Por: Lucrecia Lozano.
Represión, vacío de autoridad, debilidad institucional, corrupción, enriquecimiento ilícito, impunidad, ilegalidad, infiltración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad, violación de los derechos humanos, ruptura del Estado de derecho, clientelismo, cacicazgos, negligencia, contubernio, barbarie, ingobernabilidad…
Agregue usted los conceptos que hagan falta a esta lista de problemas que corroen nuestra vida social y convierten nuestra vida institucional en contextos como los de Guerrero y Michoacán en una mera formalidad, en una máscara que oculta el rostro terrible de una realidad violentada por la negligencia, el descuido y el desinterés de nuestras autoridades y nuestra clase política.
No importa de qué partido hablemos: de derecha, de centro o de izquierda; tampoco de qué nivel de gobierno se trate: federal, estatal o municipal, a donde quiera que miremos vemos el mismo escenario y los mismos problemas que nunca se resuelven, pues al parecer no existe voluntad alguna para lograrlo.
Hacerlo implicaría que muchos protagonistas de la política nacional terminen en la cárcel.
Para el México del siglo XXI que desea proyectarse orgulloso ante el mundo tras lograr en un tiempo récord la aprobación de 11 reformas estructurales estratégicas, la corrupción se ha convertido en un modo de vida; la no rendición de cuentas en una aspiración política; la astucia para violentar la ley en un medio para concentrar más riqueza y poder; la impunidad en un recurso para ocultar y proteger la corrupción y los delitos, no sin antes haber minado y debilitado los cimientos del Estado de derecho.
Tenía que acontecer un crimen como la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de una Normal rural para que el gobierno federal y la clase política realmente se cimbraran.
Y no es que el tema de la desaparición de personas sea un fenómeno nuevo. Baste recordar el legado de los casi 30 mil desaparecidos del sexenio de Felipe Calderón, sobre los cuales ya casi nadie habla hoy.
Lo que sí es una novedad es que al parecer la corrupción, que durante tantos años ha sido la práctica maestra que permitió al sistema político, sus actores y beneficiarios -la clase política, sus partidos y los grandes intereses económicos- desarrollarse y enriquecerse, ha dejado de ser funcional para ese sistema. Hoy son más los problemas que genera que los beneficios que produce.
Lo mismo sucede con la impunidad, esa acción ejecutada por las autoridades responsables de respetar y aplicar la ley y que ha crecido de forma escandalosa en los últimos años.
La impunidad, que permitió ocultar, negar y justificar delitos, así como omitir la aplicación de la justicia, hoy se ha convertido en un búmeran que golpea a quienes la han prohijado.
Otras prácticas tampoco funcionan con la misma eficacia del pasado.
La descuidada designación de candidaturas por parte de todas las fuerzas políticas en las que el criterio del compadrazgo, el interés y los compromisos han prevalecido por encima de la capacidad y la honestidad evidencia, en el caso del fugitivo alcalde de Iguala, José Luis Abarca, no sólo la inoperancia de esta práctica, sino también sus terribles costos sociales y políticos.
Y no se diga de algunas de nuestras instituciones: fuerzas de seguridad municipales encargadas de velar por la paz y el orden de sus comunidades que protegen y realizan el trabajo sucio de grupos criminales al haber sido infiltradas por éstos; una Procuraduría General de la República que por negligencia o complicidad no da curso a demandas contra funcionarios públicos; efectivos del Ejército que ultiman a delincuentes tras enfrentarse con ellos y someterlos; una Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuyo titular es acusado de desvío de fondos y conducta no proba.
La lista es larga, la crisis profunda. La solución de estos graves problemas reclama la participación activa de la ciudadanía. Es claro que el gobierno no puede -o no quiere- cargar con este paquete.
Fuente: Reforma.
















