Por: Ivonne Melgar.
La suerte de los normalistas se marcó desde la complicidad entre autoridades y el crimen organizado.
A un año de la noche triste de Iguala, nadie quiere ni puede hacerse cargo de la narcopolítica que eliminó la existencia de 43 jóvenes.
Porque en medio de versiones oficiales, oficiosas, externas e interesadas, sólo tenemos la certeza de que la suerte de los normalistas se marcó desde la complicidad entre autoridades y el crimen organizado.
¿Tiene responsabilidad el Estado mexicano frente a la historia de terror que protagonizó el alcalde del PRD, José Luis Abarca, presunto autor del acoso que llevó a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa?
Claro que sí la tiene. Es responsable si se habla del Estado en abstracto y lo es si nos referimos a éste en términos concretos. La tiene. Sin duda. Y en doble vertiente.
Ojo: no se trata de caer en el simplismo de las consignas que sólo abonan en la polarización de la sociedad con acusaciones hacia el presidente Enrique Peñao su gobierno. Tampoco estamos preparando una manta para la marcha conmemorativa con la consigna “¡Fue el Estado!”.
Sin embargo, sostenemos, el Estado es responsable, primero, por su incapacidad para detectar e inhibir la infiltración del narco en los gobiernos locales y en sus instituciones de seguridad. Por tolerarla, por permitirla, por incubarla.
Y sostenemos que es responsable, en segunda instancia, porque hasta ahora no consiguió desmontar esa connivencia, como tampoco juzgar ni castigar a quienes la personificaron.
Es el punto que perdemos de vista en medio de pleitos entre peritos y peritajes de uno u otro signo.
Lo que sigue intacto desde entonces a la fecha es el pacto de impunidad que permitió el ejercicio brutal de la fuerza que sólo las instituciones y los representantes del Estado pueden usar.
Un uso de la fuerza del Estado que, en el caso del 26 de septiembre de 2014, se ejerció en contubernio con sicarios, es decir, con empleados de cárteles de la droga.
Eso no tiene otro nombre que narcopolítica. E ignorar ese hecho es pretender un olvido que atenta contra la reparación del daño que pasa, necesariamente, por el castigo a los culpables.
Avanza, en contraste, el uso político del caso por parte de todos los partidos y de sus representantes en los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Pero es un uso político inútil para la impartición de la justicia. Porque en la práctica permanece inalterable la protección de los mecanismos del Estado a esa red de intereses ilícitos.
Es un solapamiento que se da por la vía de la negligencia, la omisión y del desdibujamiento de los autores y los móviles del crimen.
No se trata de condenar mediáticamente a ningún presunto involucrado ni de juzgar sin pruebas al Ejército o a la Policía Federal. Mucho menos de asumir de modo acrítico aquella “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo o la evaluación de los expertos avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Independientemente de los nombres señalados y de las hipótesis sobre los autores materiales e intelectuales de la persecución y el salvaje asesinato de los 43, lo evidente es que el hilo conductor de la narcopolítica se pierde en la madeja de los intocados e intocables.
Y lo que no se nombra no existe. Y lo que no se señala, se invisibiliza.
Eso es lo que ha ocurrido en este año de investigaciones. Nadie se hace cargo de la desgracia estructural que ocasionó la muerte salvaje de los normalistas: la narcopolítica en Guerrero, una realidad que involucra a municipios gobernados igual por perredistas que por priistas. Y lo peor: que tiene que ver con la vida económica de una entidad apestada por el negocio de las drogas.
Hay algo más grave todavía: la realidad guerrerense no es una excepción de la República, sino parte de un problema estructural que nos remite de nuevo al Estado, al de sus capacidades frente al narco y sus diversas manifestaciones como crimen organizado.
De ahí que resulta reprobable el discurso de victimización de la dirigencia del PRD, cuando su presidente Carlos Navarrete se queja de acribillamiento hacia su partido por la noche triste de Iguala.
Porque esa ausencia de autocrítica en el perredismo denota la irresponsabilidad de un componente del Estado —el principal partido de izquierda— frente a la mayor tragedia de los últimos tiempos.
El PRD era autoridad estatal y municipal hace un año. Y no únicamente eso: tanto el gobernador Ángel Aguirre como Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda eran militantes destacados y cercanos a la dirigencia.
El gobierno federal a su vez, por conducto de la PGR, también ha quedado a deber en una indagación a fondo de esos nexos que la partidocracia cobija. Y esa es acaso la desgracia más grande que nos reveló la desaparición de los normalistas.
El cálculo de los acuerdos y de las coyunturas electorales se halla por encima del esclarecimiento de la tragedia de Iguala y el basurero de Cocula.
Y mientras tanto, la narcopolítica respira tranquila.
Fuente: Excélsior.
















