Por: Lucrecia Lozano.
Vilfredo Pareto, el sociólogo italiano, afirmó en uno de sus escritos: “una sociedad que no ha dispuesto un lugar para la justicia social y la moral no puede sobrevivir”.
Por supuesto que sabemos de sociedades envueltas en el manto de la corrupción gubernamental y social que continúan existiendo,
y conocemos sociedades empobrecidas cuya población malvive día tras día.
Las primeras son sociedades cuyo futuro está enajenado y atrapado en las redes de una práctica que inhibe el crecimiento, dilapida los recursos destinados al desarrollo y el bienestar común, y distorsiona las relaciones sociales y el vínculo entre autoridad y gobernados.
La apropiación y el disfrute privados de los recursos públicos alimentan la desconfianza, en lugar de que la confianza, la honestidad y la solidaridad prevalezcan como valores sociales.
Comparto con ustedes un caso sencillo que muestra cómo la desconfianza existe en nuestra sociedad. Una persona conocida llevó su auto a revisión porque el motor se estaba calentando. Un familiar le recomendó ir a un taller para que purgaran el sistema de enfriamiento.
La encomienda fue acompañada con la petición explícita de que estuviera presente todo el tiempo que se realizara el servicio para supervisar que los responsables hicieran lo que se tenía que hacer y no la transaran.
Imagino que en otro país, en donde la confianza y la honestidad son valores y prácticas sociales arraigadas, nadie tiene por qué poner en duda el cumplimiento del trabajo que ha contratado, y mucho menos perder tiempo en supervisar que los responsables del mismo lo cumplan y lo realicen de forma transparente. Así de sencillo.
Hace poco compré varios boletos electrónicos para viajar en tren en Noruega. Debí cancelar el itinerario original y cambiarlo por otro.
Me comuniqué en la computadora a un chat de la compañía en donde una amable señorita canceló la compra que se había cargado a mi tarjeta de crédito y me vendió nuevos boletos con otro horario.
Al finalizar la comunicación le pregunté si me daba un número de folio para dar seguimiento a la cancelación y ella me respondió que no me preocupara, que el dinero se había devuelto a mi tarjeta.
Poco después externé mi inquietud sobre la falta de folio a un pariente y éste me dijo que no dudara de la transparencia de la operación porque en Noruega las empresas y las personas son muy honestas. Y así fue. Un mes después, en el estado de cuenta de mi tarjeta corroboré que se habían realizado todas las cancelaciones y compras.
Esa confianza y certeza no operaron igual con un cargo fraudulento que un hotel en Cádiz, España, aplicó a mi tarjeta de crédito durante un viaje que realicé en diciembre.
El cargo sigue en revisión en mi banco y está de más decir que, tras esa experiencia, soy muy cautelosa con el uso de la tarjeta de crédito en ciertos lugares y países.
Recientemente, a raíz de la exoneración que Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, hizo al presidente Enrique Peña Nieto, a su esposa y al titular de Hacienda, Luis Videgaray, sobre el conflicto de intereses que generaron sus cuestionadas compras de casas a empresas beneficiadas con jugosos contratos públicos, con precios inferiores a los del mercado y créditos con tasas de interés bajas que ninguna institución financiera ofrece a los ciudadanos comunes y corrientes, los temas sobre la honestidad, la transparencia y la ética de los funcionarios públicos salen nuevamente a relucir.
Reconoce el Presidente que, pese a que tales hechos fueron apegados a la ley, como lo establece el Informe Andrade, “lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos”. Y se disculpa, en un gesto inusual en un mandatario mexicano.
La pregunta, sin embargo, es si la confianza social a la que el Presidente apela se reconstruye ofreciendo disculpas o exige una reingeniería total en la estructura, la cultura y el modo de operar de una administración pública que reiteradamente es fuente de desconfianza.
Fuente: Reforma.
















