Por: Ricardo Pascoe Pierce.
El gobierno federal está en un grave aprieto internacional por los sucesos de Ayotzinapa y, conforme pasan los días, se atrapa aún más en su propio pantano de arenas movedizas. El último incidente con Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, donde existe la denuncia de un video manipulado, por unos u otros,
simplemente reafirma el descrédito del gobierno federal en su intento por acusar a los organismos internacionales de derechos humanos de intervenir en asuntos internos de México y de cerrarles la puerta al país.
Los gobiernos de Estados Unidos y Alemania han condenado el actuar de México en estos casos, en términos severos, lo que llama la atención considerando que son dos gobiernos amigos. The New York Times ha colocado en México con un pie en la lista internacional de Estados-paria, casi equivalente a Corea del Norte, Venezuela, Cuba o Zimbabue.
Tanto la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Comisión de Derechos Humanos, así como la Organización de los Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han expresado similares preocupaciones que Estados Unidos y Alemania. Se abre un nuevo capítulo de oscurantismo mexicano en virtud de que México expulsa al GIEI de nuestro país, después de haberle hecho una campaña negra virulenta para desacreditar la honorabilidad de sus integrantes, e igual rechaza la presencia de un relator de la ONU sobre violencia en México. Los organismos internacionales se preguntan con toda razón: ¿a dónde quiere llegar el gobierno de México con la postura de rechazar la supervisión y vigilancia internacionales? ¿Planea México dejar a su población en total indefensión ante las agresiones sistemáticas de la autoridad judicial, administrativa y de seguridad?
Aún más: ¿puede México ser signatario creíble de acuerdos internacionales, incluso comerciales, como el Acuerdo Transpacífico, cuando no se respetan cabalmente los derechos democráticos de su pueblo? Existe un consenso entre gobiernos y organismos internacionales de que en México no se respeta el debido proceso en casos judiciales y que la tortura es parte consuetudinaria de los procesos judiciales. Empieza, de nueva cuenta, a correr la idea de que México pudiera considerarse un Estado fallido.
En esto, el gobierno federal presta ayuda y credibilidad a la versión de Donald Trump de que nuestro país no es digno de tomarse en cuenta por su deterioro interno. ¿Estamos ante una alianza PRI-Partido Republicano? Sueno descabellado… pero no lo es tanto. A Trump le puede resultar funcional y útil la existencia de un nuevo “oscurantismo mexicano”, al igual que al PRI-gobierno.
Desde que llegó este gobierno al poder, comenzó a plantear su distanciamiento con la comunidad internacional. Cobijado en una retórica “soberanista”, lo que el PRI siempre ha hecho es gobernar autoritariamente en lo interno, para luego hablar de las grandes causas afuera, como en el caso de la mariguana. De repente, y ante tanta denuncia nacional e internacional por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en nuestro país, nos volvimos los más liberales en materia de drogas. Es imposible no pensar que es una cortina de humo que encubre la corrupción y el abuso de los derechos humanos. Es un método que le sirvió exitosamente al PRI durante 70 años, gobernando para sí. ¿Por qué desechar el método ahora, se han de preguntar?
Fuente: Sdpnoticias.com
















