Por: JORGE RETANA.
@JorgeRetanaYart
El año de 2017 ha sido el más violento del actual sexenio.
En las últimas semanas del año 2017, hemos asistido a un recrudecimiento de la violencia política en el país, asesinatos de presidentes municipales, dirigentes políticos, periodistas, en contra de las mujeres; además, el Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong alertó sobre posible dinero ilícito en campañas políticas de 2018,
lo que configura en ciernes, el peor escenario posible para una contienda electoral en donde se disputan 2,818 cargos de elección popular, el de Jefe del Estado Mexicano y titular del Poder Ejecutivo Federal, así como la comandancia sobre las fuerzas armadas nacionales. Se trata de tendencias que vienen de años atrás, pero, no obstante, los focos amarillos están encendidos.
El año de 2017 ha sido el más violento del actual sexenio: 2,000 muertes mensuales en promedio, por lo que las proyecciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública pronostican que durante 2017, serán más que los 22,855 homicidios dolosos registrados en 2011. Los homicidios a periodistas en el sexenio sumaron 12, incluyendo los dos últimos a los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez. Además, fueron ultimados 9 alcaldes de distintos partidos, en los últimos días, Mario Catalán Ocampo, precandidato del PRD a una alcaldía en Zihuatanejo, y Gabriel Hernández Arias, regidor del PRD en el ayuntamiento de Jalapa, Tabasco. Pero, de igual manera, las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las fuerzas armadas mexicanas por violaciones cometidas a las garantías fundamentales (debidamente acreditadas, de allí las recomendaciones) que establece la Constitución Política de México, llegaron a 166 para la SEDENA y 40 para la SEMAR, entre 2007 y noviembre de 2017, todas referidas a: desaparición forzada, ejecución extrajudicial (vulneración del derecho a la vida), detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, contra la integridad y la seguridad personal, contra la libertad, por agresiones sexuales, y por no presentar de inmediato a los detenidos ante el Ministerio Público. Tan solo el número de quejas ante la CNDH por presuntas violaciones a las garantías individuales (para el mismo periodo señalado) llegó a 10, 764 denuncias para el caso del ejército mexicano y 2,790 contra SEMAR, por el mismo tipo de presuntos delitos señalados arriba.
En el caso de las mujeres en diversas actividades políticas, FEPADE indica que entre 2012 y 2016, detectó 156 casos de violencia política contra las mujeres. De estos, tres fueron en 2012; uno en 2013, ninguno en 2014, y después ha venido el repunte: 92 se registraron en 2015 y 60 en 2016. La Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca son las entidades que concentran mayor número de denuncias en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.
El Observatorio Nacional Ciudadano, Justicia y Legalidad, con datos hasta octubre de 2017, estableció que “no contamos con las capacidades ni procesos institucionales que se requieren para enfrentar de manera eficaz a la delincuencia tradicional y organizada”, por lo que, en México se comete un homicidio doloso “cada 16 minutos con 9 segundos”, cuando aparece una nueva víctima en el país.
¿Se entiende ahora la urgencia y los términos aprobados de la Ley de Seguridad Interior? Sólo la demencia política, la frivolidad ante este drama humano, o la más brutal ignorancia y mala fe, pueden afirmar que esta barbarie debe o puede continuar, y que no es de urgencia nacional buscar otras opciones.
El blanqueo de capital (lavado de dinero) es la razón fundamental de los actos delictivos que proveen dinero a las organizaciones criminales, del orden común (asaltos, secuestros extorsiones) y transnacionales (tráfico de estupefacientes prohibidos, derecho de piso, inversiones en empresas y negocios lícitos e ilícitos, compra de voluntades, complicidades institucionales y asociaciones criminales diversas, lotes completos de armas, incluso, tráfico de órganos, por mencionar algunos). Si no los pudieran gastar o invertirlos para obtener mayores recursos de diverso tipo, lujos y privilegios, no tendría sentido asumir el riesgo, incluso, de perder la vida. Por ello, el lavado de dinero ingresando a las campañas políticas es una inversión que se cobran exponencialmente y de distintas maneras, a las futuras autoridades públicas o representantes populares, las organizaciones delictivas.
