Por: Saúl Arellano.
En un reciente diálogo, Mario Luis Fuentes y Lorenzo Córdova Vianelo (Consejero Presidente del INE) argumentaban que es necesario renovar nuestra democracia con base en lo que acordaron en llamar una “pedagogía democrática”. El planteamiento es mayor, pues implica la generación de nuevas capacidades, en prácticamente todas las instituciones del Estado,
para actuar siempre con base en la lógica de la democracia.
Lo anterior es mucho más que palabrería. Martin Heidegger, uno de los mayores filósofos en el siglo XX, sostenía que los regímenes democráticos, para sobrevivir, requieren siempre del ejercicio del liderazgo indiscutible de quienes ostentan la representación popular, o el gobierno de un país o una región.
Para hablar del tema, Heidegger definía al liderazgo como la capacidad de actuar, en todo momento, de tal modo que nuestro desempeño público resultase siempre digno de ser asumido como una actividad ejemplar para los demás, independientemente de su posición o creencias políticas.
Es decir, para la pervivencia de la democracia es indispensable que las personas dedicadas profesionalmente a la política sean efectivamente líderes sociales; esto es, personas con la credibilidad suficiente como para que la ciudadanía no dude en otorgarles la representación popular; pero más todavía, la capacidad para tomar decisiones a nombre de todas y todos, al grado que, en la terminología de Weber, estemos dispuestos a cederles el monopolio legítimo de la violencia.
Los datos que disponemos no dejan lugar a duda respecto de la urgencia que tenemos en nuestro país de renovar el diálogo y el ejercicio de la política, para situarla de verdad en los márgenes de lo democráticamente aceptable; y es que según todas las encuestas que se han llevado a cabo para captar la percepción ciudadana, las y los representantes en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, se encuentran en el sótano de la confianza ciudadana.
Lo mismo ocurre con los partidos políticos, a cuyos integrantes la ciudadanía los sitúa en el mismo nivel de desprecio que el que se tiene respecto de las policías preventivas y de tránsito o bien, al mismo nivel que los ministerios públicos o las policías ministeriales.
Una pedagogía democrática implicaría, por otro lado, asumir la premisa relativa a que es posible enseñar a actuar como demócratas; esto es, a desarrollar nuestras actividades públicas y privadas con base en los valores y principios de organización social, tales como la tolerancia, el respeto a las diferencias, igualdad, no discriminación y en general, todos los principios y valores que dan cause al cumplimiento y respeto universal de los derechos humanos.
Y es que hay un vínculo indisoluble entre los niveles de apoyo y credibilidad de los regímenes democráticos, y los niveles de vida y seguridad a que tienen accesos sus poblaciones; la ecuación es simple: a mayor bienestar, seguridad y equidad, el apoyo a la democracia como forma de gobierno es mayor, y viceversa.
El Informe Latinobarómetro 2013 no deja lugar a dudas. Para el caso mexicano, entre 2007 y 2012 se dio la mayor caída de respaldo a la democracia; esto coincide con el crecimiento, en más de 100%, en las tasas de homicidio, secuestro y en general, de criminalidad; pero también un crecimiento brutal en el número absoluto de pobres, llegando a más de 52 millones en el 2012.
Una pedagogía democrática requiere pues, mucho más que los cursitos de capacitación mediante los cuales se pretende cambiar la mentalidad y valores de las personas; es necesario que los gobiernos y representantes populares tengan la capacidad de construir marcos jurídicos y entornos institucionales con la capacidad de garantizar niveles de bienestar aceptables para todas y todos.
Como contrapartida, se encuentra la responsabilidad ciudadana desde la cual cada persona se asume y visualiza como portadora plena de derechos; pero también del deber ético de exigir el cumplimiento de los derechos; los propios y los de los demás. ¡Vaya tarea la que tenemos!
Twitter: @saularellano
Fuente: Crónica.
















