Por: SAÚL ARELLANO.
@ saularellano
Nadie, léase bien, nadie, podría jamás sostener que una niña, niño o adolescente que comete un acto delictivo debe quedar sin sanción.
Hace ya más de 10 años, el entonces Secretario General de la ONU, presentó el Informe Mundial sobre la violencia contra las niñas y los niños.
Con base en este diagnóstico, en México se llevó a cabo un análisis cuyos resultados eran y siguen siendo preocupantes: nuestro país es una de las naciones en que mayor violencia se ejerce en contra de las niñas y los niños.
En los años 2004 y 2005, UNICEF-México y su Consejo Consultivo presentaron los Índices de los Derechos de la Niñez Mexicana. Se trata de tres ejercicios de medición que miden el grado de cumplimiento de los derechos de la niñez en tres segmentos de edad: 0 a 5 años (la primera infancia); 6 a 11 años (la edad escolar) y 12 a 17 años (la adolescencia). En las tres dimensiones se documentó esencialmente que México es un país en donde se cumplen poco los derechos de la niñez; y en particular, que los niveles de violencia son muy elevados.
En el 2012, CEIDAS, A.C. presentó la actualización de los datos del Índice de los Derechos de la Niñez para el grupo de población de 0 a 5 años; y recientemente, Mario Luis Fuentes llevó a cabo la actualización, en el marco de las actividades que desarrolla el Programa Universitario de la Cuestión Social, del Índice para el grupo de edad de 6 a 11 años. El resultado: México sigue siendo un país inapropiado para la niñez; pero quizá lo más grave es que la violencia en contra de niñas y niños se ha incrementado notablemente.
Desconocer estos datos puede llevar a posiciones como las que se han visto en diversos medios de comunicación y particularmente en el nuevo “tribunal de la pureza” en que se han erigido miles de opinadoras y opinadores en redes sociales. En ellas se leen frases llenas de estulticia y rencor social, con base en las cuales se ha producido un linchamiento de opinión pública en contra de las y los adolescentes que cometieron el crimen atroz en contra del niño Christopher Raymundo Martínez Mora.
En Aguascalientes se reportó recientemente un caso similar: una niña fue brutalmente asesinada por dos de sus compañeros estudiantes de secundaria, y de inmediato se pudo leer en redes sociales una serie de frases que apuntan a un “populismo judicial” francamente peligroso para una sociedad que debe y puede transitar hacia una nueva cultura de derechos humanos.
Los señalamientos son tan ramplones como falaces: “estos niños no actúan como niños”; “No se trata de adolescentes, sino de delincuentes consumados”; “si eso hacen a esta edad, en el futuro serán peligrosos sicarios”; “una pena que considere su edad, pero no su crimen, sería injusta”, y así, una retahíla de incoherencias que surgen sobre todo del desconocimiento u omisión deliberada de las recomendaciones y principios construidos desde la Convención de los Derechos de la Niñez.
El primer contraargumento que debe señalarse es ¿cómo condenar a la niñez, por la comisión de actos violentos, si somos uno de los países que más los maltrata en el planeta? ¿Cómo atribuir sólo a conductas individuales, lo que de suyo es un problema estructural de la sociedad?
Nadie, léase bien, nadie, podría jamás sostener que una niña, niño o adolescente que comete un acto delictivo debe quedar sin sanción; empero, la cuestión de fondo es con qué criterios se diseñan tales sanciones y cuál es el sistema institucional, las políticas y procedimientos para garantizar el tratamiento psicológico adecuado, así como conducir un proceso de reintegración a la vida social.
Hasta ahora, el debate se ha orientado, comodinamente también de parte de las autoridades, hacia la responsabilidad de quienes cometieron el delito; empero, pocos han exigido a la autoridad, tanto a nivel federal como estatal, que describan y expliquen cuáles son las políticas de cumplimiento universal de los derechos de la niñez, tal y como lo manda el Artículo 4º de nuestra Constitución, en el cual se encuentra establecido el principio del “Interés superior de la Niñez”.
¿Dónde está el clamor de las redes sociales exigiendo que se nos explique por qué no funciona un sistema nacional adecuado de justicia penal adolescente? ¿Por qué no se exige desde los llamados al linchamiento que la autoridad cumpla con lo que ha dejado de hacer y que el Congreso destine los recursos que se necesitan para implementar el sistema nacional de protección a la infancia establecido recientemente en la Ley General en la materia?
Necesitamos construir un país apropiado para la niñez; no un nuevo territorio caníbal en el que los derechos humanos son ignorados y en el que se pide que la justicia penal para las y los adolescentes funcione a la manera de una “fuente ovejuna” contra la infancia.
Fuente: sdpnoticias.com
















