Por: José Fernández Santillán.
Veamos lo que hoy tenemos como panorama político: campañas electorales en las que sobresalen las descalificaciones, los insultos, las revelaciones sensacionalistas, los escándalos. No se busca privilegiar las ideas y las propuestas. Si eso hubiera ocurrido, los ciudadanos podrían distinguir con mejores elementos de juicio, cuáles son los planteamientos que definen y le dan sentido a un instituto político en comparación con los demás.
Podrían confrontar y sopesar el conjunto de valores que definen a cada organización que participa en la contienda electoral así como a los candidatos que ha presentado a los distintos puestos de elección popular que están en juego.
Pero no ha sucedido así: aquí todo ha sido confusión. En los spots se dicen dos o tres cosas insulsas que el público difícilmente alcanza a entender el motivo por el que se lanzaron al aire. Esos mensajes, por repetitivos y vacíos, resultan fastidiosos. Además, se llega a tal nivel de saturación que sobreviene un bloqueo en la percepción.
Lo destacado ha sido la denuncia contra el oponente: desde enriquecimiento inexplicable hasta vínculos con el narcotráfico; desde filtraciones por sostener relaciones extramaritales hasta desvío de fondos públicos al haber desempeñado cargos en la administración pública. El arsenal de causas y recursos es amplio. La guerra sucia ha dominado el panorama muy por encima de lo que deberían ser, propiamente, la competencia electoral democrática; es decir, basadas en ideas y propuestas. El nivel de la discusión, simple y sencillamente, ha estado por los suelos. Y todavía hay quien se regocija con esta pobreza discursiva.
No obstante, estas actitudes son las que han terminado por distanciar a la sociedad frente a los políticos y han provocado el desprestigio de la política frente a la opinión pública. Se intenta alcanzar, afanosamente, los puestos de elección popular para disfrutar el poder y la riqueza que de ellos se desprenden, no para servir a la ciudadanía. A leguas se nota que el incentivo que mueve a actuar a los postulantes es una feroz ambición de poder, no la vocación de ayuda a la comunidad y a representar los intereses de la ciudadanía.
Y esto no deja de ser paradójico sobre todo si se toma en cuenta de dónde venimos: “La transición a la democracia”, no fue fácil: costó mucho trabajo y mucho tiempo. Por lo menos de 1968 a 2000. La idea fue, para señalarlo de una manera gráfica, que pasáramos del verticalismo autoritario a la horizontalidad democrática. O, para decirlo con Hans Kelsen, que las determinaciones ya no fluyeran de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. En pocas palabras: que hubiese una inclusión social en las decisiones políticas y que nuevos actores, es decir, nuevos partidos, pudiesen ser portadores de las voces y los intereses sociales que habían quedado fuera de las instituciones de la República.
Construimos un andamiaje jurídico e institucional para dar forma a esa política democrática: reglas diferentes, nuevos partidos políticos, competencia libre por el voto libre, un árbitro independiente y confiable, equilibrio de poderes, un federalismo más robusto. No obstante, los resultados de ese gran esfuerzo han sido frustrantes. De allí que se hable de la “partidocracia” y de una “clase política” que muchos consideran insensible y arrogante, distanciada de los problemas reales que agobian cotidianamente a la gente de a pie.
La apreciación común es que la clase política se ha enriquecido a expensas de la mayoría de la población. Se trata de un grupo que pese a las diferencias de color partidista, se protege a la hora de rendir cuentes y transparentar sus operaciones: envuelto en la ineficiencia, y la corrupción. De paso, ha degradado la competencia electoral a un torneo de descalificaciones e insultos. De allí la desafección social respecto de la democracia y el malestar ciudadano.
Recurro a lo que Norberto Bobbio llamó, “la lección de los clásicos”: Maquiavelo, maestro de la política, se movió en el cuadro de la previsión-prevención de los problemas sociales. Lo dijo así: “Y pasa con esto como dicen los médicos del tísico: que, al principio de su mal, es fácil de curar y difícil de conocer, pero con el paso del tiempo, al no haber sido conocido ni curado, se vuelve fácil de conocer y difícil de curar. Así pasa en las cosas del Estado; porque, conociendo a distancia (lo que no es dado sino a un prudente—en el sentido clásico de sabio y previsor—) los males que nacen en él, se curan pronto; mas cuando, por no haberlos conocido, se dejan crecer de modo que todos los conozcan, ya no tienen remedio.” (De Principatibus, edición bilingüe, México, Trillas, 1993, p. 71).
Hay que atender, pues, a ese malestar social producto de la distancia que se ha creado entre la ciudadanía y la esfera política. Debemos rescatar el sentido original de la democracia: la inclusión de los ciudadanos en la formación de las decisiones que atañen a la colectividad. Y que esas personas se vean incluidas en los beneficios del desarrollo.
Esta es la mejor forma de recuperar el prestigio social de la política.
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Fuente: Crónica.
















