Por: Isidro Cisneros.
Las perturbadoras imágenes de soldados y policías federales torturando a una joven mujer en Ajuchitlán del Progreso, en el estado de Guerrero, y que fueron difundidas por las redes sociales, son un claro ejemplo de que los derechos humanos en nuestro país no mejoran, sino que contrariamente, retroceden.
Representan un emblema de lo poco que nuestra democracia ha avanzado en materia de protección de los derechos fundamentales. La tortura es una aberración injustificable. Constituye todo acto por el cual se produce intencionalmente a una persona dolor y sufrimiento grave, ya sea físico o mental, con el fin de obtener informaciones y confesiones, o para castigarla por actos cometidos, e incluso, para intimidarla. La tortura se configura cuando los sufrimientos son infligidos por un funcionario público, a instigación suya o con su consentimiento. Además, la tortura es un crimen en el derecho internacional.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 trajo grandes cambios, pero éstos aún no se traducen en un mejor funcionamiento de las instituciones. Todavía es posible observar la enorme distancia existente entre los sublimes enunciados y la cruda realidad, o como afirmó recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre “una realidad legal con grandes avances en la materia, pero una realidad concreta y práctica en la que autoridades siguen utilizando la tortura”. Los derechos humanos en nuestro país pasan por un momento crítico, como ilustra el Informe 2015 de Amnistía Internacional: “La epidemia de la tortura en México continúa”, o los resultados del “Diagnóstico Nacional sobre la Práctica de la Tortura” publicado hace algunas semanas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Al parecer, tampoco ha servido de mucho la puesta en práctica del “Protocolo Homologado de Investigación del Delito de Tortura”, integrado por la Procuraduría General de la República apenas en junio de 2015.
Vivimos una etapa decisiva para la consolidación de una cultura de los derechos humanos, con una amplia difusión de sus problemáticas y contenidos, de su significado e importancia. Igualmente, observamos desarrollos en el derecho internacional y, en el ámbito interno del derecho constitucional. Sin embargo, la falta de aplicación efectiva de las consecuencias previstas por las leyes para quienes violan los derechos humanos, tiene el pernicioso efecto de incentivar nuevas violaciones a los derechos. Según el Índice 2016 de Impunidad Global en México, este problema alcanza un nivel del 67.4%. La impunidad anula la justicia y es causa de que la inconformidad social aumente al percibirse que es característica de la autoridad.
Sólo una sociedad civil sólida y autónoma, capaz de actuar libremente, así como conocedora y entendida en materia de derechos humanos, puede contribuir a consolidar su protección efectiva. Recordemos que sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia; y sin democracia no existen las condiciones para la solución pacífica de los conflictos. Es obligación del Estado la investigación de cualquier caso de tortura. Las disculpas sirven de muy poco. Conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas es sólo el primer paso, le siguen la persecución y el castigo ejemplar a los responsables.
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Fuente: Crónica.
















