Por: JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH.
Las pugnas y fragmentación entre las élites políticas en la competencia por el poder y la eliminación del adversario se suman a la atmósfera de la inseguridad en que germina la violencia política. El mensaje de los ataques entre candidatos presidenciales y de otros niveles por corrupción es referente en el ambiente y detonan la molestia contra el mundo de la política. Más grave aún, la falta de contención hace más vulnerables a sus integrantes.
El fenómeno se ha hecho, particularmente, visible a nivel local y ofrece uno de los mayores retos al desarrollo de las campañas democráticas del proceso electoral más complejo en la historia del país con comicios en 30 estados y la renovación de 8 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX.
Los datos sobre la irrupción de violencia política en los estados donde habrá elecciones en 1,596 municipios y se elegirán 972 nuevos diputados de los congresos locales hablan de una frágil civilidad política que se rompe cada vez con más frecuencia por intereses dispuestos a resolver las diferencias o lograr objetivos fuera de la política. Tan solo entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 se produjeron 83 agresiones en contra de actores políticos en 25 estados y 76 municipios del país. En varios de esos estados, por ejemplo, instituciones como el INE también encuentran serias reticencias para organizar las elecciones y han tenido que acceder a contratar personas de la localidad como les exigen en varios municipios.
Las señales de alerta están a la vista, pero las élites políticas, lejos de verlas, apuestan por estrategias de guerra sucia que, en el contexto de violencia que vive el país, tienen un potencial desestabilizador. Con frecuencia se señala la creciente influencia del crimen organizado en los procesos políticos locales para explicar el aumento de la violencia política. Alrededor de 8 de cada 10 ataques ocurridos en los últimos seis meses causaron la muerte de alcaldes, exalcaldes o precandidatos a esos cargos, sin que en las investigaciones de las fiscalías hayan arrojado culpables ni explicaciones claras de los móviles de los crímenes, tal como sucede con casi todas víctimas de delitos.
A pesar de que las averiguaciones no esclarecen los hechos, por lo general los crímenes y agresiones quedan impunes, pero se atribuyen a la influencia de grupos del crimen organizado por su cada vez mayor control sobre las estructuras políticas locales. Pero en estos diagnósticos habría que incluir también la débil institucionalidad de los gobiernos locales y federal para garantizar la protección de los aspirantes a cargos de elección popular. Así como la explosividad para la institucionalidad de las denuncias contra la PGR de usarse para el espionaje o como instrumentos para lanzar campañas por corrupción contra adversarios políticos. Si las instituciones no nos protegen de la inseguridad y tampoco garantizan el derecho a la justicia de todos, fuera de la lógica de la competencia política, cuáles serán los incentivos para respetar los límites de la lucha política democrática y pasar directamente a la agresión o al uso de la fuerza.
Las pugnas políticas, en ese sentido, abonan a la atmósfera de inseguridad que genera la criminalidad, sobre todo cuando las instituciones se muestran omisas para sancionarlo y, a la vez, como rehenes de la lucha política. Este es el grave escenario que dibuja la “guerra sucia” entre el PRI y el Frente por México si aceptan combatir sin reglas, porque ello sólo puede conducir a la violencia como forma de vida. Si los partidos se dirigen a las urnas con estrategias de eliminación del contrario por caminos que exceden los límites de la política, el costo de su choque será minar la institucionalidad y alentar el uso de la violencia como estrategia de aniquilación del adversario. ¿Quién podría gobernar así después de las urnas?
Fuente: Excélsior.
















