Por: Daniel Aceves Villagrán*.
* Arribamos a un sistema garantista que ha despresurizado los 79 Ceferesos y Ceresos que existen en el país.
“Crisis de justicia en México. Cómo un esfuerzo respaldado por Estados Unidos para reparar el Sistema Judicial de México provocó disturbios”, título del reportaje del reportero
Joshua Partlow publicado por el diario estadunidense The Washington Post (TWP),
que apunta la confusión generada entre quienes convergen en la reforma penal de México, que transitó de un sistema escrito a uno oral.
En su artículo, The Washington Post describe “crisis” judicial por una serie de deficiencias que afectan la aplicación de este esquema, cita entrevistas en las que se menciona que la suma de problemas pequeños está causando esta crisis.
El rotativo estadunidense menciona que el Nuevo Sistema de Justicia Penal mexicano (NSJP) proviene de una estructura legal antigua, basada en un sistema “inquisitorial”, aunque también señala que el NSJP es la revisión más profunda de la estructura legal de México en más de un siglo, la confusión reina en cada eslabón de la cadena legal, en un año en que, además se ha intensificado la violencia en México, en este contexto, de acuerdo con el reportaje, el resultado del Nuevo Sistema Penal Acusatorio ha sido tener menos personas encarceladas, señala que después de su implementación se tiene aproximadamente 14 por ciento menos presos en comparación con los que tenía antes de los cambios implementados en junio de 2016, es decir, más de 33 mil personas obtuvieron su libertad con estas reformas aprobadas desde el año 2008, con la transformación del modelo tradicional de procedimiento penal inquisitivo al proceso penal de corte acusatorio adversarial.
Asimismo, el reportaje publicado por el rotativo indica que desde 2008, el gobierno de los Estados Unidos ha invertido más de 300 millones de dólares en el nuevo sistema de justicia penal, específicamente para equipamiento de las cortes y entrenamiento a las policías y al personal legal, con el propósito de fortalecer la independencia de los jueces y proporcionar más derechos a los acusados en un país donde se sabe que las autoridades exigen sobornos, obtienen confesiones bajo tortura y evidencia médica, que bajo el nuevo sistema de justicia penal, los jueces tendrían mayor margen de acción para liberar a los sospechosos en espera de un juicio, lo que ha derivado en que menos gente esté tras las rejas.
En el caso de la Ciudad de México, en el reportaje se señala que hay 11 mil prisioneros menos, 30 por ciento menor al número que había antes de que entrara en vigor el sistema.
Precisa que un número considerable de sospechosos son liberados por errores cometidos por las policías y ministerios públicos mal entrenados, muchas veces errores en el papeleo y porque la cadena de custodia de la evidencia es regularmente violada.
Finalmente, el reportaje señaló que, a diferencia del pasado sistema penal, en el cual los jueces dictaban sentencias entre montañas de papel y puertas cerradas, ahora miran cara a cara a los sospechosos, situación que a decir de Jueces “es muy peligrosa”.
Arribamos a un sistema garantista que ha despresurizado los 379 Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y Centros de Reinserción Social (Ceresos) que existen, con base en la estadística oficial penitenciaria 2017 de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación.
Lo cierto es que, en el escaso margen de conciliación política por temas electorales, quedará pendiente una revisión total y cabal del sistema penal, en donde lo punitivo de las conductas de alto impacto deberán de ser una prioridad para la reclasificación penal.
* Analista.
Fuente: Excélsior.
















