Por: Aurelio Ramos Méndez.
Más claro, ni el agua: el presidente Enrique Peña Nieto señaló, con toda razón, que “la ley no se negocia”. Lo dijo a propósito de la reforma educativa en la mira de la CNTE. “Lo que no está el gobierno dispuesto a hacer es negociar la ley”, expresó, y añadió que este principio rige no sólo para la legislación educativa, sino para todas; “ninguna otra está sujeta a negociación”.
Las palabras del Jefe del Ejecutivo retumbaron en el Congreso, donde a partir del próximo martes se reunirán senadores y diputados, presididos por Roberto Gil Zuarth y Jesús Zambrano, para corregir —fresca aún la tinta de su redacción original— la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuyo artículo 32 tiene rojos de ira a los grandes empresarios.
Se trata de la norma por la cual quienes hacen negocios con el Estado deberán acatar la polémica ley 3 de 3, o sea presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses. Esas, cuya difusión irrestricta, si atañe a funcionarios, la oposición pide plasmar clarito en el artículo 29 del mismo ordenamiento.
Nadie ajeno al engranaje de la inmensa corrupción pública y privada puede oponerse a semejantes disposiciones orientada a deschanchullizar, transparentar y moralizar, al menos parcialmente, las relaciones entre el gobierno y sus contratistas y proveedores de bienes y servicios.
Imposible oponerse al 32 en un ámbito donde la transa y el cochupo rigen a tal punto que —lo afirman sotto voce altos funcionarios, incluidos miembros del gabinete— no pocas empresas cuentan con partidas específicas para sobornar servidores públicos, de lo más alto a lo más bajo del organigrama oficial. Un medio donde reinan licitaciones amañadas o adquisiciones —desde aviones hasta lápices— y asignaciones de contratos directas a parientes, amigos, socios o compadres.
Con Juan Pablo Castañón y Gustavo de Hoyos Walther a la cabeza, los dirigentes de los organismos empresariales están por ahora, entusiastas, trepados en el tren de Nochixtlán y los bloqueos carreteros en el sur y sureste, en especial Oaxaca. La entidad donde uno de los suyos, Gerardo Gutiérrez Candiani, buscó ser gobernador a pesar de que en su hoja de servicios como presidente del Consejo Coordinador Empresarial no figuraba haber gestionado o llevado ni una sola inversión a ese empobrecido estado.
Por ello, cuando uno escucha a los poderosos voceros de grupos empresariales denunciar, hiperbólicos, las acciones ciertamente indefendibles y criminales de la CNTE, debe tomar sus dichos —por ejemplo, esa desmesura de que en Oaxaca el huevo ha llegado a costar ¡hasta 40 pesos una sola unidad!—, con todas las reservas del caso.
Es patente que las preocupaciones de los dueños del dinero no están en el destino de los oaxaqueños y en general de los habitantes del sur y sureste del país, sino en la Ley de Responsabilidades. Aplica en su caso el verso del Martín Fierro: “De los males que sufrimos/ hablan mucho los puebleros/Pero hacen como los teros/para esconder sus niditos:/En un lao pegan los gritos/y otro tienen los huevos”.
Los senadores y diputados, víctimas de sus propias mal-hechuras o tretas y maquinaciones, se hallan en un brete. Frente a vociferantes líderes empresariales que exigían un 29 rudo contestaron con el 32. Lo hicieron, sin embargo, de un modo patentemente descuidado, sin el menor atisbo de técnica legislativa: Incluyeron en aquel artículo no sólo a los muy grandes y grandes empresarios, sino también a los medianos, pequeños y micro, y hasta becarios y beneficiarios de programas sociales como la Cruzada Nacional contra el Hambre. El veto presidencial se hizo inevitable.
Tratándose de políticos ineptos, desidiosos y propensos a la haraganería, la deficiente redacción del ordenamiento en cuestión de seguro fue producto de la pura negligencia de los miembros del Congreso. La legislación nacional es un triste muestrario de imprecisiones, contradicciones, confusiones y enredos, y por lo mismo fuente de inestabilidad jurídica y mina de oro para abogados, magistrados y ministros.
Cabe, no obstante, la posibilidad de que la redacción minusválida del artículo 32 haya sido intencional, premeditada. Un simple amago. Un calambre —se diría de manera coloquial— al sector privado. La emisión de una norma descuidada, con el veto como objetivo deliberado y por consiguiente el regreso al punto muerto en el tema de la corrupción.
No debemos perder de vista que en el Legislativo la corrupción es el único tema capaz de lograr consenso. Útil cuando de hacer alharaca y arrojarse lodo unos a otros se trata; pero nada más. En la realidad imperan mafiosos pactos de silencio y complicidades. Lo último que en materia de transparencia desean priistas, panistas, perredistas y miembros de la chiquillada es emular al buen juez que por su casa empieza.
Cualquiera que haya sido la realidad del veto a la Ley de Responsabilidades, los legisladores están ante la necesidad de enmendar sus contra-hechuras. Deberán afianzar en el artículo 32 a quienes sí deben estar, los más grandes y poderosos empresarios, y excluir a quienes reciben del Estado unos cuantos pesos por becas o apoyos para sobrevivir. Lo que no podrán hacer los súbditos de Emilio Gamboa, Fernando Herrera, Miguel Barbosa, César Camacho, Marko Cortés y Francisco Martínez Neri es sacar a todos.
Tras la aprobación del polémico artículo 32 senadores y diputados de todos los partidos se hicieron lenguas en respaldo de la obligación de pasar a la báscula a quienes realizan negocios con el Estado. “La transparencia es para todos”, dijo el panista Fernando Herrera, quien además descartó estemos ante una venganza —el 32 como antídoto del 29— del PRI y el gobierno federal.
Para ver estamos. Veremos, pues, los desfiguros de los padres de la patria para remendar la defectuosa ley combatida por los empresarios no mediante bloqueos ni paros laborales, sino en cabildeos palaciegos y con la divisa de que la ley no se negocia.
aureramo@cronica.com.mx
Fuente: Crónica.
















