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¿Daño patrimonial en el TEPJF?
Noticia publicada a
las 03:53 am 28/03/15
Por: Eduardo R. Huchim.
Mientras el Senado se fue de asueto y dejó pendiente la designación de quien sustituirá al magistrado Alejandro Luna Ramos, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que éste preside, hay preocupación por una serie de actos administrativos que pueden haber causado daño patrimonial.
El ángulo más escandaloso de ellos es la fallida adquisición, en 2013, de un sistema de cómputo para cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Para la implementación del mencionado sistema se otorgó a la empresa Blue Ocean Technologies un contrato multianual de tres etapas: 1) la instalación de la licencia de uso del software, lo cual sucedió el 27 de diciembre de 2013 y por lo cual se pagó 50% del monto del contrato, esto es 9 millones 731 mil 900 pesos; 2) la adaptación, liberación y configuración del sistema que constaba de 21 entregables, y 3) la entrada en funcionamiento del sistema, pactada para el 1o. de mayo de 2014.
Personajes centrales de esta contratación son David Amézquita Pérez, director general de Sistemas del TEPJF, y Jorge Belisario Luna Fandiño, hijo de Luna Ramos y quien ha intervenido informalmente en asuntos del Tribunal y años atrás fue acusado de fraude por la pintora y escultora mexicana de origen sudafricano Colette Wall (La Jornada, 27/08/12).
Como parte de la revisión a la Cuenta Pública de 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó, entre otras, una auditoría financiera al contrato celebrado entre el Tribunal Electoral y la empresa Blue Ocean Technologies por un monto de 19 millones 464 mil pesos.
La auditoría reveló que de los 21 entregables pactados, al 31 de diciembre de 2014 -fecha de conclusión de la auditoría- sólo se habían entregado 10 y, en consecuencia, el sistema no había entrado en funcionamiento. Esto a pesar de que el 30 de abril de 2014 se celebró un primer convenio modificatorio para postergar, al 10 de junio, la entrega de la fase III y luego se efectuó una segunda postergación para el 27 de junio, pero al concluir la auditoría, el sistema aún no estaba en funcionamiento.
Las deficiencias halladas por la ASF en este caso fueron esencialmente las siguientes:
a) El TEPJF no efectuó un levantamiento de requerimientos suficiente que cubriera las necesidades de los procesos;
b) El contrato se adjudicó de forma indebida, puesto que la información que entregó el proveedor para el cumplimiento de las bases de licitación no fue fidedigna. Señaló que el sistema operaba en el Ayuntamiento de Tijuana, el Colegio de Bachilleres de Jalisco y el Ayuntamiento de Playas de Rosarito al 100%, pero se comprobó que no fue así y el TEPJF no lo verificó antes de adjudicar el contrato;
c) La Dirección General de Sistemas no aplicó adecuadamente los procedimientos sobre las etapas de factibilidad, requerimientos, selección, configuración, implementación y post-implementación.
d) El pago de 9.7 millones de pesos correspondió a la licencia de derecho de uso del software, pero este rubro continúa sin resultados.
Por todo ello, la ASF promovió una responsabilidad administrativa para que se sancionara a los servidores públicos por las deficiencias que derivaron en el pago injustificado a la empresa. También se emitió un pliego de observaciones porque se presume un daño patrimonial por el monto total de lo pagado, esto es 9.7 millones. Finalmente, la ASF recomendó analizar la procedencia de continuar con el contrato.
Adicionalmente, las mencionadas personas involucradas en este caso, Amézquita y Luna Fandiño, promovieron el otorgamiento de un contrato por más de 30 millones de pesos a la Universidad Técnica Fidel Velázquez, pero una oportuna intervención de algunos de los magistrados del Tribunal evitó que tal cosa se consumara.
El Tribunal, como se ve, también tuvo un affaire informático semejante al del Instituto Nacional Electoral, con la diferencia de que el INE no pagó nada a la empresa respectiva, Scytl, y en el Tribunal se erogaron más de 9 millones de pesos.