Por: Juan Manuel Asai.
El ejercicio de la libertad de expresión es indispensable para la construcción, mantenimiento y consolidación de un régimen democrático. Es justo que los periodistas reciban garantías para realizar su trabajo. Informar de manera profesional a la sociedad se debe considerar un bien colectivo.
Lo anterior no quiere decir que los periodistas
estén por encima de los ciudadanos comunes y corrientes. Nada de eso. Tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro compatriota. Si los periodistas se equivocan, se tienen que atener a las consecuencias de sus actos, como todos.
Narvarte.—Lo anterior porque en tiempos recientes periodistas que en algún momento ejercieron el oficio en Veracruz se han visto envueltos en episodios de violencia criminal que merece un deslinde claro para saber si su oficio fue, o no, detonante de los hechos. En el caso de la matanza de la colonia Narvarte, una de las víctimas, el único varón, resultó ser un fotoperiodista que había salido del estado de Veracruz, según lo dijo él mismo, por problemas con las autoridades locales. Se encontraba en el Distrito Federal tratando de reencauzar su carrera. Hasta donde van las investigaciones, puede afirmarse que su presencia en la escena del crimen fue circunstancial, pues ya había salido cuando resolvió volver. Esto no quiere decir que su muerte atroz merezca menos atención, quiere decir que no lo mataron por ejercer el periodismo. La investigación está en curso, pero muchas personas se adelantaron a los hechos y dieron por sentado que se trató de una represalia por su trabajo periodístico hacia el gobernador del estado de Veracruz. El gobernador Javier Duarte ha dicho en diversos foros que reporteros veracruzanos andan en malos pasos y que eso los pone en posición de riesgo, no sus notas de sesgo desfavorable para el gobierno estatal.
Orizaba.—Pocos le creyeron hasta que hace unos días, la madrugada del jueves para ser exactos, otro periodista murió en el curso de una balacera registrada en un bar ubicado en el centro de la ciudad de Orizaba. Resultó que en compañía de otros dos colegas reporteros, confraternizaba por los mandos locales de la banda criminal de Los Zetas que tanto daño han hecho a la gente de Veracruz. Los reporteros que sobrevivieron perdieron el empleo, pues su jefes del periódico El Buen Tono aseguraron que no tenían por qué estar conviviendo con delincuentes. O sea que no estaban cumpliendo una orden de trabajo, sino chupando tranquilos con un puñado de demonios.
Hay que precisar que los reporteros no están detenidos ni se les ha fincado ninguna responsabilidad. Las autoridades los están custodiando, ya que fueron testigos de la matanza. No fue un ataque contra el periodismo veracruzano, fue un ajuste de cuentas entre bandas de matarifes. Los reporteros estaban ahí, conviviendo, porque se hicieron cuates de los diablo. Todo esto no exime al gobierno estatal de la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos. Lo mismo puede decirse con las autoridades del Distrito Federal por el caso de la Narvarte.
Que haya este tipo de balaceras demuestra que la problemática de seguridad amainó, pero no ha cesado. Es una desgracia que profesionales de la información hayan muerto en estas condiciones. Su muerte no debe quedar impune. Una cosa debe quedar clara para entender lo que están pasando: no estamos, en los casos referidos, ante ataques a la libertad de expresión, sino ante manifestaciones de violencia que a todos duele. Lo que importa, al final de cuentas, no es el oficio de las víctimas, sino que hay asesinos sueltos que suelen salirse con la suya en la Narvarte y en Orizaba.
@juan_asai
Fuente: Crónica.
















