Por: Aurelio Ramos Méndez.
Una semana después de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera los mexicanos seguimos ayunos de la información oficial más elemental y verosímil relacionada con la carrera delictiva y aun con la reaprehensión de este mafioso. Y el deplorable manejo de la información apunta a desgastar el regio bono de reconocimiento interno e internacional logrado por el gobierno con este golpe.
A estas alturas del caso los ciudadanos del común desconocemos todavía los nombres de al menos algunos de quienes desde la alta política y la cúpula del gobierno apadrinaron la carrera del delincuente. O de quiénes han sido sus testaferros en el mundo de los negocios para lavar la montaña de oro que se le atribuye.
Con objeto de atemperar la ansiedad social por conocer el entramado institucional y la red de protección del capo, se han deslizado, eso sí, abundantes promesas.
A decir del vocero gubernamental Eduardo Sánchez, el Presidente de la República dio “instrucciones precisas” de investigar si funcionarios públicos se hallan “en complicidad con delincuentes de cualquier tamaño”, pues de comprobarse “iremos contra ellos, contra todas sus redes de protección”.
Un día después de lo afirmado por el vocero, el propio Jefe del Ejecutivo le dijo a la televisora norteamericana Univisión que la investigación va contra todo tipo de cómplices de Guzmán Loera, “agentes del sector privado, del ámbito público aquí y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo”.
Frente a esta esperanzadora advertencia presidencial, germen de lo que puede ser la más ambiciosa y plausible acometida oficial contra la corrupción y la impunidad, sólo cabe parafrasear la sentencia popular: “Para ver estamos”.
Por lo pronto, las baterías de la justicia empiezan a orientarse, como es habitual, hacia la parte más frágil de la cadena. El Sistema Nacional de Seguridad Pública desempolvó el dato según el cual de los siete mil policías estatales y municipales evaluados en Sinaloa, 3 mil 500 no pasaron el examen de control de confianza.
Resultaría decepcionante si el combate a la impunidad propiciado por el icónico caso de El Chapo desembocara en castigo severo únicamente para unos cuantos gendarmes de esquina y funcionarios policíacos de tercer nivel. Porque no se requieren perversidad ni perspicacia para darse cuenta de que el imperio forjado por este campesino sinaloense precariamente alfabetizado, tiene robustos pilares en las más altas esferas del poder público.
Hasta el punto en que va la película, por efecto del inicial mutismo gubernamental y la cizaña sembrada por el gobierno de Estados Unidos a punta de filtraciones, ya cobraron carta de naturalización inquietantes dudas. Incluso sobre cómo y realmente por quiénes el capo fue reaprehendido. O si este negoció se entrega a la justicia a cambio de lenidad penal y amnistía financiera.
No se entiende –si el león es como lo pintan—cómo El Chapo Guzmán, cuya sagacidad, peligrosidad y supuesta capacidad ofensiva hizo que el Estado demorara ¡13 años! para regresarlo a prisión, fue atrapado en familia, sin oponer ni la más mínima resistencia, como un conejito asustado, sin la faramalla tecnológica ni el ejército de sicarios que dizque lo protegía de día y de noche.
El legendario narco fue detenido en penosas condiciones de desamparo, a pesar de que –a decir de Jesús Murillo Karam y Miguel Osorio Chong— fuerzas federales le pisaban los talones desde días atrás, e incluso horas antes había escapado por un laberinto de túneles entre siete casas y chapaleando luego en las aguas negras del drenaje de Culiacán.
El episodio de la recaptura del jefe del Cártel del Pacífico inició con graves fallas de información. Y sigue en las mismas. No satisface el legítimo interés de los ciudadanos por conocer la verdad.
Recapitulemos. La agencia estadunidense AP dio la noticia del arresto el pasado sábado a las 10 horas, tres horas después de ocurrido el hecho –06:40— en Mazatlán, y en un reconocimiento tácito de la indubitable identidad del capo su nombre y fotografía fueron retirados de la lista de los más buscados por la inefable DEA.
En México, el silencio oficial duró hasta las 13:45 de ese día, cuando —en plena era de la comunicación satelital en tiempo real— el Presidente de la República confirmó la detención ocurrida siete horas antes, y era conocida mundialmente desde las 10 de la mañana gracias a las calculadas infidencias y maldades del gobierno de Barack Obama, interesado en pudrir el caso.
Con el paso de los días nos enteramos por los propios actores que a Osorio Chong el almirante Vidal Francisco Soberón le avisó a las 8:30 horas. Y que el titular de la Segob le comunicó la noticia a su jefe 45 minutos más tarde, a las 09:15, cuando éste “estaba en ropa de deporte porque me iba a correr”.
“Para mí –le diría después el Primer Mandatario a Univisión— fue un despertar muy temprano y enterarme de eso con gran alegría y satisfacción”.
El día siguiente –domingo— de la recaptura, el ambiente informativo fue saturado con rumores, chismes, trascendidos, suposiciones, voladas, filtraciones y toda suerte de conjeturas elevadas a la categoría de género periodístico.
La totalidad de la “información” provino ese día de entidades gringas. Los mexicanos quedamos largamente expuestos a mentiras y verdades a medias o distorsionadas.
Supimos así que en la captura intervinieron agentes de la DEA y de la ICE, que se usaron drones para vigilar al capo; que éste fue sorprendido recostado en su cama tratando de alcanzar un fusil, o mejor, que fue atrapado mientras estaba encerrado en el baño temblando de miedo…
En medio de la desinformación empezó el sainete. Funcionarios y ex funcionarios a quienes en 2001 alcanzaron las sospechas y el descrédito por la fuga, comenzaron a vacunarse.
Con su conocida insolencia Vicente Fox tildó de zonzos a quienes lo señalan como cómplice de la evasión. Felipe Calderón felicitó al gobierno por algo que él fue incapaz de hacer.
Y ex director del Cisen, ex secretario de Seguridad Pública y ex titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, alabó la fortaleza institucional que propició la reaprehensión de El Chapo.
¡Caramba, un poco de pudor no les vendría mal a ciertos personajes!
LAMPARILLA. – Virtudes de la política, la Ley de Consulta Popular recibió luz verde en el Senado sin los jaloneos, la crispación ni el escándalo que se esperaba. Funcionaron la negociación transparente y la apertura y el ánimo democrático de la banca del PRI, que aceptó cambios razonables y procedentes, sin distorsionar el espíritu de la norma. Ni modo de regatearles méritos a Emilio Gamboa Patrón y Raúl Cervantes Andrade, si votaron a favor docena y media de senadores del PRD y hasta el panista Javier Corral. Duro mentís para quienes insisten en el chocante y cotidiano ejercicio de hablar del regreso del viejo PRI…
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Fuente: Crónica.
















