Por: Carmen Aristegui F.
En medio de una profunda crisis en materia de derechos humanos -producto de atropellos a los más elementales derechos y libertades- México tiene ante sí tres graves casos que se conectan y relacionan, por su brutalidad, por la intervención criminal de algún tipo de autoridad;
y por venir acompañados de impunidad y los correspondientes grados de encubrimiento.
La matanza de Tlatlaya, en donde militares ejecutaron a civiles ya sometidos; la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de Apatzingán ocurrida el día de Reyes de 2015 muestran un patrón de conducta en donde autoridades y agentes del Estado se muestran proclives al exterminio y a la “limpieza social”. Los tres casos tocan los linderos de lo que se conoce como crímenes de lesa humanidad.
¿Frente a qué estamos? ¿Se trata de casos aislados, cuya aparición en tan corto tiempo es producto de la mera coincidencia, o se trata de un modus operandi de Fuerzas Armadas y policiacas que han preferido arrasar, destruir y aniquilar en lugar de abrir procesos judiciales o conducir los asuntos y situaciones de manera civilizada? ¿Qué clase de barbarie es esta que se repite en tres casos seguidos?
De los tres, autoridades han proporcionado versiones contradictorias, insuficientes, inverosímiles y, por momentos, abiertamente mentirosas. Eso también forma parte de la crisis.
El 30 de junio del año pasado se realizaron ejecuciones sumarias contra civiles en una bodega de Tlatlaya. Autoridades civiles y militares trataron de ocultar lo sucedido. Hubo tortura, se alteraron los hechos y se dio una versión oficial falsa de lo sucedido.
El caso de Ayotzinapa caló hondo a la sociedad mexicana por tratarse de jóvenes estudiantes cuya misión era convertirse en maestros. El ataque a matar en contra de los estudiantes a manos de fuerzas policiacas, en colusión con las de origen criminal y coordinadas por las propias autoridades locales, según se desprende de las investigaciones, ilustró el grado de descomposición al que se ha llegado en algunas zonas de la República.
El impacto causado por Ayotzinapa obligó a un despliegue de importantes recursos, para investigaciones que terminaron por no convencer a todos. Ayotzinapa se ha convertido en el retrato vivo de la desconfianza y la incredulidad nacional.
En el caso Apatzingán, la investigación realizada por la periodista Laura Castellanos reconstruye a través de testimonios coincidentes e información documental lo sucedido el día de Reyes de 2015 en esa localidad.
“¡Mátenlos como perros!”, escribe Castellanos para referirse a los gritos de policías federales que -según los testimonios recogidos- irrumpieron y dispararon contra un centenar de integrantes y simpatizantes de la Fuerza Rural, que realizaban un plantón en los portales del Palacio Municipal a las 2:30 de la madrugada del 6 de enero de 2015.
Testimonios grabados de 39 personas que tuvieron conocimiento de los hechos dan cuenta de que policías federales dispararon a mansalva contra los civiles que se encontraban desarmados durante los eventos ocurridos ese día.
De acuerdo a la narración, a las 7:45 de la mañana, un comando de policías federales “descargó sus ametralladoras M-60 sobre una docena de vehículos que transportaban a guardias rurales y familiares iracundos por la agresión de la madrugada”. Los testimonios dan cuenta que la gente fue detenida. A algunos los arrodillaron para después acabar con su vida. Una familia de apellido Madrigal murió abrazada, tirada en el suelo, sin tener cómo defender sus vidas. Otros jóvenes piscadores de limón quedaron debajo de una camioneta acribillados. Las imágenes -algunas inéditas-, testimonios y los documentos obtenidos por Castellanos amplían y consolidan la hipótesis de que en Apatzingán se practicaron ejecuciones extrajudiciales a manos de federales. La versión oficial, como se sabe, apunta en otro sentido. Se habló de fuego cruzado e incluso de “fuego amigo” para explicar la muerte de los civiles. Las versiones no pueden ser más encontradas. El gobierno federal anunció que le había sido entregado, de forma anónima, un video con el que se podía presumir que hubo usos de violencia excesiva en los hechos de Apatzingán. El secretario Osorio Chong afirmó que esos hechos se investigarían. Aún no sabemos qué contiene ese video, aún estamos a la espera de las investigaciones.
No hay duda: Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán son tres casos que ponen a prueba al Estado mexicano.
Fuente: Reforma.
















