunta es: ¿por dónde comenzar?

Muchas personas, de todos los niveles socioeconómicos, se duelen de la calidad de la justicia en México. Sin embargo, dada la necesidad de priorizar problemas, la reforma a la justicia cotidiana tendría que comenzar por derribar las grandes barreras de acceso a la justicia que padecen amplios sectores de la población que viven al margen de la protección de la ley. Es decir, los muchísimos mexicanos que ni siquiera pueden buscar la protección de la justicia frente al atropello y el abuso de otros.

El sistema de justicia fue diseñado para preservar un orden social jerárquico y excluyente en donde sólo los que tienen capacidad económica pueden acceder a él para hacer valer sus derechos. Según datos del INEGI, en 2010, 70% de las familias tenía un ingreso promedio mensual de 11 mil pesos o menos. Para todos ellos, la justicia es un lujo que no pueden pagar. Los procesos judiciales son complicados, costosos y requieren mucha horas de trabajo por parte de los abogados. Ello hace que, para la inmensa mayoría, los honorarios de un abogado serio sean impagables. Lo que les queda, en el mejor de los casos, es contratar a los denominados "coyotes" que les cobran 2 mil pesos por presentar una demanda y desaparecen sin darle seguimiento al juicio. El desamparo es total. Tener que bajar la cabeza y soportar el abuso o atropello de otros porque "no queda de otra" genera un orden social explosivo, injusto y desigual. Hay que comenzar a derribar las barreras de acceso a la justicia. Ello pasa centralmente por tres tipos de política pública: 1) reducir los costos del abogado, 2) atender conflictos prioritarios y 3) abaratar los costos del juicio.

En el primer rubro, la solución es conocida: hay que crear defensorías públicas vigorosas y accesibles para la gente. Las comisiones de derechos humanos son las instituciones ideales para ello. El caso de la Defensoría del Pueblo de Colombia es un buen ejemplo a seguir. El CIDE propuso crear centros de asesoría jurídica que evolucionen a defensorías públicas.

En segundo término, hay que partir de la premisa que no todos los conflictos son igualmente graves. Hay algunos que es prioritario atender. Tal es el caso de los asuntos que tienen que ver con violencia contra mujeres. La experiencia internacional de muchos programas de alivio a la pobreza, según Gary Haugen, ha demostrado que tales programas fracasan si la atención a la violencia física y sexual contra las mujeres no forma parte de dichos programas. Es prioritario no dejar a las mujeres pobres fuera de la protección de la ley y las instituciones legales. La posibilidad de que ellas y sus hijos prosperen depende de ello.

Finalmente, la tercera estrategia para reducir las barreras de acceso es simplificar y abaratar el juicio. Muchos conflictos, por sus características, no requieren de un proceso complicado de pruebas, peritos, notificaciones, audiencias, etcétera. Lo que hace sentido es que en una sola audiencia, frente al juez, las dos partes expongan sus argumentos sin necesidad de que un abogado los represente, que el juez les pregunte lo que haga falta y resuelva el asunto de forma inmediata. Por ejemplo, el conflicto por una deuda de 10 mil pesos, el vecino que pone recurrentemente la música a todo volumen, el señor que no ha pagado un alquiler de 5 mil pesos, el mecánico que puso piezas usadas y las cobró como nuevas. Para los muchísimos conflictos de una población con las características socioeconómicas de la nuestra que involucran sumas de dinero pequeñas o pleitos de convivencia cotidiana se requiere de un juicio rápido y de bajo costo. A ello se refiere el informe del CIDE cuando habla de la "justicia de barandilla". Hoy en día, este tipo de conflictos, dados los costos del abogado y el juicio, no tienen cabida en nuestro sistema de justicia.

La reforma a la justicia cotidiana significa lograr que todas las personas, sin importar su estrato social, sean verdaderas portadoras de dere- chos. Ello, si logramos hacerlo realidad, cambiará de forma radical el orden social existente.

Fuente: Reforma.

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