Por: José Buendía Hegewisch.
Los discursos sobre la transparencia y la anticorrupción suenan huecos, tanto como el reclamo de aplicar la ley sin colocar a la justicia como principio que oriente el restablecimiento del hoy tan reclamado Estado de derecho.
Las aguas turbulentas de la protesta y la furia han comenzado a bajar del nivel de los últimos dos meses,
en los que parecieron desembocar en la ingobernabilidad por la pérdida de controles institucionales ante la emergencia. El presidente Peña Nieto reconoció que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “marca la historia de Guerrero y del país”, pero llamó a “superar esta etapa”. No obstante, el horror del caso Iguala ha descubierto una trama más profunda de confrontación, resentimiento, con profundas heridas de las víctimas de antes y de ahora. En general, la crisis de seguridad y derechos humanos nos ha dejado ver un país roto por la violencia y el reclamo de justicia que corre transversal al abuso sistemático del poder y la corrupción que catalizó Ayotzinapa. Parece el regreso a la tranquilidad, pero sin paz.
El país “no puede seguir así”, reconoció también el Presidente al responder con un decálogo de acciones anticrimen que, sin embargo, pasaron por alto a las víctimas. En esa omisión se incuba la polarización y la dificultad de superar la emergencia sin una auténtica reconciliación y una reforma del ejercicio del poder. Se necesitaría cierta inmolación de las formas de ejercer el poder para restablecer la comunicación que las instituciones han perdido por el manejo político que se hace de ellas y la infiltración del crimen en sus estructuras. Los discursos sobre la transparencia y la anticorrupción suenan huecos, tanto como el reclamo de aplicar la ley sin colocar a la justicia como principio que oriente el restablecimiento del hoy tan reclamado Estado de derecho.
Lo primero a lo que debe dar lugar tal reconocimiento es que esta vez las promesas y las medidas para salir al paso de la coyuntura no servirán para dar vuelta a la página. El mensaje del “Ya basta” de las marchas ha sido contundente para no repetir las fórmulas gastadas del pasado aunque el gobierno y la clase política, no dan muestras de ver la profundidad de la ruptura del vínculo con la sociedad. El caso Iguala hizo imposible ya dejar de ver que la inseguridad y el colapso de las instituciones impiden el desarrollo en uno de los epicentros de la violencia, Guerrero, pero que es un botón de muestra del país; que el mal manejo de una de crisis de seguridad y derechos humanos, como ocurrió al gobierno local y federal se viraliza, y contamina como, en este caso, la imagen y las perspectivas económicas del país.
¿Qué tiene que cambiar para recuperar la confianza y la seguridad? ¿Qué se necesita para recobrar el vínculo entre la sociedad y las instituciones? Las respuestas gubernamentales son desalentadoras porque vuelven a apostar al desarrollo para la “superación de esta etapa”, sin atender a las víctimas y tender nuevos puentes de diálogo con la ciudadanía. En el otro lado, en efecto, la dinámica se ve trabada por demandas impracticables como la recuperación con vida de los normalistas y otras que poco resuelven el fondo de la crisis política como pedir la renuncia de Peña Nieto.
Pero tampoco el plan anticrimen es suficiente para satisfacer esas expectativas ni esos reclamos; mucho menos la falta de explicaciones a las víctimas sobre la dilación de la respuesta gubernamental y, sobre todo, de los señalamientos de corrupción y conflicto de interés por el asunto de la casa de las Lomas de la familia presidencial. La actual crisis no parece seguir un guión conocido con la puesta en práctica de nuevos planes de seguridad, sino de entender que la modernización del país requiere desmontar las estructuras patrimoniales y verticales que dominan las instituciones, como por ejemplo el uso político de la justicia.
El país roto y sin diálogo puede dejar al gobierno y a la ciudadanía cada quien en su orilla, en espera de otro escándalo que detone nuevamente la protesta. Otra prueba de la disrupción es la inmolación del joven Agustín Gómez Pérez, que se prendió fuego frente al Congreso de Chiapas para reclamar la liberación del dirigente Ricardo Flores Magón, Florentino Gómez Girón, encarcelado por la acusación de robar ganado.
Los partidos tampoco parecen tener un diagnóstico del descontento y, en medio de la crispación social, lanzan una iniciativa para regular las marchas, que desde el lado de los agraviados se recibe como la intención de criminalizar la protesta.
El único ejemplo de actitud diferente de la autoridad ante el reclamo lo ofrece el conflicto del IPN, en el que el diálogo y la negociación permitieron la firma de ocho acuerdos y el regreso a clases tras las movilizaciones de los estudiantes. Ahí un referente hacia adelante.
*Analista político
Twitter: @jbuendiah
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Fuente: Excélsior.
