En México, hace lustros que dicho tipo de dinero está en las campañas políticas y en distintos periodos. En nuestro país se optó por el modelo de financiamiento público a los partidos y sus actividades diversas, preferentemente, aunque hay la posibilidad de financiamiento privado, en un porcentaje que no supera el 10% del total. En ambos casos, su acceso a los recursos y los usos, está debidamente reglamentado, y sus infracciones, sancionadas, incluyendo la cárcel o la pérdida del registro. Así los partidos, como instituciones de interés público son parte del Estado, del sistema político, con derechos y obligaciones claramente establecidas. El modelo de financiamiento público pretende justamente evitar el dinero ilícito y el bajo porcentaje de dinero privado autorizado, evitar la compra de campañas, y por tanto, la inequidad ante otros contendientes que carezcan de amplios recursos privados. Pero en México esto se evade de dos maneras: mediante el ocultamiento contable-bancario del origen de los recursos, y mediante el desvío de dinero público cuyo uso legal ha sido aprobado para otros fines. Así, el dinero ilícito no es solamente el de origen en las organizaciones criminales, sino el de funcionarios públicos que desvían recursos destinados originalmente para otros fines y los incorporan a las campañas políticas, para tener, de esa manera, una ventaja mal habida, ilegal, contra sus contendientes, y mucho de ese dinero, va a dar a los bolsillos privados de los operadores políticos. La compra del voto o los sobornos a los votantes generando clientelas políticas extensas, de nivel nacional, que puedan decidir una votación, son un objetivo político estratégico, sin dejar de mencionar los resquicios existentes en los ordenamientos legales respectivos, que permiten diversas maniobras que favorecen el lavado de dinero, los recursos jurídicos para enredar y dilatar los casos sospechosos, más las presiones políticas que se han registrado, todo, lo incentiva en las formas antes mencionadas, y pueden llegar a hacerlo irrastreable. Banco de México ha dicho que en tiempos de campañas políticas el flujo de dinero circulante en efectivo aumenta hasta 6 veces más que en tiempos normales. Entonces, el fenómeno está fuera de control y nutre completamente a las campañas políticas, no es dinero marginal sino determinante en el proceso político.
Hasta la fecha, el caso de 2012 del expediente de investigación de la estructura de financiamiento paralelo Monex-Soriana-empresas fantasma-PRI-EPN, quedó en el aire. De manera, que el llamado de Osorio Chong, debió ser completo y en primer lugar a sus compañeros de partido y gobierno.
Por ejemplo, de la última contienda electoral celebrada el 4 de junio de 2017, la FEPADE integró 30 carpetas abiertas por financiamiento ilícito de las campañas en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz; incluidas las de cuatro candidatos a gobernador; diez de las carpetas corresponden a presuntos delitos que pueden derivar en lavado de dinero. En tales investigaciones están involucrados, candidatos, partidos y hasta candidatos independientes (como Hilario Ramírez Villanueva, “Layín”, aspirante a gobernador por Nayarit, quien es investigado porque al parecer, gastó cuatro veces más de los recursos que documentó, y alguna vez confesó que “robaba poquito”). Aquí, el ex fiscal Santiago Nieto resultaba confiable para estos casos. Veremos cómo actúa el nuevo fiscal.
En las elecciones presidenciales de 2012, el tema se documentó numéricamente:
“En 2012, año de elección presidencial, el flujo de efectivo aumentó 37 mil 374 millones de pesos de febrero a junio (…) “El aumento es desproporcionado y sale de los patrones normales de demanda de dinero. Un año antes el flujo había disminuido dos mil 958 millones de pesos en el mismo periodo y un año después, en 2013, el flujo también disminuyó, ahora en cinco mil 119 millones de pesos. Todo ello sugiere que una porción significativa del aumento del flujo de efectivo en 2012 puede deberse a actividades relacionadas con el proceso electoral.” Desorbitado aumento de dinero.
(http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/29/1166295)
No olvidar tampoco, que una gran cantidad de este tipo de recursos susceptibles de introducirse en las campañas políticas en curso, está ya en los circuitos monetario-financieros mediante los sistemas bancarios, internos y externos, lo que facilita su introducción y/o traslado. Una señal de alerta, es cuando los candidatos reparten sobornos disfrazados, como, aparatos electrodomésticos (incluso refrigeradores, computadores y equipos electrónicos) que disparan tremendamente el gasto.
La legislación mexicana actual establece mecanismos, procesos y ordenamientos normativos razonablemente correctos, pertinentes, de fiscalización, supervisión, registro y reportes (sin que pueda considerarse de vanguardia), de los recursos usados en campañas, pero, los plazos de investigación y resolución son los que aparecen como desfasados: por ejemplo, de las elecciones celebradas en junio de 2017, hay muchos casos investigados que aún no se resuelven, los motivos son distintos. Aunque, es recientemente, cuando se introdujo en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la figura del delito por el uso de dinero de procedencia ilícita en el ámbito de las campañas electorales. Los especialistas comentan, que sin el detalle conceptual y procesal necesario. Esto permite márgenes de maniobra muy grandes para el blanqueo de dinero. Los operadores políticos y los “donantes-inversionistas”, los desviadores profesionales de recursos públicos hacia campañas, también lo saben, así que los casos posibles, en su abundancia, seguramente, rebasarán a las autoridades competentes. No será fácil detectarlos, investigarlos, corroborarlos y sancionarlos. Al contrario. Y nuevamente, como en otros temas, la impunidad será la regla reiterada, no la excepción.
Fuente: Sdpnoticias.com
















