Por: Pascal Beltrán del Río.
Los políticos mexicanos –no todos, pero la gran mayoría de ellos– no creen en el Estado de derecho, aunque se la pasen presentando y aprobando iniciativas de ley en los Congresos.
Dejo a los sociólogos discernir si éste es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad o viceversa, pero el hecho es que México no es un país de leyes sino de usos y costumbres.
Una cosa es lo que dice la norma y otra lo que ocurre en realidad. Éste es el país de acátese la norma, pero no se cumpla.
Nada pinta mejor este lamentable panorama que el proceso electoral que termina dentro de cinco días: los partidos políticos han sido incapaces de cumplir las leyes que ellos mismos se han dado a través de sus legisladores en el Congreso de la Unión.
La nota principal de la edición de ayer de nuestro periódico es el epitafio de la Reforma Política de 2013-2014. De acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ninguno de los diez partidos políticos cumplió con las disposiciones legales –constitucionales y reglamentarias– en este proceso electoral.
Como prueba y consecuencia de ello, las impugnaciones han inundado a ese órgano judicial. Mientras que en el anterior proceso electoral federal intermedio, el de 2009, el TEPJF recibió mil 578 asuntos, esta vez lleva 14 mil 566, es decir, 820% más.
Encima de eso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha recibido centenares de quejas por parte de los mismos partidos contra acciones de otros, lo que ha derivado en unas 400 medidas cautelares.
Si esto es lo que pretendían los partidos dando vida a ese Frankenstein que es la más reciente Reforma Política, lo lograron. El problema es que nos vendieron otra cosa. Nos dijeron que dicha reforma generaría mayor certeza y ha sido al revés.
Las dos ocasiones más recientes en que se ha modificado el marco que rige la vida de los partidos y la disputa electoral, el resultado ha sido peor: más violaciones a la ley y más impugnaciones.
Los partidos han creado un abigarrado sistema de leyes electorales, que busca prohibir decenas de conductas –que a su juicio fomentan la desigualdad–, y lo único que han conseguido es que los candidatos sientan que cometer ilegalidades es una obligación, para no quedarse atrás de sus contrincantes.
En ese tránsito, hemos llegado al peor de los mundos en materia de financiamiento: los ciudadanos aportan cantidades estratosféricas de impuestos para pagar la burocracia y las campañas de los partidos, pero al mismo tiempo, éstos ingresan, por debajo de la mesa, montos igualmente escandalosos de dinero privado, que erogan de forma absolutamente cínica.
Nadie puede creer que los gastos de campaña, que se hacen a la vista de todos, se apeguen a los topes que están establecidos por la ley.
¿O usted cree que alguno de los actuales candidatos a diputado federal se limite a la cantidad de 1.2 millones de pesos que está fijada como tope de gasto de campaña?
La mayoría de los políticos mexicanos muestran un descarado apetito por el dinero. Y están dispuestos a hacer lo que sea por conseguirlo.
Por eso, porque los mueve el interés económico, la mayoría de ellos pelea a muerte por los cargos públicos. En la política mexicana, perder es una forma de morir. Entonces, cuando lo que está en juego es la sobrevivencia, nadie acepta perder.
En otras latitudes, perder es parte del juego democrático. El derrotado aporta al funcionamiento del sistema cuando reconoce el triunfo del ganador. Para sobrevivir, la democracia necesita el abono que sólo el perdedor le puede dar.
En México, muy pocos políticos pierden. Los derrotados son, casi siempre, víctimas de otros: de las trampas del rival o de la autoridad electoral.
Espérese unos días. Ya verá que muchos candidatos se declararán ganadores de la misma elección cuando apenas hayan cerrado las casillas.
Y entonces ese Frankenstein que es la norma electoral vigente empezará a caminar y producirá su mayor destrucción: la anulación de elecciones.
Fuente: Excélsior.
















