Noticia publicada a las 01:57 am 16/04/14

Por: Fermín Alejandro García.

PUEBLA, PUE.- El motivo principal por el cual la administración de Rafael Moreno Valle Rosas decidió echar mano de su aparato represor contra tres líderes del movimiento opositor al gasoducto Morelos, se debió a una presión que ejerció el gobierno federal para que ya se permitiera el paso de la obra, en la región de Atlixco,

luego de que en Morelos se ha avanzado en el proyecto y en la entidad poblana no se logra convencer a la población desde el año 2011.
También trascendió que se llegó a esta situación extrema debido a que fracasó el cabildeo que intentó Rafael Moreno Valle Rosas con el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, para buscar frenar el activismo de la legisladora federal Roxana Luna Porquillo, quien es la líder del movimiento “Los de Abajo” y encabezan parte de la resistencia al gasoducto.
Al mismo tiempo se sabe, de una fuente bien informada, que el gobierno federal se ha quedado sorprendido de la torpe solución que ha ofrecido la administración morenovallista, ya que lejos de lograr que la población acepte el paso de la obra, se ha detonado un conflicto político–social en donde lo único que se provocará es que se incremente la resistencia de la población hacia el gasoducto Morelos, que representa un riesgo para los habitantes de 10 municipios poblanos.
Esta situación es una muestra de la carencia de oficio político del gobierno de Moreno Valle, que no sabe afrontar o solucionar conflictos políticos–sociales sin echar mano de la represión, consistente siempre en mandar a encarcelar a los dirigentes de los movimientos populares con acusaciones extremas o delitos fabricados.
Dicho comportamiento resulta incomprensible en un gobierno en donde la prioridad es el cuidado de la imagen personal de Rafael Moreno Valle Rosas como parte de su proyecto de ser candidato presidencial.
A medida que avanza el sexenio se acrecienta la fama pública de Moreno Valle Rosas de ser un represor consumado de sindicatos –entre los que se encuentran los del Colegio de Bachilleres, del Hospital del Niño Poblano, de burócratas y del ayuntamiento de Puebla–, de movimientos populares, de medios de comunicación, de panistas no alineados y en general de todo aquel actor social o político que disiente con el titular del Poder Ejecutivo.
Pareciera que nadie ha podido asesorar a Moreno Valle con la experiencia que vivió Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del estado de México, a quien le tocó enfrentar el escándalo por la represión que hubo contra los movimientos populares de San Salvador Atenco y que le pudo costar no haber llegado a la candidatura presidencial.
Ahora, que la detención de los ambientalistas Juan Carlos Flores, Enedina Rosas y Abraham Cordero, a quienes se les está dando un trato de delincuentes peligrosos, cuando su oposición al gasoducto está más que justificada, ya que se quiere colocar una instalación peligrosa cerca de centros de población y en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, se incrementará esa fama de represor del mandatario y pondrá en tela de juicio su capacidad de resolver conflictitos.
Con un gobierno priista se habría –seguramente– buscando dividir a los movimientos y comunidades opositoras al gasoducto, negociar obras públicas a cambio de aceptar el paso del proyecto o en un momento extremo, propiciar un enfrentamiento entre quienes resisten y la Policía para justificar el encarcelamiento temporal y por delitos menores de algunos dirigentes populares.
Esas posibilidades no se pusieron en marcha con el actual gobierno por la carencia de negociadores y de funcionarios con capacidad de dialogo, de hacer operaciones políticas de largo plazo. Por eso se recurre al uso de la violencia extrema.
Así como están las cosas, la administración de Moreno Valle va caminando a tener su propio “Atenco”, y eso lo convierte en un gobierno extremadamente peligroso.
El síndico, un dolor
de cabeza para Gali

Un primer servidor público que está empezando a colmar la paciencia del edil de Puebla, Antonio Gali Fayad, es el síndico municipal, Héctor Sánchez Sánchez, quien lejos de resolver los problemas de la Comuna solamente se dedica a meter en problemas al alcalde.
En la medida en que avanzan los primeros 100 días de gobierno de Gali, se ha puesto en evidencia que el síndico es un personaje sin aptitudes para resolver conflictos, que carece de la experiencia jurídica que requiere el cargo y que no actúa en contra de la corrupción.
Héctor Sánchez tendría que haber sido alguien que operara una correcta convocatoria para la elección en juntas auxiliares y no lo hizo, lo cual ha generado un severo conflicto político para el gobierno de la capital.
Se dice que en el área jurídica del ayuntamiento nada se mueve sin que haya un pago ilegal de por medio y frente a esa situación, no se sabe que el síndico muestre interés por acabar con esa ambiente de corrupción. Frente a tal situación es pertinente preguntarse: ¿No lo hace por complicidad o por negligencia?
Es tan grande el malestar contra el síndico que empieza a ser llamado “el hombre del mañana”, y no porque sea un político con mucho futuro, sino porque se ha acrecentado su fama de que los asuntos no los resuelve con la inmediatez requerida, sino todo lo aplaza o de plano se desinteresa por los problemas.

Fuente: Diario Cambio.

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