Por: Darío Celis Estrada.
LA LISTA” ES dinámica y está “viva”, dicen en el entorno de Marco Rubio, el secretario de Estado que acusó a Andrés Manuel López Obrador de entregar México a los cárteles de la droga.
Hoy, Rubio se entrevistará con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y, en la víspera, el mandatario Donald Trump reiteró que le ofreció militares para combatirlos y ella los rechazó.
Se presume que son 150 personajes entre políticos, empresarios, militares y marinos. Además, empresas relacionadas con los hijos del expresidente Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, principalmente. Pero también firmas relacionadas con parientes de los exsecretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de la Marina Armada de México, José Rafael Ojeda Durán.
De entre los personajes de “La Lista”, unos tienen que ver con operaciones de apoyo a grupos delincuenciales para la producción y el trasiego de droga, sobre todo fentanilo.
Pero hay otros grupos de empresarios, o “bisneros” vinculados a compañías que operaron para los López Beltrán en la compra de bienes del gobierno, como medicinas, material de construcción y energéticos.
También hay negocios y personas relacionadas con la compra de equipos de seguridad y tecnología a China, que por más que el anterior embajador Ken Salazar quiso frenar, no pudo como hubiera querido.
El gobierno de Joe Biden inició una investigación que ahora sigue el de Trump para trazar la ruta de los tratos con China: nombres de empresarios y compañías que facilitaron al círculo de AMLO esos negocios.
“La Lista” se empezó a trabajar en la administración de Biden. Durante muchos meses se tomó la decisión de investigar y seguir los pasos de esos personajes de la política mexicana.
Hablamos de empresarios fachada, la mayoría, otros no tanto, vinculados a las compras de gobierno en la megalicitaciones de López Obrador y de financieros que metieron el dinero a la economía formal.
Por eso es muy importante señalar que el Departamento del Tesoro, que capitanea Scott Bessent, no sólo tiene bajo su investigación a grupos financieros mexicanos que transaccionaron en dólares en Estados Unidos. También hay bancos, sociedades financieras de objeto múltiple y transmisores de dinero que se convirtieron en vehículos facilitadores de esas operaciones y que hoy están bajo el escrutinio.
Por lo anterior, se tiene que tomar con reserva los dichos de algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que capitanea Édgar Amador, o de la Asociación de Bancos de México, que preside Emilio Romano.
En su afán de apretar, veremos a un Trump cada vez más injerencista. Cuidado con eso. Hoy, por lo pronto, desembarca, en Palacio Nacional, Marco Rubio con una lista de peticiones.
EN MATERIA DE lavado de dinero, mientras el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, cree que la tempestad ya pasó y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) se conformó con denunciar a CI Banco, Intercam y Vector, la realidad es que ese organismo, que encabeza Andrea Gacki, tiene los ojos sobre más instituciones financieras, algunos bancos sistémicos, que pueden ser señalados en cualquier momento si el gobierno mexicano, léase la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recién asumidas por Omar Reyes y Ángel Cabrera, respectivamente, no ejercen sus funciones como autoridad coadyuvante del Departamento del Tesoro para desarticular las redes que financian la compra de precursores chinos de fentanilo y la operación de los seis cárteles de drogas que ya fueron declarados organizaciones terroristas.
Por lo pronto, mientras Romano es excesivamente optimista, el Tesoro de Scott Bessent volvió a emitir una advertencia a los bancos para que estén atentos a los cárteles mexicanos que usan redes chinas de lavado de dinero para ocultar sus ganancias.
CADA QUE MARCELO Ebrard se apersona en Washington, invariablemente tiene que escuchar una crítica de algún senador o congresista afín a Vulcan Materials, el poderoso grupo minero que tiene demandado a México por el caso de la cantera de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo. Y es que la firma ha patrocinado a decenas de políticos estadounidenses, lo que le da entrada directa a la Casa Blanca y al Capitolio.
Como le informé hace unos días, podríamos estar a semanas de que las diferencias se zanjen, siempre y cuando Vulcan, que preside Thomas Hill, tome una propuesta que el secretario de Economía le puso en la mesa. Consiste en cerrar definitivamente la mina, y darle un giro a sus instalaciones, unas mil 300 hectáreas cerradas, más su reserva y la concesión de una terminal de carga, para desarrollar un megaproyecto turístico que le redituaría al año más dinero que la explotación del mineral. En el Departamento de Estado, que encabeza el mismo Marco Rubio, este conflicto que se deriva de una clausura y cuasi expropiación que ordenó Andrés Manuel López Obrador también la tienen bien presente.
EN LA SUPREMA Corte de Justicia de la Nación hay algunas sorpresas que hablan de acuerdos, congruencia y lealtad de la gente. Previsible: se fueron todos los integrantes de la ponencia de la ministra presidenta Norma Piña. La sorpresa: llega gente que estaba en la de Alberto Pérez Dayán, como parte de lo negociado por el ministro que salvó la Reforma Judicial de Andrés Manuel López Obrador. Y hablando de la ponencia de Piña, el mejor caso de traición de alguien que pasó de estar en contra de la reforma a ser candidata a juzgadora, perder la elección y, aún así, caer para arriba, es el de Alejandra Loya Guerrero.
Se desempeñaba como secretaria de Tribunal adscrita al Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y, como tal, organizaba y encabezaba marchas y mítines en contra de la reforma. En algún momento se arrepintió, porque se postuló para candidata a jueza de distrito y no ganó. Posteriormente, estando contratada en la ponencia de Margarita Ríos Farjat, acudía a las reuniones de transición sin que supiera la ministra… como parte de los que llegaban. Pues ahora Loya es la coordinadora de asesores de Hugo Aguilar, el nuevo presidente de la Corte, y quien le ha tocado dar las gracias a la gente de Piña.
EN LA CDMX concluyeron ayer los Diálogos del Bando 1, con los que el gobierno de Clara Brugada busca diseñar una legislación que garantice el derecho de los capitalinos a la vivienda y controle el fenómeno de la Gentrificación. Por primera vez estuvo en la mesa de debate Airbnb, de Ángel Terral, que subrayó la importancia de que esta estrategia priorice la construcción de nueva vivienda y la rehabilitación de inmuebles abandonados, a la par de que se construya una regulación justa de turismo. El alojamiento de las aplicaciones produce a la ciudad una derrama superior a los 22 mil millones de pesos y genera más de 63 mil empleos. Representa menos de 1% del inventario habitacional en la capital, mientras que la vivienda deshabitada alcanza 7 por ciento.
LA COMISIÓN FEDERAL de Electricidad, siguiendo los lineamientos de austeridad del gobierno de la 4T, decidió ajustar en el último momento la partida presupuestaria en materia de publicidad. El recorte que aplicaron las huestes de Emilia Calleja Alor fue de 90%, pasando de los poco más de 400 millones de pesos, que le informé la semana pasada, a casi 139 millones para el año 2025.
@DARIOCELISE
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















