Por: Eduardo R. Huchim.
El proceso electoral en curso está siendo marcado por la conducta sin precedente de un partido político, el Verde Ecologista de México. No ha habido antes un partido que viole la ley una y otra vez y desacate, también reiteradamente, las disposiciones de las autoridades comiciales.
Acuerdos y medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral y sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han ido y han venido… y el Verde los ha desacatado sin que ninguna autoridad haya podido frenar su acción políticamente depredadora.
En ese marco, el INE y el TEPJF no se han atrevido a afectar los tiempos en radio y tv del Verde y, en el caso del INE, tampoco ha ordenado una auditoría profunda a las finanzas de ese partido, en términos de los artículos 191.d) y 192.f) de la Legipe. Así, el órgano comicial no podrá saber ni el monto ni el origen de lo erogado por el Verde, rubros donde puede haber sorpresas importantes.
Desde otro ángulo, resulta irritante que, para apoyarlo en su proselitismo, el gobierno federal haya instaurado un absurdo programa de vales de medicamentos, cuyos ociosos centros de canje implican en el DF una inversión de 4.8 millones de pesos y han beneficiado en dos meses ¡a 7 pacientes! (Natalia Vitela, Reforma, 16/05/15).
El Verde ha roto la equidad, trastocado el modelo de comunicación y hecho erogaciones enormes en propaganda, pero las sanciones que le han impuesto no lo han disuadido de violar la Constitución y las leyes. La multa de 322 millones de pesos, por la propaganda disfrazada de informes de sus legisladores, es sin duda cuantiosa. Ella sola equivale al financiamiento ordinario de ese partido, que asciende a 323.2 millones de pesos, y si se confirmaran todas las demás multas, el total ascendería a unos 600 millones que, en teoría, dejarían sin recursos a ese partido para continuar sus campañas proselitistas en el actual proceso electoral. Pero la realidad es distinta, por las siguientes razones:
a) El financiamiento para campañas, que asciende a casi 97 millones, no ha sido tocado ni se tocará. Esta circunstancia llevó a Salvador Nava Gomar, magistrado de la Sala Superior del TEPJF, a argumentar el 25 de marzo que, al aplicarse las sanciones sólo al financiamiento ordinario y no al de campaña, se permitía el “infrinja ahora, pague después”, como comenté en su oportunidad (Reforma, 02/04/15).
b) Si es ratificada por el Tribunal, la sanción de 322 millones se cobrará después de las elecciones del 7 de junio, pues se comenzará a hacer efectiva al mes siguiente de que quede firme la resolución, esto aparte de que la acumulación de multas puede demorar aun más su cobro.
c) Adicionalmente, las sanciones no se pagan en una sola exhibición, sino se da a los partidos la comodidad de hacerlo a plazos. En este caso, se pagará mediante sucesivas reducciones mensuales de 40% del financiamiento público ordinario.
Con todo y lo cuantiosa que pueda parecer la cifra de 322 millones y pese a su carácter histórico -como histórica es la conducta del Partido Verde-, lo cierto es que su efectividad como medida disuasoria ha sido nula.
De ahí que tenga mucho sentido el proyecto de acuerdo del Consejo General del INE que, a solicitud de ocho de sus integrantes -los consejeros del Poder Legislativo de PAN y PRD y los representantes de los partidos PAN, PRD, del Trabajo, Morena, Humanista y Encuentro Social- se discutirá y votará en la sesión de este miércoles. El proyecto ordena “el inicio del procedimiento de pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México por incumplir de manera grave y sistemática las obligaciones que le señala la normatividad electoral”, solicitud que el 29 de abril también fue presentada ante el instituto con las firmas de más de 140 mil ciudadanos.
¿Se atreverán los consejeros del INE a ejercer a plenitud sus atribuciones y cancelar el registro del Verde? En el contexto de pusilanimidad en que frecuentemente se desenvuelve la mayoría de los consejeros con derecho a voto, es difícil. Pero no imposible. La utopía -decía Galeano- está en el horizonte.
• OMNIA
Aunque ha habido una feroz campaña, en buena parte impulsada por quienes desean servir al Príncipe, el INE hizo lo correcto al otorgar el registro a Marcelo Ebrard como candidato suplente. Su nueva candidatura ha sido impugnada por PRD y PVEM, pero la impugnación debe ser desechada por varias razones, entre ellas una inobjetable: los quejosos carecen de interés jurídico, como expliqué anteriormente.
@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















