Por: Froylán M. López Narváez.
Ante el incremento de la ansiedad, del desempleo, las violencias, el país mexicano se ha convertido en una magna nota roja, con criminalidades torvas, ubicuas, móviles. Lo cual ha impuesto la militarización de facto en varias regiones, en estados. Es de insistencia inevitable seguir y considerar Michoacán, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León. Sinaloa, si se hade atender a las áreas más victimadas, recurrentemente acosadas.
Ha dos días que Michoacán fue resguardada por las milicias. Prevalece la causalidad de que en Lázaro Cárdenas el arraigo del contrabando de mercancías ilegalizadas sea brete, “trabajo”, ocupación de centenares de personas, seguramente miles. Los estupefacientes y sus precursores químicos, la elaboración de drogas artificiales, sintéticas, llegó a convertirse en oficio, quehacer habitual en la serranía michoacana.
La Secretaría de Marina allanó el puerto. La Secretaría de la Defensa, la ciudad, y se dedica a la evaluación de los agentes. La Policía Federal operará especialmente en las carreteras y en el puerto. O sea un régimen policiaco militar. El maridaje entre policías municipales y criminales sometió al desarme de policías, al igual que a despojarles de controles. Para enmienda y quizás mejora, surge centro de adiestramiento para revisión de expedientes y calificación.
Divulgan autoridades que las acciones corresponden a un programa para la recuperación de lo patentemente perdido: la paz y la seguridad. Por supuesto el asunto se considera federal. Las explicaciones y razonamientos son centralistas, de la Federación. Eduardo Sánchez Hernández, vocero de Seguridad, extendió las explicaciones que revelan abiertamente que la Secretaría de Marina es actora mayor de los empeños por auspiciar tránsito libre y no del todo inseguro.
El extremo y la gravedad de lo que pasa en el país lo evidencia el “toque de queda” que se decretó en Matamoros, ciudad en donde la inmundicia asesina arrojó 13 sicarios muertos. De aquí que la panista Leticia Salazar determinase toque de queda por la tarde.
Como sea la vida ha de seguir, a pesar de que, como en Matamoros, no hay vialidad ni tránsito vehicular, salvo el imprescindible, no hay negocios y el ausentismo es precaución menor aconsejada.
Con lo cual se altera, se quebranta más, la escolaridad básica, sea cual fuere su calidad. El activismo arrojado de la CNTE no se frena, a pesar de que se amplía la defensa de los padres de familias que han tomado planteles, calles, jardines, para que sus hijos estén atendidos, los padres puedan trabajar y los educandos no abandonen hábito ni conciencia de escolaridad.
No ha habido asunción de medidas recias y definitivas para la contención de actuaciones indebidas, ilegales, de inconformidad que se creen o sueñan, algunos, con ser radicales y aún revolucionarios, desde no se sabe qué ideología, estrategia o aspiración. Se ha publicitado que quienes dan la cara y ordenan por “mandato” de asambleas. La nómina de activistas con imputaciones judiciales abarca a quienes encabezan los mítines, los mitotes y consienten violencias de distinto corte.
Rubén Núñez Ginez, inculpado de ataques a vías de comunicación; Francisco Villalobos, ambos de la sección 22 de la abrumada Oaxaca; no sólo por ellos, sino también por desempleos, corrupciones. Sus cargos judiciales son graves, sobre todo de motín y lesiones. Sus “contlapaches” de Guerrero, Gonzalo Juárez y Minervino Morán, líder y vocero de la CETEG de Guerrero, habrán de encarar detenciones, careos y quizás sanciones, pues, según lo que consta en actuaciones, han incurrido nada menos que en sedición. Concepto de raro uso ahora. En otros tiempos era moneda corriente para frenar demócratas sedicentes revolucionarios de conspiración no sólo verbal. Justificable, en el fondo, según se ha creído y hasta argumentado.
A pesar de cargos o documentos probables pero no probados, la inacción oficial produce aceleración en activismos y hasta pretensiones “locochonas”, diría un muchacho. Meta actual Quintana Roo, Cancún, para que se encaje más la violencia, sobrevengan pérdidas económicas, desprestigio de funcionarios, que no las traen todas consigo, ni mucho menos.
Como tampoco los inconformes. Los daños a terceros, a muchos, han dado lugar a protestas callejeras, a reclamaciones y al anuncio de que encararán a quienes bloquean, hacen pequeños robos, y perturban calles y avenidas principales. A quienes les va bien, a medias, requieren acciones sancionadoras represivas. Es la hora de echar leña…
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Fuente: Reforma.
















