Por: Eduardo R. Huchim.
El pasado 25 de marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF), después de un interesante debate, impuso al Partido Verde (PVEM) una multa de $76.1 millones, como sanción por una parte de su ilegal y descomunal propaganda que las autoridades no han podido frenar,
de tal suerte que la publicidad del tucán va viento en popa mediante imaginativos medios propagandísticos que serían encomiables si no violaran la Constitución y las leyes, si no hubieran dinamitado la equidad y si no constituyeran una continuada burla al Instituto y al Tribunal comiciales.
Como esa propaganda sí viola, dinamita y se burla, es preciso reiterar que la única forma de volver al piso parejo en el actual proceso electoral es cancelarle el registro al PVEM, no sólo para restaurar la equidad sino para afirmar la vigencia de la Constitución y del entramado legal e institucional en materia de elecciones.
Iniciado por denuncia de cinco partidos y el senador Javier Corral, el asunto resuelto el 25 de marzo fue la propaganda, disfrazada de informes legislativos, que difundieron diputados y senadores del PVEM mediante ¡239 mil 301 spots (impactos)! en radio y tv, antes del inicio del proceso electoral y durante su desarrollo, con lo que se alteró el principio de equidad y se violó el modelo de comunicación política. Los anuncios fueron transmitidos por 48 concesionarios de tv y una radiodifusora, cuyas sanciones están pendientes.
El grupo parlamentario del PVEM invirtió supuestamente $76 millones en esa propaganda, en un contexto en que los partidos y toda persona física o moral tienen prohibido, desde la Constitución, adquirir tiempos en radio y tv para fines partidarios.
Las sanciones les son cobradas a los partidos mediante una reducción de su financiamiento público, que se otorga fundamentalmente para gastos ordinarios y de campaña. Uno de los puntos de mayor debate, el 25 de marzo, fue a qué financiamiento debía descontarse la sanción. El autor del proyecto, Salvador Nava Gomar, proponía que se redujera del dinero para campaña porque -dijo- si se hiciera sólo del presupuesto ordinario, se comenzaría a aplicar en abril, terminaría en septiembre y sólo afectaría dos meses de la campaña.
Se materializaría así una suerte de “Infrinja ahora, pague después”, comentó el magistrado. Y los hechos le dieron la razón, porque de inmediato el Partido Verde anunció que contratará un crédito por 150 millones de pesos con el banco Interacciones para compensar las multas (Reforma, 26/03/15), lo cual constituiría nueva burla a las autoridades que, en el caso del TEPJF, votaron mayoritariamente por no afectar el dinero para campaña.
La sentencia del 25 de marzo implicó una desautorización a la Sala Regional Especializada del propio TEPJF, instancia creada en 2014 y cuya función es resolver los procedimientos especiales sancionadores. Esa sala, presidida por Clicerio Coello, sancionó inicialmente al PVEM con una ¡amonestación pública!, pese a la gravedad de la infracción. Como la Sala Superior revocó su sentencia, la Sala Regional ordenó entonces interrumpir durante siete días la transmisión de la propaganda en tv asignada por el INE. El 25 de marzo, la Sala Superior volvió a revocar el fallo de la Sala Especializada y asumió plenitud de jurisdicción para imponer directamente la mencionada sanción pecuniaria.
Uno de los asuntos pendientes es cuánto ha invertido el PVEM en su propaganda. El propio partido anunció que gastaría 320 millones (Reforma, 18/02/15), que supuestamente provienen de sus ahorros en prerrogativas, pero sus adversarios han hablado de lavado de dinero. El límite aprobado para una campaña de diputado es de $1,260,038.34, cantidad que, multiplicada por 300 distritos, da un total de $378 millones. Es probable que esta cifra haya sido rebasada ya por la propaganda del PVEM ¡antes de que empiece la campaña! Y en ese rubro la Comisión y la Unidad de Fiscalización del INE tienen una importante tarea. ¿Actuarán conforme a los principios que les impone la Constitución? Veremos.
@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















