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desarrollaba en el Distrito Federal una burocrática tentativa de evasión de la realidad, armado de una cansina narrativa procesal tan llena de detalles sabidos y previstos como carente de respuesta a la pregunta central que tantos ciudadanos mantienen: ¿dónde están los estudiantes?
Entre la ausencia de avances reales sobre el tema central, el marrullero Murillo Karam quiso asentar la tesis oficial de ‘‘la pareja solitaria’’ (homenaje al libretista de la obra Aburto y Lomas Taurinas, 1994, editorial Los Pinos), un encapsulamiento local del binomio política-crimen organizado que remitiría sólo a lo municipal, Iguala como coto único de alta corrupción, a la hora de investigar y castigar el horror de fosas, levantones, torturas y asesinatos, además del financiamiento de campañas electorales y el cobro de regalías cuando el candidato ya está en el poder. Empecinado en individualizar el expediente de la narcopolítica en el matrimonio formado por José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa, el marrullero priísta hidalguense dibujó con pinceles expertos un autorretrato (este tecleador estuvo a punto de escribir selfie o usie, para verse más nais) de la clase política de todo el país, durante varias décadas y en todos los niveles.
El entretejido elemental que Murillo puso sobre la mesa para tratar de inculpar focalizadamente a ‘‘la pareja solitaria’’ es una confesión global, una radiografía colectiva, una develación esclarecedora de los mecanismos de entendimiento entre los poderes económicos, en este caso el llamado crimen organizado (CO) y los políticos que en realidad también forman parte de éste. Dinero para campañas de candidatos que, llegados al poder, entregan parcelas administrativas y conceden franquicias para el saqueo del erario a cuenta de lo recibido. Sicarios al servicio de los figurines políticos para enfrentar y acallar a los críticos y opositores. Convicción de impunidad blindada, pues a fin de cuentas todo está ‘‘arreglado’’. De lo micro a lo macro. De las presidencias municipales a las gubernaturas y al plano federal, pasando por las cámaras legislativas, las estructuras del Poder Judicial, las mafias partidistas, los procuradores, las policías y las fuerzas armadas, con la jugosa complicidad de empresarios, alto clero y medios de comunicación ‘‘amigos’’ y una sociedad cívicamente adormecida hasta que llegan casos extremos como el de Iguala (de los rubros antes mencionados se habla en general, a sabiendas de que en todo hay excepciones).
El otro ingrediente destacado dentro del rollo murillista es la pretensión de llevar el tema de Iguala al casillero del narcotráfico. A los normalistas los ‘‘confundieron’’ los policías de Iguala, ayudados luego por los del vecino municipio, Cocula, y los altos jefes del bando gobernante, Guerreros Unidos. Pensaban que eran parte de sus adversarios asentados en Chilpancingo, Los Rojos. Por ello la saña. Esa especie ya ha sido esparcida por funcionarios federales que hablan en corto a periodistas para que éstos la difundan sin fuente oficial. El siguiente paso podría ser ir ‘‘encontrando’’ que los normalistas rurales eran financiados por uno de los bandos regionales del narcotráfico, Los Rojos, en una historia de entendimientos al estilo colombiano entre guerrillas y cárteles. Y todo podría ir quedando, conforme al guión oficial, en un mero ajuste de cuentas. Se matan entre ellos. Condición normalista colateral.
El estilo de predilección por lo legaloide y el aparente culto extremo por el estado de derecho y sus tiempos, fases y restricciones, fue detonado ayer mismo por una serie de preguntas que le planteó la reportera María Idalia Gómez, del portal Eje Central, particularmente la que pedía explicar por qué intervino tan tarde la PGR en la tragedia igualteca. ‘‘¿Es discurso o es pregunta?’’, apremió el impaciente procurador, que se había pasado largo rato soltando un discurso sobre hechos conocidos y urdimbres de las que los sucesores suelen desmarcarse sonoramente (La Paca como referente metodológico, por dar un ejemplo).
Aunque, en realidad, el ex gobernador de Hidalgo no tiene mucho de qué preocuparse, pues por arreglos entre EPN y la ‘‘oposición’’ será fiscal general de la República durante los nueve años próximos, autónomo e inamovible a tal grado que si a Los Pinos llegara un opositor tendría a Murillo Karam durante cinco años de ese sexenio como jefe máximo de la procuración federal de justicia. Por lo pronto, dejó evidencia pública del talante poco respetuoso hacia el ejercicio reporteril y la vocación autoritaria hacia un periodismo postrado, que sólo haga preguntas cómodas, circunscritas a los trazos que el funcionario desea, condicionadas incluso a un número establecido a sus pistolas por esos presuntos servidores públicos que en este caso deberían estar empeñosamente dispuestos a explicar e informar hasta el cansancio lo que los mexicanos demandan saber.
Otros asuntos daban muestra de la purulencia institucional, mientras ciudadanos marchaban y manifestaban por las calles su exigencia de verdad y justicia en el caso Ayotzinapa. Un personaje de apellido Plascencia, jefe de la plantilla de consumidores impunes de gran presupuesto público para hacer recomendaciones condicionadas por los poderes políticos, meras elaboraciones sin consecuencias prácticas, buscaba colocarse en ruta de ser designado otros años en la ubre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Amado Yáñez era detenido para diversificar la atención pública y para permitir reposicionamientos grupales en el gran negocio de corrupción llamado Oceanografía. Y gendarmes, policías federales y marinos irrumpían en El Carrizalillo, Guerrero, al estilo de los peores momentos de represión de décadas anteriores, en busca de fosas y criminales involucrados en lo de Iguala (http://bit.ly/1wbK4N5) . ¡Hasta mañana!
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Fuente: Jornada.
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