Por: Jorge Camargo.
La estrategia de sumar a las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad pública ha sido un recurso frecuente en las sociedades en las que las policías locales no garantizan, por su grado de corrupción o incapacidad, la integridad de las personas o la regularidad en el funcionamiento de las instituciones locales.
Esta participación genera distorsiones en la forma de aplicar los modelos de seguridad pública,
es decir, prevención de los delitos, común y de alto impacto, así como su contención, porque siempre genera conflicto con el respeto a los derechos humanos, entre ellos, el de la vida misma y el debido proceso.
Sé que mucho se ha escrito sobre este tema y no quiero exponer al lector a una serie de repeticiones inútiles, sin embargo, sí creo que debe enfatizarse que los mecanismos constitucionales de control de la acción de las Fuerzas Armadas deben fortalecerse para marcar límites estrictos al uso de esta estrategia.
Utilizar las Fuerzas Armadas para la seguridad pública es el último recurso que tiene o supone que tiene un gobierno. Pero se trata del último peldaño de la escalera institucional, luego del cual no existe nada más.
Si el Ejército y la Armada carecen de confiabilidad, un Estado nacional puede quedarse sin instrumentos para mantener el orden interior y defenderse del exterior.
Pongamos un ejemplo sencillo. Si una madre busca reprender a un hijo por un acto “x”, y éste salta sobre su autoridad, ella siempre puede recurrir al padre como último recurso. Pero si el hijo brinca también sobre su autoridad, entonces no hay a quien recurrir, quedándose sin opciones.
Es esta la razón por la cual la Secretaría de la Defensa emitió un comunicado en el que subrayaba que facultaba a sus elementos a “actuar en su legítima defensa conforme a los principios del uso de la fuerza y su gradualidad, para proteger la vida e integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas, con estricto apego al orden jurídico vigente y a los Derechos Humanos”.
No puede vulnerarse la autoridad que representan las Fuerzas Armadas, pidiéndoles que no reaccionen a agresiones que en la mayoría de los casos documentados por la prensa parecieran premeditados.
Ponerlas en ese dilema, con la capacidad de fuego y entrenamiento que tienen, es llevarlas a un límite para el que no están entrenadas. Puede ocurrir en cualquier momento un incidente que todos vamos a lamentar.
Suponer que los soldados acepten por un bien superior —que no queda claro para nadie cuál es—, el ser golpeados, despojados de sus armas y humillados públicamente, es someter la disciplina castrense a una prueba sumamente riesgosa.
Si se pierde la autoridad del Ejército y la Armada, y los grupos delincuenciales se atreven a retarlos porque saben que no habrá reacción institucional, estamos entregando de alguna manera la plaza.
Este era el centro real de la discusión cuando se cuestionaba el uso de las fuerzas armadas en tareas para las que no están entrenadas. El riesgo del desgaste fue planteado por la oposición en el Congreso, por la ONU y por las organizaciones no gubernamentales cuando se creó la Guardia Nacional.
Ya desde el 2012 la Suprema Corte venía construyendo criterios que colocaban la participación del Ejército fuera de los parámetros constitucionales y de la jurisprudencia interamericana. Los últimos gobiernos del PAN y del PRI persistieron en someterlo a esas funciones.
Como segunda parte de esta reflexión, señalaba que, en el contexto anterior, es necesario evitar el debilitamiento de las instituciones constitucionales de protección a los derechos humanos.
Me refiero a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha realizado un esfuerzo importante por resistir una campaña dirigida por cierto sector del oficialismo, que busca, al término del mandato de su actual titular, elegir un perfil cercano al gobierno federal.
Pero eso es querer tomar agua con las manos abiertas, porque, por mandato constitucional y convencional, el marco de protección de los derechos humanos se amplió al grado de que las autoridades administrativas, el ISSSTE por ejemplo, pueden violar derechos humanos al ofrecer un servicio deficiente y ser sujetas de control constitucional por vía de amparo y, a la vez, recomendadas por la CNDH.
Es imperativo, entonces, que las ONG, los sectores más progresistas en esa materia y la oposición generen contrapesos reales para que la o el próximo titular de la CNDH sea autónomo e independiente.
Fuente: Excélsior.
















