Por: Juan José Morales.
Señaló el Periodista Durán en su comentario, un detalle de suma trascendencia que la inmensa mayoría de la gente desconoce porque las autoridades han tenido muy buen cuidado de ocultarlo en las informaciones oficiales sobre la llamada reforma educativa y es la siguiente:
A los maestros no se les permitirá conocer los resultados de los exámenes
a que los someterá el gobierno a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Simplemente se les dirá si aprobaron o no. Y no hay que olvidar que de los resultados de la evaluación depende que el maestro conserve su empleo o sea echado a la calle.
En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional Docente aprobada por el PRI, el PAN, el Panal y el Verde, las evaluaciones serán obligatorias y periódicas. El profesor que repruebe la primera vez tendrá otras dos oportunidades para pasar, en un lapso de dos años, y si no lo logra será dado de baja. En ninguna de esas tres ocasiones, sin embargo, se le permitirá verificar si efectivamente reprobó o si la autoridad miente al decir que no pasó los exámenes.
Fácil es imaginar las arbitrariedades a que ello se presta. Para cesar a cualquier maestro que resulte indeseable o incómodo al gobierno o a los liderzuelos sindicales, bastará decir que no pasó la evaluación. Y contra ello no habrá defensa dentro de los términos de la ley.
Por otro lado, Nicolás Durán pone el acento en otro punto igualmente importante: quién tendrá a su cargo el diseño y aplicación de las pruebas a que serán sometidos los maestros.
Al respecto, recuerda aquel reciente y sonado caso en que la SEP tuvo que retirar millones de libros de texto gratuitos porque contenían errores garrafales, inclusive inaceptables faltas de ortografía. ¿Quién, entonces, va a garantizar que los exámenes a los maestros serán elaborados con estricto apego a los principios pedagógicos y a los lineamientos de una evaluación imparcial y objetiva?
Ya dijimos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, no se opone a la evaluación. Por el contrario, la pide. Incluso la exige. Pero realizada con criterios adecuados y por una autoridad imparcial y de indiscutible prestigio. Por ejemplo, la UNAM. Poner la evaluación en manos de una dependencia del gobierno equivale a abrir las compuertas a un torrente de injusticias y arbitrariedades.
Como se ve, mucha razón tienen los maestros al calificar de punitiva la evaluación. En la práctica no se trata de una medida académica, destinada a medir la preparación y el desempeño de los docentes y a mejorar la calidad de la educación, sino una mera triquiñuela persecutoria y represiva que permita violar sus derechos laborales y políticos.
Pero Peña Nieto y el secretario de Educación, con un talante autoritario e impositivo, no escuchan tan justas demandas e insisten en que no darán marcha atrás en sus pretensiones y que las impondrán “llueva o truene”.
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Fuente: Por Esto.
















