Por: RUBÉN ISLAS.
@RubenIslas3
Bajo la conducción de una clase política gris, el Estado mexicano se encuentra sujeto al capricho legal de los poderes fácticos, al juego de voluntades de partidos y dirigentes, al voluntarismo de activistas bien acomodados y a una sociedad genéricamente desinteresada por la política.
La Constitución se ha convertido en un galimatías jurídico,
el cesto al que hay que enviar todo para cuidarle las manos al enemigo o en el espacio para las ocurrencias legislativas de representantes que no pasarían un examen de civismo elemental.
Nuestra Constitución perdió su sentido como Contrato Social y como Norma Fundamental. De 1917 al día de hoy, su texto ha sido plagado de particularidades y temas que nada tienen que ver con el orden constitucional. Así, tópicos que en su texto original quedaban claros, como la propiedad de las aguas nacionales o la suspensión de garantías, pasan por el capricho trianual o sexenal de presidentes y legisladores que nada saben sobre lo que es una Constitución.
El hecho es evidente, los mexicanos no nos identificamos con nuestra Constitución, se trata de un texto raptado, amordazado y consagrado para uso de especialistas, leguleyos y políticos. Por ello, más que nunca, es el momento de salir a reivindicar la conformación de una nueva constitucionalidad, que recupere la noción del derecho político como instrumento para la sociedad civil y no como un obstáculo al cambio social.
En una época en donde la razón política nacional se traduce sólo en el triunfo electoral contingente del oportunismo partidario, las iniciativas en pro de la revisión formal y material de la Constitución, y de la conformación de un nuevo constituyente que retome la tradición política de los constituyentes de 1857 y 1917, adquieren un sentido revolucionario.
La revolución constitucionalista que México demanda, pasa por una profunda reforma del Estado que purifique los métodos y los contenidos de la política, la economía y la vida social del Estado mexicano.
Los Temas son diversos, transitan desde la conformación de una Ley de Desarrollo Constitucional (como lo propone el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) o de Leyes orgánicas de la Constitución (como en el sistema legal español), hasta el impulso de una iniciativa ciudadana que modifique el artículo 135 constitucional (como lo formula Por México Hoy) a fin de permitir convocar a un Congreso Constituyente que revise y transforme a la Carta Magna en derecho viviente y no sólo en norma viviente.
Es indispensable la reforma integral de la Constitución, que reincorpore el poder político a su real estatus social soberano; proteger a la Carta Magna de las asechanzas de los poderes fáticos. Recuperar su valor de orden jurídico superior y Contrato Social.
















