Por: José Rubinstein.
De la dispendiosa —18 mil 572 millones de pesos— contienda electoral, a celebrarse dentro de 44 soporíferos días, surgen dos primordiales cuestionamientos:
1.- Ser bombardeados hasta la saciedad por fastidiosos spots de un partido político exponiendo al corrupto,
abusivo e irresponsable partido de enfrente; contemplar imágenes y nombres de poco o nada conocidos candidatos recurriendo a pastosos lemas —“Vota por mí para que te vaya bien”— ¿cambiará nuestra intención de voto?
2.– El incesante cañoneo de publicidad electoral, ¿nos permitirá conocer y poder juzgar la trayectoria y propuesta de los distintos candidatos, de entre los cuales habremos de decidir nuestro voto?
Desconcierta la reincidente postura de noveles diputados federales, procedentes de distintas visiones políticas que, en cuanto se acomodan en sus curules son invadidos por una especie de síndrome equivalente a lo que podría ser un lavado de cerebro, ya que en automático surge una inquebrantable relación de complicidad entre pares y, como si los 500 fuesen uno solo, en el mayor sigilo y, sin rezongar, establecen arcanos acuerdos económicos.
La 62 Legislatura de la Cámara de Diputados en 2 años y medio ha erogado 3 mil 42 millones de pesos, aplicados al gasto discrecional, en partidas confusas, tales como “subvenciones extraordinarias” u “otros servicios generales”.
Al respecto la ASF —autoridad sin autoridad— se ha limitado a reportar que los legisladores se oponen a ser fiscalizados. Esta censurable práctica con tufo a corrupción concurre con el periodo en que Enrique Peña Nieto preside la Alianza para el Gobierno Abierto de la ONU, cuya causa es la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento ciudadano.
La inminente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública le concede al Congreso de plazo hasta el próximo 30 de agosto para concluir la reorganización administrativa tendiente a rendir cuentas claras y precisas en cuanto a aplicación de recursos. Partimos de la base de que si alguien sabe de leyes son quienes las promulgan. Es inexcusable que sean los propios legisladores quienes infrinjan las obligaciones, precisamente por ellos impuestas.
Parte sustancial del capital político alcanzado por el IFE en el año 2000 se ha consumido en perjuicio del debutante INE, inmerso en acentuado déficit de credibilidad pública. Podría parecer propaganda subliminal, pero el INE se ha mostrado verde ante los desafíos surgidos a lo largo del presente proceso electoral.
La indigna y desafiante estrategia del Partido Verde —PVEM— infringiendo a sabiendas, una y otra vez, la Ley Electoral, calculando que el pago de multas y sanciones por improcedentes spots en radio, TV y cines, distribución de tarjetas de descuento, boletos para el cine, kits escolares y diversas promociones, bien valdrá la pena, ya que el reposicionamiento de imagen ante el electorado habrá de traducirse en frutos económicos superiores al costo de las acumuladas infracciones, las que, por cierto, en 10 distintas multas rebasan los 188 millones de pesos.
La credibilidad, más bien, la debilidad del INE, queda de manifiesto al no aplicar el rigor de la ley frente al menos 14 faltas a la Ley Electoral, suficientes para la cancelación del registro o, al menos, para amonestar al partido del tucán.
Ejemplo diáfano del nivel de las campañas electorales es el fuego cruzado entre el PAN y el PRI por el indebido uso de aeronaves privadas por parte de sus respectivos candidatos a la gubernatura de Sonora. En rigor, ¿habrá algún funcionario que no utilice el vehículo oficial a su servicio para efectos particulares? A falta de propuestas. ¿La gubernatura de Sonora le habrá de corresponder al candidato que cubrió las reglas para utilizar el transporte aéreo?
El INE, a la fecha, ha bajado 49 spots —de 122 impugnados— tanto de radio como de TV, sin embargo, las redes sociales —llegaron para quedarse— continúan difundiéndolos.
Luego del fragor electoral, los gobernadores, diputados, tanto federales como locales, alcaldes y jefes delegacionales electos enfrentarán sus respectivos encargos en un forzado escenario de austeridad, bajo el adherido escrutinio de redes sociales y anónimos fisgones, comprometidos con lograr el requerido presupuesto base cero, lo cual implicará tolerancia cero a los responsables de su aplicación.
En consecuencia, resulta incongruente apretarnos el cinturón —ya no tiene agujeros— al tiempo que se derrochan millonadas en insustancial promoción del voto.
Austeros en lo básico y manirrotos en lo superfluo.
Fuente: Excélsior.
















