Por: Marco Cortés Guardado.
Hasta ahora, y desde al menos 1982, México ha pasado por varios ciclos de reformas importantes, cuyos efectos agregados han transformado al país con indiscutible amplitud y profundidad. Pero ellas ocurrieron a contraluz de un antecedente que no se puede dejar de mencionar.
Muy esquemáticamente dicho, en materia de cambio social, económico, cultural y político, México divide en dos su historia del siglo 20: un largo periodo revolucionario, con cambios profundos y de gran envergadura, y un singular periodo de reformas, con cambios graduales pero no por ello menos trascendentes.
El primer gran acontecimiento del siglo 20 del país, la revolución mexicana, transformó la realidad nacional y al cobijo de sus ideas, valores y principios se construyó una peculiar estructura social, económica y política, que pervivió hasta finales de la década de los 70.
El modelo de desarrollo y el modelo de Estado heredados de la revolución inician un periodo de crisis con el arranque de los 80, y junto al desvanecimiento inevitable del modelo de desarrollo concebido por el nacionalismo revolucionario, se inicia un periodo intenso de reformas que termina desmantelando el régimen político, económico y social de la revolución.
Las reformas que le dieron la puntilla fueron implementadas por Carlos Salinas de Gortari, quien llegó al poder mediante un gigantesco fraude, según sus adversarios, erigidos, no casualmente, en los últimos defensores del régimen defenestrado. Independientemente de la buena o mala fama de Salinas, sus reformas le dieron estructura y propósitos al modelo de desarrollo que ahora prevalece en el país. Llámese neoliberalismo expoliador o modernidad simplemente, este nuevo régimen no requirió de las armas para entronarse.
Y bueno, si el régimen de la revolución estuvo vigente durante casi 70 años, el ciclo reformista lleva poco menos de la mitad de ese tiempo. Desde Miguel de la Madrid ha habido reformas, reformitas y reformotas. Se han reformado el Estado y el sistema económico; la política y las finanzas; el régimen fiscal y las leyes laborales; las relaciones del Estado con las Iglesias y la política social; se desmanteló el proteccionismo y se privatizaron empresas estatales; se modificaron las leyes electorales y el sistema de comunicaciones; se crearon órganos de transparencia y rendición de cuentas, se instituyeron formas de la democracia directa y se han fortalecido los derechos humanos; se han aprobado reformas educativas, hacendarias, agrarias, urbanas, de salud, administrativas y monetarias. En suma, ha sido reformado casi todo en este país.
A la luz de tamaño expediente, extraña forzosamente que no se hayan dado reformas de similar envergadura en el ámbito del Estado de derecho. No es que no haya habido modificaciones en el sistema de justicia (las ha habido tanto en el periodo revolucionario como en el reformista). Pero sigue haciendo falta una reforma judicial profunda y de verdadero impacto. De hecho, el consenso al respecto (junto con la necesidad) es lo que se ha venido incrementando rápidamente.
Cada vez más voces reclaman meter mano en el sistema de procuración y administración de la justicia, y de hacerlo lo antes posible. Porque la historia reciente nos ha enseñado que muchas de las grandes reformas han sido convenientemente capitalizadas por los cuates de los reformadores, más que por el país. El tamaño del pastel que se va a partir con las reformas energética y de comunicaciones, por ejemplo, es descomunal. También lo es el tamaño de la corrupción que se dará en el proceso, habida cuenta de que para la transa no hay impedimentos.
La diferencia entre un festín de corrupción y reformas conducidas dentro de la ley, es una pronta reforma al Estado de derecho. No es fácil diseñarla y llevarla a cabo, pero es urgente e imprescindible. A tal grado, que en la capacidad de imponer la ley como es debido, radica el que sigamos siendo una democracia fallida (típica de un país bananero), o una democracia verdaderamente efectiva (para usar la categorización de un señor llamado Christian Welzel).
Fuente: Reforma.
















